La última amenaza a la Seguridad Nacional es el anarquismo. Por lo menos así se desprende de las declaraciones del Gobierno y la urgente cobertura de los medios hegemónicos a la detención de 10 personas acusadas de estar detrás de los atentados al mausoleo de Ramón Falcón en el cementerio de la Recoleta y del fallido ataque a la casa del juez federal Claudio Bonadio.

Durante la madrugada la Policía Federal  irrumpió en una casa tomada en la calle Pavón al 2300, en el barrio de San Cristobal, donde fueron detenidos diez hombres y secuestrados caños, bulones y clavos “miguelitos”.

Más tarde, se realizó otro allanamiento, esta vez en Brasil al 1500, donde antes funcionaba la “Escuela Libre de Constitución” de la Federación Libertaria Argentina (FLA). En su página oficial, la institución repudió el operativo e informó que el día 23 de diciembre de 2011 “un grupo de personas usurpó violentamente la casa de la FLA,  cambiando la cerradura e impidiendo hasta el día de hoy todas las actividades de los grupos que venían trabajando”.

En tanto, la ministra de seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, dijo ante la prensa que «hay conexidad» entre los artefactos explosivos arrojados tanto en el cementerio de la Recoleta como en la vivienda del juez Bonadio.

«Son casos de violencia extrema y vamos a ser absolutamente contundentes en la aplicación de la ley. Tanto en el caso de La Recoleta como el del juez Bonadio, tienen absoluta conexidad por ser personas del mismo tipo de orientación: todos anarquistas, todos viviendo en el mismo lugar», detalló.

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Por otra parte, el secretario de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, afirmó: «En estos casos nada es casualidad o coincidencia en la víspera del G-20. Sin lugar a duda tiene vinculación con eso».

El día anterior, el funcionario había opinado durante una entrevista con radio La Red que el atentado en Recoleta “está más ligado al aniversario de la muerte de Ramón Falcón» y que «tenía que ver más con eso que con la situación del G-20».

El giro de D’Alessandro es conveniente si se busca justificar el desmesurado operativo de seguridad para la cumbre del G20 que bloqueará 12 kilómetros de la Ciudad y suspenderá trenes, subtes y vuelos de aviones desde el jueves 29 noviembre al domingo 2 de diciembre.

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La secuencia de hechos –algunos informados de manera sospechosamente escueta– que las autoridades nacionales usan para probar el peligro potencial que sobrevuela en Buenos Aires comenzó cuando un piloto interfirió las comunicaciones del Aeroparque, siguió con el aviso de Londres sobre posibles atentados en Argentina y la detención, casi en simultáneo de dos hombres acusados de estar vinculados a grupos terroristas y culminó el miércoles con la explosión en el mausoleo del coronel Ramón Falcón (donde la única herida resultó la presunta autora del atentado), y el ataque a la fachada de la casa del juez.

Según la versión de algunos medios, los anarquistas que estarían detrás de los últimos ataques pertenecerían a una agrupación conocida como “Los Obelos”, caracterizados más por su pertenencia lumpen que por su organización para cometer, como dijo la ministra, “actos de extrema violencia”.