El ascensor es el segundo transporte más usado en la zona metropolitana después del auto, y sin embargo su seguridad y prevención suelen ser invisibles a los ojos de los usuarios. En Capital se puede conocer el estado de apenas el 67% de los elevadores disponibles, y en estos últimos meses la falta de control recrudeció: hubo dos siniestros fatales y a fin de año el oficialismo aprobó en la Legislatura porteña efectuar revisiones más espaciadas, para abaratar los costos de las expensas. Los especialistas alertan que los deben inspeccionar técnicos idóneos, y los temores crecen: en lo que va de 2019 ya hubo más de 140 denuncias por fallas, que derivaron en más de diez clausuras.

Más de seis millones de personas utilizan el ascensor entre Capital y Gran Buenos Aires, y en todo el país la suma asciende a 9.500.000. Los aparatos realizan 48 millones de viajes por día, y con el auge de la construcción en altura su presencia va en aumento. En la Ciudad de Buenos Aires, según datos de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), hay 85 mil equipos instalados, un 22% más que en 2015. Pero de ese número, sólo 57.600 cuentan con libro digital iniciado, disponible para que los usuarios conozcan el estado del ascensor.

Dos hechos trágicos acrecentaron el temor. El primero fue a fines de octubre, cuando Zoe Rocío, una adolescente de 16 años, murió al caer por el hueco de un ascensor, en el barrio de Belgrano. La causa quedó caratulada como «muerte dudosa». Los estudios preliminares a cargo de los peritos de la división de Siniestros determinaron que los mecanismos de apertura de las puertas de los elevadores fallaban en forma ocasional.

El 28 de enero se sumó el fallecimiento de una beba de dos meses, en San Telmo, a causa de una falla en uno de los ascensores del edificio. La madre la llevaba en un cochecito mientras iban a tomar el ascensor en el 8° piso, cuando lo llaman desde la planta baja. En ese momento se accionó con puertas abiertas y el movimiento aprisionó a la beba entre el techo del ascensor y el piso.

En el medio de los dos hechos trágicos ocurrió lo que tal vez más alarma trajo a los consorcios y especialistas: la aprobación de modificaciones en el Código de Edificación porteño, impulsada por el macrismo, para “abaratar los costos de las expensas». Entre los cambios se estipuló espaciar los controles en ascensores más actuales, y acrecentarlos en los más antiguos, al igual que en tanques y calderas de cada inmueble. Fue el sindicato de porteros y trabajadores de edificios el que primero salió a criticar la medida: «Los controles espaciados atentan contra la seguridad de los que viven en el edificio. Prefieren bajar costo a tener un lugar más seguro, pero eso debe ser una decisión de cada consorcio». En el caso de los tanques de agua el Ejecutivo limpiará sólo aquellos que tengan resultado negativo en análisis de laboratorio. No se harán controles preventivos.

La decisión del larretismo convalida en la norma lo que sucede en la práctica: la Ciudad carece de la cantidad de inspectores necesarios para evaluar cada ascensor situado en territorio porteño. Uno de cada cuatro no llega a ser nunca visto por un oficial. A partir de 2014 la AGC implementó un libro digital de inspecciones como parte del sistema de «Ascensores Registrados». Cada elevador tiene un número de sistema y la información contenida en él puede ser visualizada por los distintos usuarios. Actualmente, por ejemplo, figuran como «no recomendados» los ascensores del Cementerio de Chacarita y de la Dirección General de Infracciones.

«El código está mal enfocado en lo que respecta a ascensores, es muy general y no tiene precisiones sobre normas y controles de seguridad», apuntó el ingeniero Ernesto Espoille, miembro de la Cámara de Ascensores y Afines (CAA) y presidente de una compañía multinacional, durante la audiencia pública de noviembre.

La situación generó la crítica de las cámaras del sector, que enviaron una carta al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, donde aseguran que la medida «no sólo es un despropósito, sino es atentar directamente contra la seguridad del usuario y contra el patrimonio del consorcio».

En la Federación de Asociaciones y Cámaras de Ascensores de la República Argentina (Facara) enfatizan que muchas de las tareas de mantenimiento son mensuales y deben realizarse en todos los equipos, independientemente de la antigüedad. Es el caso de la limpieza del bajo recorrido y el techo de la cabina, para evitar incendios si el aceite de lubricación se mezcla con los residuos. Afirman que a nivel mundial los elevadores son controlados mensualmente, y que con este «ahorro» de las revisaciones espaciadas, las expensas bajarían apenas un 0,8%, como máximo.

Según Facara, la mitad de los accidentes de ascensores se debe a «anomalías en el mantenimiento del equipo», que involucran deficiencias en el sistema de seguridad y fallas de la instalación eléctrica. «La forma en la que se elaboró la nueva legislación sobre el código de edificación dejó en evidencia un vacío legal muy grande en la seguridad del usuario –sostuvo el ingeniero Norberto Rinaldi, miembro del Comité Permanente de Seguridad de Facara–. Confiamos en que el sector del transporte vertical va a seguir orientado a avalar la seguridad con un criterio racional, que ya venían manejando y aplicando, aunque no se lo exija la nueva legislación».

Agregó que a través de Facara pudieron reunirse con el Gobierno de la Ciudad para presentarle sus inquietudes y sugerencias, «las cuales están siendo estudiadas para tenerlas en cuenta y cambiar ciertos ítems». En estas horas se espera que la Ciudad reglamente las especificidades técnicas del nuevo Código, aunque Rinaldi aclaró: «Todavía no tenemos la certeza, pero esperamos que esos cambios se vayan a contemplar». «

Desconocimiento y antecedentes que alertan

Actualmente no existe una ley nacional que reglamente la instalación y conservación de los elevadores, por lo que cada provincia o municipio debe regularlo. Pero gran parte de los consorcios desconocen las normativas. También suelen ignorar si hay servicios técnicos que funcionen las 24 horas, o el número telefónico para llamar frente a una emergencia. Menos recurrentes aún son las entregas de informes periódicos sobre el estado de los ascensores por parte de las firmas encargadas. Desde la Federación de Asociaciones y Cámaras de Ascensores de la República Argentina (FACARA) apuntaron que los dos hechos fatales de estos meses fueron los difundidos por los medios, pero que hay «muchos otros que no llegaron a tener la misma repercusión». Sólo en 2018 hubo unos 125 accidentes con ascensores, 24 llegaron a causas judiciales. En 2017 ocurrieron seis muertes. Uno de los de más gravedad de ese año sucedió en octubre, cuando se cayó un ascensor del Edificio Río de la Plata, en Paseo Colón 275, que dejó siete heridos. Ninguno de los elevadores estaba registrado.

Sin normas IRAM

Un dato grave mencionado por Facara es que las autoridades porteñas descartaron el cumplimiento de las normas internacionales e IRAM (nacionales) porque consideran que no serían aplicables. «Cabe destacar que las normas IRAM están extraídas directamente de las normas europeas que se aplican en todo el mundo –indican en la Federación–. El argumento que aducen es ‘que estamos en Argentina, y no podemos aplicar normas del primer mundo’, desde la Facara consideramos que no es válida esta explicación porque la base de estas normas se cumple hoy en día en países como Alemania, Katmandú, Congo, Brasil y, hasta ahora, Argentina, y muchos equipos de transporte vertical de la Argentina utilizan tecnología de punta de nivel mundial».
Norberto Rinaldi, miembro de Facara, acota: «Estamos pendientes y trabajamos sobre las normas IRAM, que eliminan muchos problemas y permiten un marco seguro de maniobra».