El pasado viernes 15 de noviembre, Ramón Leguizamón, integrante de la Comisión de Derechos Humanos de Corrientes y querellante en causas vinculadas al terrorismo de Estado, presentó un amparo ante el Juzgado Federal de Corrientes. Acompañado por los abogados Daniel Domínguez Henain y Sofía Domínguez, la medida busca declarar inconstitucional el artículo 1° del Decreto 950/2024, emitido por el Poder Ejecutivo Nacional, que propone la venta del predio del ex Regimiento de Infantería N° 9. Este espacio, que forma parte de la Red Federal de Sitios de Memoria, alberga actualmente el Espacio de Memoria «El Galpón».
El avance de esta decisión representa una amenaza directa a la preservación de la memoria histórica y los derechos humanos. Como señala la presentación judicial, el decreto no solo desconoce los derechos consagrados en la Ley Nacional 26.691 y en tratados internacionales, sino que pone en riesgo el trabajo realizado por organismos como Abuelas y Madres de Plaza de Mayo. Estos espacios son pilares para mantener viva la memoria colectiva y prevenir la repetición de las atrocidades del pasado.
Un retroceso simbólico y político
Esta medida se enmarca en un contexto de creciente negacionismo. Rocío Miño, integrante regional de HIJOS Corrientes, señala que «este decreto legitima un discurso de reivindicación del accionar represivo, algo que creíamos superado como sociedad». Para los organismos de derechos humanos, la propuesta no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia para desmantelar las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, bloqueando también la búsqueda de los nietos y nietas que aún faltan recuperar.
En este sentido, Miño advierte sobre el impacto del gobierno de Javier Milei, que «pretende imponer un modelo de país en el que se borran las huellas de nuestro pasado reciente». Frente a esta avanzada, la respuesta es clara: «Debemos reorganizarnos y fortalecernos, no solo entre compañeros y compañeras, sino también junto a toda la comunidad».
Negocios sobre la memoria
La ubicación estratégica del ex Regimiento de Infantería N° 9, a la entrada de la ciudad de Corrientes, ha despertado interés en sectores inmobiliarios desde hace años. Según Miño, «este intento de desafectar el terreno responde a intereses económicos, utilizando el negacionismo como herramienta para justificar su venta».
Pero este espacio no es solo un terreno; es un lugar de resistencia. Durante la última dictadura, el Regimiento fue un centro clandestino de detención y tortura, donde se violaron derechos humanos de manera sistemática. «Eliminar este lugar sería borrar una página dolorosa, pero fundamental, de nuestra historia», afirma la querella.
El legado no se vende
El amparo presentado retoma conflictos anteriores, como el intento fallido de vender el predio en 2019 durante la gestión de Mauricio Macri. Desde entonces, el sitio se ha consolidado como símbolo de lucha y memoria, con actividades destinadas a la promoción de los derechos humanos. Su importancia trasciende lo local: es un recordatorio de las atrocidades cometidas y una herramienta pedagógica para las nuevas generaciones.
Permitir la enajenación de este espacio sería más que un retroceso jurídico; sería una derrota moral y política para quienes defienden la Memoria, Verdad y Justicia. La comunidad y los organismos de derechos humanos se plantan ante este desafío, reafirmando que la memoria no se negocia ni se abandona. En esta lucha, cada espacio preservado es una bandera en alto, un compromiso con la verdad y un grito contra la impunidad.
