El centro geográfico de la Patagonia tiene dos notables espejos de agua. El lago Colhue Huapi, que vive un severo drama de extinción, formación de médanos y voladura de arena por la desertificación, el Musters, de gran importancia socioeconómica, que podría correr la misma suerte.
La cuenca del Senguer incluye al río homónimo, que nace en la Cordillera. Antes de aportar agua a los lagos, parte de su caudal se desvía a un área agrícola de 42 mil hectáreas. Cuando desemboca en el Musters, el manejo hídrico se complejiza: un acueducto de más de 50 años extrae alrededor de 165 mil metros cúbicos de agua que abastecen a 400 mil habitantes de tres ciudades chubutenses (Comodoro Rivadavia, Sarmiento y Rada Tilly) y la santacruceña Caleta Olivia. También allí abreva Pan American Energy, la principal empresa hidrocarburífera privada que opera en el país.
A pesar de su cercanía, estos lagos son de naturaleza muy diversa. El Colhue Huapi posee una gran extensión lacustre pero su lecho gredoso tiene apenas un metro de profundidad promedio. En cambio, el Musters tiene una profundidad de 40 metros, es cristalino y, además de aportar agua potable, es valioso por las actividades recreativas, la pesca artesanal y el entorno natural.
Ha habido campañas de racionalidad para el uso del recurso, pero sobre todo apuntadas al consumo domiciliario. Una medida que parece desproporcionada y no muy humanitaria, si se considera que mientras se analiza controlar si los habitantes se toman una ducha en cinco o en 20 minutos, las petroleras siguen inyectando agua potable en pozos agotados para sacar hasta el último centímetro cúbico de crudo, con deficientes controles por parte del estado provincial o con la connivencia de la cooperativa que gestiona el acueducto.
Pan American Energy sostiene que no utiliza agua para la técnica de recuperación secundaria y que sólo capta el 0,65% de capacidad del acueducto. Pero el contrato por el que opera en la región está plagado de grises legales y acuerdos de confidencialidad, y los números que entrega la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) prestataria del servicio de agua potable respecto de la cantidad de agua que efectivamente utiliza la petrolera, son desde hace años objeto de suspìcacias.
SCPL se compromete a darle un mínimo de 650 y un máximo de 2000 metros cúbicos diarios de agua, pero se reserva el derecho de «reprogramar» la cifra de «común acuerdo» y con permiso de la «autoridad competente», el Instituto Provincial del Agua de Chubut, que en los hechos carece de acceso diario al manejo del acueducto. Es controversial, también, que la cooperativa se comprometa a no interrumpir el servicio de agua potable a los yacimientos bajo ningún motivo, ponderando la extracción de crudo por encima del derecho de las personas.
El punto de mayor intranquilidad es el artículo 11 del contrato, que prevé manejar con «absoluta y estricta confidencialidad» toda información vinculada a las operaciones de la empresa, que las partes reconocen como «esencial para sus negocios y que podrían sufrir un daño irreparable en caso de divulgación».
No obstante, el Estado no sólo parece tener las manos atadas para el control de un recurso natural elemental; tampoco tendría la capacidad técnica ni la voluntad para oponerse a las poderosas compañías. En 2015, el titular del IPA quiso saber cuántos metros cúbicos usa la petrolera y para qué, sin suerte.
Mientras tanto, cada vez que baja el nivel de reservas de agua potable, las poblaciones deben soportar cortes programados, que desde 2014 se incrementaron en un 600 por ciento. Desde el gobierno provincial aseguran que la nueva obra del acueducto será la solución, pero la problemática de los lagos por ahora no tiene respuesta.
