Amnistía Internacional reportó hoy que al menos 3.000 trabajadores de la salud murieron en el mundo a causa de la pandemia de coronavirus, una cifra «probablemente subestimada», y advirtió que “los gobiernos deben rendir cuentas por los decesos de los que no protegieron». El informe está centrado en la tasa de mortalidad de los trabajadores de la salud en 79 países.
Según el estudio, los países que presentan el número más elevado de fallecimientos documentados de personal sanitario hasta la fecha son Rusia (545), Estados Unidos (507), Reino Unido (540, incluidos 262 profesionales del servicio social), Brasil (351), México (248), Italia (188), Egipto (111), Irán (91), Ecuador (84) y España (63).
Los trabajadores sanitarios informaron, por su parte, sobre “una grave escasez de equipos de protección personal en casi todos los países estudiados en el informe. Esto incluye territorios que aún atraviesan lo peor de la pandemia como India, Brasil y varios lugares de África”, añade el reporte.
A nivel global, muchos trabajadores sanitarios denunciaron problemas para acceder a una remuneración e indemnización adecuadas, y cuando intentaron expresar los motivos de su preocupación fueron objeto de represalias por parte de los gobiernos de sus países y las entidades empleadoras.
También se denunciaron casos en los que trabajadores de la salud y de servicios esenciales sufrieron estigma y violencia debido a su trabajo. Y ejemplificaron un caso en México, donde una enfermera fue bañada en cloro mientras caminaba por la calle; y otro en Filipinas en el que los agresores vertieron lavandina en la cara de un trabajador del servicio público de un hospital. En otras ocasiones, estos trabajadores, según el reporte de Amnistía Internacional, sufrieron “actos de violencia y fueron estigmatizadas”.
En al menos diez países (incluyendo Argentina) se recibieron informes de trabajadores y trabajadoras de la salud que fueron desalojados de su vivienda, sufrieron intentos de desalojo, tuvieron dificultades para encontrar un lugar donde vivir o fueron estigmatizados en el lugar donde residen.
“Los derechos humanos del personal sanitario y trabajadores esenciales deben estar protegidos en sus lugares de trabajo. Cuando estas personas no están seguras, toda la sociedad paga el precio”, dijo Mariela Belski, directora de Amnistía internacional Argentina.
