Rocío Álvarez es un ejemplo de cómo inciden decisiones gubernamentales en la cotidianeidad de una persona: aumento de tarifas de los servicios y los transportes, inflación, desregulación del mercado laboral y, desde este mes, la quita de la beca del Progresar. No existe el dato oficial y actualizado de ANSES, incluso desde el gobierno lo niegan, pero en las universidades y dependencias consultadas coinciden en que alrededor de un 70% no cobró este mes el Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos, un recorte anunciado para una prestación que este año aún recibía medio millón de jóvenes estudiantes de bajos recursos.

Rocío cursa la licenciatura en Trabajo Social en la Universidad Nacional de Lanús. Vive en Almirante Brown con su hermana, comparten gastos y los 6000 pesos que cobra en su trabajo no le alcanzan. Son la primera generación universitaria de la familia. Ayer cumplió 23, sin haber cobrado el Progresar que recibía desde 2014. «Siempre fue de gran ayuda. Solo en colectivos se me van casi 30 pesos por día», relata a Tiempo. En 2016 la habían dado de baja porque decían que no había cumplido el mínimo de dos materias, aunque estaba cursando diez. Pudo reincorporarse. Ahora volvió el corte: «Me las arreglo como puedo, leyendo libros en pdf, pidiendo apuntes. Y ayudada por una beca que da la UNLa. Pero se complica. En 2014 estaba en una situación económica crítica y, si no hubiese sido por el beneficio, dejaba la carrera. De hecho, la estoy terminando gracias al Progresar».

Implementado en 2014, el programa consiste en una ayuda económica para alumnos de entre 18 y 24 años con ingresos familiares menores a tres salarios mínimos, en cualquier nivel educativo, incluyendo capacitaciones aprobadas por el Ministerio de Trabajo. De los $ 900 mensuales, se pagan $ 720. El resto se devuelve retroactivo una vez al año cuando se acredita la cursada. Ha tenido un devenir tortuoso desde la asunción de Cambiemos. A mediados del año pasado también hubo una baja masiva, atribuida a un «error administrativo», que obligó a que miles debieran volver a inscribirse. Esta demora burocrática tardó hasta tres meses en efectivizarse. Al cabo del proceso, el Estado «se ahorró» pagar 132 millones y los beneficiarios pasaron de ser 904.950 en diciembre de 2015 a 558.406 en marzo de este año. Es un ajuste anunciado: ya en el Presupuesto 2017 el gobierno nacional rebajó un 31,4% los fondos destinado al Progresar. La principal damnificada fue la provincia de Buenos Aires, especialmente las universidades del Conurbano, donde los números bajan hasta un 200 por ciento. Sin contar que, a pesar de la inflación, el monto nominal para los beneficiarios no se actualiza desde 2015.

La modalidad del recorte es similar a la de las pensiones por discapacidad o los descuentos por paro a docentes bonaerenses: se produce una afectación masiva de manera aleatoria. Quienes se acerquen a reclamar quizás lo resuelvan, o se eternizarán en el trámite. El principal justificativo que esgrimen en ANSES es que el joven «no aprobó el mínimo de materias requeridas». Y lo mandan de vuelta con un formulario que debe ser aprobado por la institución educativa.

Los damnificados son sobre todo sectores terciarios y universitarios. Solo en la UNLa ya hay 500 bajas. «Solo esta semana atendí 50. Y lo perverso es que estamos ciegos en cuanto a data. No hay interlocutor», cuenta Santiago Hernández, de la Dirección de Bienestar Universitario de la casa de altos estudios de Lanús. «