Fue una pésima novedad: el primer movimiento desde 2009 en la causa que el estado de Texas abrió contra Víctor Hugo Saldaño –cordobés, 43 años, condenado a morir por asesinar a un hombre en 1995– fue el rechazo al habeas corpus de un tribunal federal de ese país, un recurso interpuesto para postergar por enésima vez la ejecución y confiar en un perdón providencial. La justicia de Estados Unidos, entonces, está en condiciones técnicas de fechar la ejecución de Saldaño, quien, como nunca antes, se enfrenta a una muerte inminente.

«El proceso se agotó. Ya no hay otro trámite legal y la sentencia puede ejecutarse si ellos lo disponen. Siempre hubo apelaciones, pero ahora parece que quedan menos posibilidades», dice Lidia Guerrero, la madre de Víctor, la mujer que viajó hasta Roma –dos veces– para pedirle al Papa Francisco que se involucre y lleve adelante alguna gestión que impida en este caso esa costumbre texana del ojo por ojo.

Lidia se enteró esta semana, pero el rechazo al habeas corpus ocurrió el pasado lunes 18 de julio. El recurso planteaba que «la declinación del estado mental (de Saldaño) durante los años en el corredor de la muerte hizo que sea inconstitucional tanto juzgarlo como condenarlo a la pena capital».

El primero en ser notificado fue el profesor de leyes y asesor de la defensa Jonathan Miller. «No lo esperábamos. Vino de parte de un juez nuevo que sólo había tenido el caso durante dos meses. El anterior tenía un status senior, que le permitía tomar menos casos, pero por motivos que desconozco decidió pasar el expediente de Saldaño a este juez nuevo. Se trata del primer movimiento importante en la causa en más de seis años.»

Miller es estadounidense y sigue el proceso de cerca, pero estos días está en la Argentina realizando investigaciones. Aunque prefiere la cautela por tratarse de una noticia sensible, acepta que «la situación es más difícil ahora que antes».

«Probablemente –continúa– vamos a presentar un pedido para que el juez reconsidere su decisión. Tenemos 28 días para plantearlo. También existe la posibilidad de presentarnos ante el Quinto Circuito de Apelaciones (el equivalente a la Cámara en la justicia argentina) y un eventual pedido ante la Corte Suprema para que tome el caso, así que todavía hay esperanzas.»
Otro de los involucrados en la defensa de Saldaño, el abogado cordobés Juan Carlos Vega, apoderado del condenado y de su madre ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), no es tan optimista. Vega afirma que «en cuatro o cinco meses el estado de Texas podría fijar la fecha de la ejecución para cumplir con una ilegal condena de muerte».

Vega sabe que el tiempo no juega a favor y por eso se apuró en redactar un escrito dirigido a la secretaria ejecutiva adjunta de la CIDH, Elizabeth Mershed, y a la canciller Susana Malcorra, pidiendo que el organismo elabore un informe condenando a los Estados Unidos «de manera urgente por las violaciones a la Declaración Americana de parte del estado denunciado. En especial, por la discriminación racial en el sistema judicial americano».

Los funcionarios argentinos que intervienen en el caso Saldaño están obligados a agotar todas las instancias. Sin embargo, una fuente con experiencia en litigios internacionales reconoce que «al estado de Texas, una resolución de la CIDH no le mueve ni un pelo».

«La esperanza –agrega el vocero– era que el habeas siguiera sin resolverse hasta que cambiara la composición de la Corte, siempre pensando que no gane Trump, pero con el rechazo se inicia un período de apelaciones que difícilmente prosperen. La conclusión: hay altas chances de que lo ejecuten.»

Cuestión de fe

El 25 de noviembre de 1995, Saldaño, por entonces de 23 años, y su amigo mexicano Jorge Chávez entraron a un negocio de computadoras en Collin, en las afueras de Dallas, envalentonados por el abuso de alcohol. Cuando salieron iban apuntando con una pistola a Paul Ray King, el dueño del local, que luego aparecería despatarrado en un bosque con cinco balas en el cuerpo.

En 1996, el argentino fue condenado a morir por inyección letal. El juicio tuvo algunas irregularidades. La más escandalosa: un experto psiquiátrico propuesto por la acusación recomendó la pena de muerte porque Saldaño era hispano y «estaba demostrado que los hispanos eran más violentos, más peligrosos que la media».
La defensa consiguió la revisión del fallo y en 2002 la Corte anuló la sentencia por discriminatoria, ordenando un nuevo proceso. Saldaño fue juzgado y condenado otra vez a la pena capital en 2004. Ya había pasado ocho años deambulando en el corredor de la muerte y su deterioro psíquico ya era indisimulable.

«En la segunda condena se juzgó a un loco, y es nula por incompetencia procesal», se queja Vega.

El 25 de noviembre, Saldaño cumplirá 21 años vistiendo el mono del «hombre muerto que camina». Lidia, que lo vio por última vez el año pasado, acepta que el asunto ya no está en manos de los hombres. «Tengo fe en Dios, en que algo va a ocurrir. Como madre no puedo pensar otra cosa. No cabe en mi cabeza que asesinen a mi hijo. Y si un día de estos llega esa noticia, estoy en paz: hice todo lo posible.»

Un pedido a Francisco

En junio de este año, Lidia Guerrero volvió a verse las caras con Jorge Bergoglio (la primera vez fue en febrero de 2014). «Fue una audiencia privada donde le pedí que interceda ante las autoridades de Texas. Es difícil, pero sé que va a hacer todo lo que esté dentro de sus posibilidades, porque su posición en contra de la pena de muerte es muy clara.» Según Lidia, el Sumo Pontífice intervino a favor de su compatriota en reiteradas oportunidades, y hasta interesó en el caso al presidente Obama.

«Francisco fue muy amable y compasivo conmigo. Me dijo que rezaba por él y que lo tiene en su corazón», recordó la madre de Víctor Saldaño.