Su vida está marcada por la militancia. Desde adolescente comenzó a dar la pelea para que se reconozcan sus derechos como persona trans, esa lucha la trasladó luego a los diferentes colectivos y pronto se convirtió en una referente de la comunidad. El año pasado luego de trabajar durante más de diez años en el Inadi, es la primera subsecretaria de Políticas de Diversidad de la Nación dentro del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Además, es la primera persona trans en ocupar un cargo en el Poder Ejecutivo de la argentina. “Llegar aquí es una enorme responsabilidad. Es un momento histórico y tengo la responsabilidad del inicio de un movimiento que se espera continúe a lo largo de los años. Y consiste en traducir demadas sociales en políticas públicas”, dice Alba al Tiempo Argentino.
Alba también presidió Mujeres Trans Argentina, es investigadora del Departamento de Género y Comunicaciones del Centro de la Cooperación Floreal Gorini, fue parte del equipo del Observatorio de Género en la Justicia de la Ciudad, y fundó Noti Trans, el primer magazine trans del país.
Este domingo en el Día del Orgullo LGBT, Alba presentará una de las acciones que se realizarán para esta fecha junto a otras referentes y militantes del colectivo. Se trata de la mesa “Basta de travesticidios y transfemicidios. Diálogos en torno a la agenda de política pública que proteja la vida trans” donde participarán Claudia Vázquez Haro, Florencia Guimaraes, Marcela Romero, Alma Fernández y Say Sacayán y se realizará a las 19 por Zoom.
-Cómo se encuentra el colectivo LGBT en esta jornada y dentro de este contexto
– Es un colectivo que fue robusteciéndose a lo largo de los años y este 28 de junio nos encuentra como grupo poblacional con planteos más sólidos y más firmes. Que exista el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad es una respuesta política a demandas históricas de los sectores y de las organizaciones LGBT y es el resultado tanto de la participación activa de los movimientos en estas demandas, que muestra la necesidad de un planteo de políticas públicas. En cuanto a la cuarentena, la pandemia ha expuesto muchos de los planteos que venían haciendo las organizaciones, les activistas y las personas LGBT mostrando la cara de la desigualdad. Una denuncia pública, un reclamo histórico y es que la violencia estructura la vida de las personas trans. En este último tiempo, se vio una enorme emergencia que se hizo explícita por las cadenas de violencia históricas. Por supuesto, para nosotras esto significa dar una respuesta inmediata para lo que son las demandas alimentarias, amenazas de desalojos, la violencia institucional para encarar una participación activa del ministerio frente a las situaciones de desigualdad y además, constituir una agenda política teniendo en cuenta estos indicadores. Trabajar en políticas públicas con esas demandas es modificar estas lógicas con la que el Estado interpreta qué es la pobreza, cuáles son las representaciones y cuales las poblaciones más vulneradas. E incorporar la perspectiva de género y puntualmente que modifique o se modifiquen esas políticas públicas considerando los desarrollos de las organizaciones sociales y a las personas que están involucradas en esa enorme desigualdad. Y es un efecto en cadena. Nosotras vimos cómo se explicitaba esa cadena de violencias, personas inmunosuprimidas que no tenían ingresos y que se vieron ante la demanda del hambre. Son aspectos de una realidad muy compleja que necesita políticas públicas trasversales.
-Desde el ministerio ¿cómo se planteó el trabajo teniendo en cuenta que son tantos frentes?
-Hay decisiones a corto plazo donde se trabaja territorialmente con las organizaciones, con las personas que reclamaban una respuesta pragmática muy concreta ante alguien que dice “necesito comida”. Y por otro lado, repensar las políticas públicas y tener una creatividad respecto a la integralidad de derechos y vulneraciones, y la transversalidad. Son dos conceptos fundamentales para salir de la violencia estructural. Después pensar la violencia estructural, esta cadena que termina con la muerte temprana de muchas personas de hecho los promedios de vida todavía sigue siendo de 40 años, esto implica generar políticas públicas que tenga como condición primera la protección de los derechos pero por otro lado, hay algo también que es el quid de la cuestión y es pensar concretamente los cambios sociales y culturales que se tienen que dar. Estoy convencida de que la respuesta tiene que ser una modificación cultural, tanto en las políticas públicas como también de nuestra sociedad con respecto a la sensibilidad de lo que significa inclusión y violencia hacia las personas trans. Está tan naturalizada la violencia, la expectativa de vida que personas trans no tengan recursos que históricamente las políticas públicas fueron indiferentes a nuestras demandas. Hoy hay que hacer una transformación cultural muy profunda. Hay que pensar que las sociedades diversas son las respuestas para nuestras democracias latinoamericanas, para nuestra democracia en la Argentina.
