Amnistía Internacional se mostró preocupada por la situación en las cárceles de Argentina, en el contexto de la pandemia. En un comunicado, el organismo internacional destacó que la sobrepoblación y el hacinamiento en los lugares de encierro no es un hecho nuevo en el país, pero sí que la problemática se agravaba ante la emergencia del COVID-19. Por estas razones, Amnistía presentó hoy dos pedidos de acceso a la información pública ante las secretarías de Derechos Humanos y la de Justicia de la Nación para poder dar cuenta de las intervenciones que están llevando adelante en este sentido.

Desde Amnistía recordaron que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación por la situación de las personas privadas de su libertad en el actual contexto de pandemia y urgió a los Estados de la región a que evalúen de manera prioritaria la posibilidad de otorgar medidas alternativas para personas privadas de libertad consideradas en grupo de riesgo como personas mayores, personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas o con niños a su cargo y para quienes están prontas a cumplir condena.

“A la ya de por sí compleja y alarmante situación de sobrepoblación y el hacinamiento vigente en las cárceles argentinas, se suma ahora la emergencia sanitaria y, con ello, la necesidad de articular una respuesta coordinada que permita garantizar las condiciones higiénicas y de salud necesarias, además de medidas de distanciamiento y aislamiento para prevenir la propagación del virus. Un tema que nos preocupa y ocupa a nivel local, regional y global”, declaró Mariela Belski, directora de Amnistía Internacional Argentina.

Cabe recordar que solo entre 2015 y 2017, de acuerdo a información de la Procuración Penitenciaria, la población privada de su libertad en el país creció un 23%. Al 20 de abril de 2019, en el sistema penitenciario federal se encontraban detenidas 14.157 personas, excediendo en más de un 15% la capacidad.

“Debido a esta situación de sobrepoblación, el Ministerio de Justicia de la Nación tuvo que declarar en marzo de 2019 la emergencia penitenciaria por 3 años. Además creó la Comisión de Emergencia en Materia Penitenciaria, bajo la órbita de la Secretaría de Justicia, a quien también fue dirigido el pedido de acceso a la información”, destacaron en el comunicado.

Así las cosas, Amnistía solicitó al ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, del cual dependen las dos áreas mencionadas, “saber si se están llevando adelante acciones de coordinación con el sistema de justicia, el Servicio Penitenciario Federal y otros organismos involucrados”; “conocer las denuncias y pedidos de intervención recibidas por las Secretarías de Justicia y la de Derechos Humanos de parte de personas privadas de su libertad”; e “indagar sobre las intervenciones de ambas Secretarías en función de dichas solicitudes”.