Tras un duro fallo de la jueza federal de Bahía Blanca Gabriela Marrón en el que rechazó casi todos los pedidos de los fiscales para investigar la responsabilidad policial en la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro, la Comisión Provincial por la Memoria cree que será difícil legar a la verdad y que la decisión de la magistrada “es casi una declaración de sentencia que sólo será garantía de impunidad”.

La Comisión hace referencia al fallo de Marrón que se conoció este martes, en el que rechazó casi todas las medidas de prueba que solicitaron los fiscales Héctor Andrés Heim y Horacio Juan Azzolin. La jueza consideró allí que la estrategia de los fiscales «no parece orientarse a buscar la verdad» sino «solamente a compeler la responsabilidad policial».

Con esos argumento no aceptó lo que consideró medidas de prueba que son parte de “una excursión de pesca”, entre ellas el allanamiento al puesto de vigilancia de Teniente Origone donde se halló el amuleto que facundo siempre llevaba consigo o el secuestro de teléfonos de policías. Sólo accedió al pedido para que un policía que interceptó a Facundo el día que desapareció entregue una libreta en la que registró sus datos personales y los de una de las testigos y un informe de una lectora de patentes sobre la ruta nacional 3.

En la resolución también avanzó con su mirada sobre lo que le ocurrió a Facundo y el rol policial. Marrón cuestionó la relevancia de algunas pruebas, como el hallazgo de un cabello que podría ser de Facundo en uno de los patrulleros que lo interceptó: “Es posible que haya entrado al móvil mientras el policía hacía la consulta por la infracción a la cuarentena o chequeaba sus datos personales, antecedentes, etcétera, que haya apoyado el carnet de conducir en el asiento del acompañante delantero», aventuró.

Además, dijo que la muerte de Facundo «no ocurrió en el patrullero», sino en el cangrejal de Villarino Viejo donde sus restos fueron hallados el 15 de agosto último, sin que se detectaran «lesiones vitales, ni se observan signos de intervención de terceros». «De las hipótesis desarrolladas por los acusadores no se reconstruye una teoría del caso coherente, lógico, razonable y completo para esta altura de la investigación», agregó.

Para Marrón, el hecho de que un policía mencionado en la causa haya borrado el contenido de su celular «no (lo) convierte (….) en sospechoso de un delito ni pone en riesgo su inocencia».

“Es fácil para la sociedad creer que haya sido la policía. Pero el juez del caso necesita prueba. Perseguir a esas personas o invadir su intimidad sin pruebas, porque son policías, por su condición, es aplicar el Derecho Penal de Autor. Ser policías no los vuelve delincuentes ni culpables. De este modo se reeditaría una persecución de clase inaceptable en la evolución democrática de nuestro país», manifestó la jueza.

La magistrada también se refirió al hallazgo de los dos objetos pertenecientes a Facundo en la comisaría de Origone y en el patrullero. “Independientemente de que se acredite que el amuleto era de Facundo, merece un párrafo aparte el origen del hallazgo que -a esta altura de la investigación- pone en duda su legalidad y por ende su validez», dijo Marrón y cargó contra el perito de la familia, el adiestrador canino Marcos Herrero, cuyo perro halló ambos objetos. “Resulta necesario y también forzoso que el Ministerio Público Fiscal, en cumplimiento de sus deberes y facultades, investigue el accionar del perito, frente a la gravedad de la circunstancia apuntada».

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) consideró que la resolución de Marrón es «arbitraria y antojadiza» en la interpretación de la prueba y que «expresa claramente una temprana valoración que sólo puede arrojar un resultado: el cierre de la causa sin conocer la verdad de lo que ocurrió con Facundo».

“La decisión se funda en una arbitraria y antojadiza interpretación de la prueba y expresa claramente una temprana valoración que sólo puede arrojar un resultado: el cierre de la causa sin conocer la verdad de lo que ocurrió con Facundo. Ante la gravedad institucional de este hecho, el Estado tiene la obligación de realizar una investigación profunda, expeditiva y eficaz; sin embargo, la actitud de la jueza Marrón es diametralmente opuesta y de seguir este camino, sólo será garantía de impunidad”, señaló el organismo.

La Comisión repasó el fallo de Marrón y señala que la jueza “se fundan en una temprana valoración que arrojará un solo resultado: el cierre de la causa sin conocer la verdad de lo que ocurrió con Facundo”.

La jueza “llega a cuestionar la palabra de Cristina Castro, la mamá de Facundo, víctima y querella de la causa. Y, fundamentalmente, se pronuncia extensamente para desacreditar al adiestrador canino Marcos Herrero”, indicó y señala que con eso “busca restar valor a dos pruebas claves de la causa: el amuleto hallado en el puesto de vigilancia de Teniente Origone y un pedazo de turmalina encontrado en un patrullero de la Policía Local de Bahía Blanca, el mismo que el 8 de mayo, sin razón alguna y alejado decenas de kilómetros de su radio de circulación, estuvo en la zona donde posteriormente fueron hallados los restos de Facundo”.

“La decisión será apelada ante la Cámara Federal, sin embargo la actitud de la jueza pone en peligro el curso de la causa y es casi una declaración de sentencia que sólo será garantía de impunidad”, consideró el organismo.