-Hay otro punto urgente y es la ley de cupos, ¿cómo acompañan este pedido?
-Hay distintos tipos de responsabilidad y encuadres para la situación. Una es impulsar políticas públicas que tengan que ver con la inclusión laboral de las personas travestis y trans y eso debe ser un ejercicio, tener un marco normativo es muy importante, por eso estamos debatiendo a nivel nacional y tanto en el Congreso de la Nación. Pero no basta con la normativa, es sólo un aspecto de la política pública, el otro es un ejercicio concreto y real que implica un cambio cultural. Que tengamos compañeras y compañeros trans que estén trabajando y atendiendo en hospitales públicos, que estén en las escuelas, en todas partes. Es un compromiso sobre las condiciones de vida de las personas trans y son aspectos fundamentales para pensar el ejercicio del derecho al empleo en una población trans, una oportunidad que la sociedad le quitó a toda nuestra población de manera explícita a través de estigmatizaciones, de expulsión de los hogares de compañeras, la falta de respuesta de las instituciones, en el acoso a niñes LGBT en las escuelas, la falta de acceso a la salud y la falta de políticas de prevención.
-¿Por dónde empieza ese cambio cultural?
-Es importante la promoción de los derechos, por eso es tan fundamental la visibilidad LGBT, en esta fecha. Tiene que ver con pensar esta visibilidad dentro de nuestras acciones, de nuestra cultura, de nuestras sociedades, de nuestras familias, de nuestros espacios y de nuestas instituciones. El compromiso por situar ese orgullo es un concepto vacío si no se toma la textura de nuestra sociedad. Por ejemplo, hay personas LGBT dentro de los pueblos originarios, dentro de los ámbitos de cultura donde efectivamente las intersecciones del feminismo saben describir perfectamente. Hay variables de clase, de género, de etnias que atraviesa la sociedad y que constituyen espacios de profunda desigualdad. Entonces cómo pensar la visibilidad y bueno, pensarla dentro de los movimientos en los que tenemos que participar principalmente estos. Un cambio que tenga que ver con la cultura significa situar este orgullo dentro de lo que son las personas reales en los recorridos auténticos de nuestro país. La consigna es un modo de expresión de ese orgullo traducido en un reclamo por “paren de matarnos”. Y esto ocurre en la Argentina los 28 de junio hace cinco años a partir del terrible travesticidio de nuestra compañera Diana Sacayán.
–Otro tema clave, es la violencia institucional policial, ¿cómo se aborda?
–Hay que tener en cuenta que la violencia institucional son prácticas que genera en el Estado. La responsabilidad que tiene que ver con el ejercicio de la política pública y cómo los gobiernos se constituyen a partir de esas prácticas, esa violencia tiene mandatos y mensajes que han formado a estas personas. Una de ellas es el protocolo Bullrich para la detención a las personas LGBT que fue altamente cuestionado y nosotras hemos reemplazado en el primer mes de trabajo. Es decir, las fuerzas de seguridad son responsabilidad de las políticas públicas y en los últimos años esas políticas tuvieron determinados mensajes que fortalecieron esos prejuicios. Nuestro compromiso es modificarla con prácticas claras de formación y capacitación pero también con un seguimiento concreto. Por otro lado, rescatar que la violencia institucional no se agota en el abuso policial, y que las organizaciones travestis y trans han señalado muchas situaciones de violencia en otras instituciones del Estado. Una es en el ámbito de la salud y la expulsión de las personas trans dentro de esos ámbitos, por ejemplo los tratos discriminatorios, vinculados a los modelos de salud. El binarismo heterosexual generó prácticas institucionalizadas como por ejemplo sala de hombres y salas de mujeres que justamente no representan la identidad de todas las personas ni siquiera hay una intención de modificar esos espacios.
