Los focos de incendio que afectan a las islas del Delta del Paraná dañan la salud y el bienestar de todas las poblaciones de la región, sin importar límites provinciales. Pero dado que la gran mayoría de las islas donde se producen corresponden a la jurisdicción de Entre Ríos, organizaciones ambientalistas de Santa Fe pidieron a su gobierno que denuncie a la gestión vecina por falta de control. Desde allí, un fiscal respondió devolviéndoles la acusación y culpando a personas de Rosario por generar el fuego. La Multisectorial Humedales, desde esa ciudad, le respondió con dureza.
“El fiscal entrerriano Julio Rodríguez Signes no dudó un segundo en declarar a la prensa que Entre Ríos no tiene ninguna responsabilidad jurídica sobre los incendios. ¿En serio Sr. Signes piensa que la ciudadanía va a creer que Entre Ríos no tiene responsabilidad? El 83% del Delta del Paraná son humedales entrerrianos. ¿No es motivo suficiente para hacerse cargo? ¿En serio Sr. Signes se cree a usted mismo cuando dice que no tienen responsabilidad sobre el tremendo ecocidio que estamos viviendo, mayormente en tierras que son de su jurisdicción?”, se preguntaron quienes integran la Multisectorial, a través de un comunicado difundido este viernes. Agregaron que “el fiscal también declaró que es gente de Rosario la que hace un uso inadecuado del humedal y provoca incendios. Llevamos más de 50 mil focos de incendio y más de un millón de hectáreas quemadas. ¿En serio cree que vamos a creer que esto es causado por kayakistas que se olvidan un fogón prendido?”
Desde ese espacio, junto con la asamblea por los humedales de Villa Constitución, habían presentado el martes último pedidos a los gobiernos locales para que denuncien a Entre Ríos por “dejar hacer” ante prácticas que “devastan” los humedales, tanto las quemas como la construcción de terraplenes para avances inmobiliarios o ganaderos. La respuesta no tardó en llegar. Signes aseguró que su provincia –Entre Ríos- “no tiene ninguna responsabilidad jurídica” sobre los siniestros y afirmó que es “gente de Rosario la que hacen un uso inadecuado” de las islas.
A través de un comunicado, el funcionario judicial sostuvo que “adjudicarle responsabilidad” a esa jurisdicción por los hechos que se vienen produciendo “es un contrasentido”, teniendo en cuenta que “la mayoría de los imputados” en la causa penal federal que se inició por esta situación son oriundos de la mencionada ciudad santafesina.
Lo cierto es que, más allá del origen de los particulares denunciados, el planteo de las organizaciones ambientalistas apuntaba al rol del Estado como garante del bienestar y la salud de la población, y como responsable de la protección del ambiente a partir de sus herramientas de control y sanción.
“Por supuesto que algunos de los imputados en las causas son rosarinos. Dueños legítimos o usurpadores de terrenos en islas, grandes empresarios inmobiliarios y ganaderos que prenden fuego la vida para llenar sus cuentas bancarias. Sí, algunos de ellos son rosarinos. Y otros son entrerrianos, y otros bonaerenses. ¿En serio usted cree que la localidad del imputado le quita a ustedes responsabilidad cuando son ustedes los que no controlan, no multan, no ven, no encuentran, no apagan y encima habilitan actividades productivas sobre la tierra arrasada?”, respondieron desde la Multisectorial.
Así como el fiscal aseguró que Entre Ríos mantiene buen vínculo con Santa Fe y trabajo conjunto en relación a esta problemática, la respuesta de ambientalistas advirtió que “claramente el gobierno de Santa Fe es igual de cómplice. Ni siquiera pasa al Ministerio de Ambiente Nacional datos certeros sobre la cantidad de hectáreas quemadas en la provincia. Eso no les quita responsabilidad a ustedes. Eso solamente demuestra la corrupción del entramado del vínculo político que existe entre ambas provincias”.
El drama de los incendios en el Delta del Paraná se agravó el año pasado, cuando causaron serios daños en la región, afecciones respiratorias por la cantidad de humo y cenizas que cubrieron a varias ciudades. Este año, la bajante del Río Paraná complicó el cuadro, dificultando la tarea de apagar el fuego y permitiendo una rápida expansión de las llamas. Pese a estas condiciones, el reclamo de organizaciones ambientalistas apunta a la necesidad de más controles, más recursos destinados al tema y más compromiso político. Sobre esa base vienen reclamando intensamente por el avance de la Ley de Humedales en el Congreso, estancada en comisiones y a riesgo de perder estado parlamentario.
