La abogada Valeria Carreras amplió la denuncia penal contra el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, a raíz de la sumatoria de muertes por coronavirus consideradas «evitables» de miembros de la comunidad educativa en el distrito en el marco de la presencialidad que se sostuvo pese a la norma nacional que disponía que las clases debían desarrollarse a distancia en las zonas de alarma epidemiológica y sanitaria.

Fuentes judiciales consignaron este martes que la letrada expuso verbalmente ante la fiscal Paloma Ochoa y presentó un nuevo escrito en el que incorporó un listado de más de 20 docentes y no docentes que fallecieron desde el dictado del DNU presidencial que buscó limitar la presencialidad en las escuelas y que no fue acatado por la Ciudad.

«Nuevamente, y como consecuencia de la obstinada presencialidad escolar motorizada por Larreta y avalada por los cuatro miembros de la Corte Suprema, vengo a agregar más y más personal de la comunidad educativa», sostuvo la abogada en el texto que apunta también a los jueces que fallaron en favor de un planteo de Larreta.

«Es prueba de la velocidad de contagios que desoyó el denunciado Larreta, que no he podido informar la totalidad de fallecidos que se dan día a día entre docentes y no docentes», agregó.

Solicitó, además, que «para probar el actuar negligente» del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se requieran los reportes diarios de contagiados (Covid19 positivo) de la Ciudad de Buenos Aires desde el día 18-04-2021 a la fecha.

«Con dichos valores se dejará probado ante la instrucción, que en pleno segundo brote, y precolapso del sistema sanitario, el Decreto 241/2021 dictado por el Presidente de la Nación en emergencia sanitaria innegable y pública, restringió varias actividades, una de ellas fue la presencialidad de clases en todos los niveles, pero no fue acatado por el denunciado, tampoco fue merituado ni se asesoraron con el cuerpo médico forense los codenunciados», sostuvo.

En la anterior ampliación de denuncia, la abogada había pedido investigar a los miembros de la Corte Suprema de Justicia Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti a raíz del fallo del máximo tribunal que avaló la autonomía porteña para definir la modalidad en la que debían desarrollarse las clases en el marco de la pandemia.

La denunciante también comparó las acciones llevadas a cabo por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que acató el DNU 241, y contrató los resultados con lo ocurrido en la Ciudad donde Larreta desoyó el decreto presidencial.