En una nueva embestida contra la comunidad educativa, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires confeccionó una lista con al menos 8 docentes truchos, para cumplir con una orden judicial, y justificar el traslado de la Escuela de Cerámica N°1 de Almagro hacia el autodenominado Polo Artístico que se encuentra en Mataderos.
El pasado 28 de diciembre el juez de primera instancia Francisco Ferrer suspendió la mudanza que Soledad Acuña había ordenado hacer de la Escuela de Cerámica Nº 1, del barrio de Almagro a Mataderos, a casi 8 kilómetros de distancia. El magistrado, que preside el Juzgado de 1ra Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 23, en uno de los tantos requerimientos decretó: “Remitir copia de la nómina de personal docente y no docente que ejerce cargos actualmente en el Bachillerato. En caso de ejercer funciones de manera exclusiva en el funcionamiento del Bachillerato, deberá informar también el horario y las tareas desempeñadas”. Con estos datos el juez Ferrer pretendía que el Ministerio de Educación justifique el traspaso de la Escuela de Cerámica, ante los cambios de horarios en la cursada que iban a producirse, para conocer cuántos trabajadores se veían perjudicados al movilizarse a Mataderos porque no llegaban a sus otros puestos de trabajo por una cuestión de distancia, o porque están cumpliendo funciones en otro establecimiento, ya que si muchos de sus trabajadores no podían por diferentes razones, inevitablemente serían cesados de sus puestos.
Llegado el caso, si la Escuela de Cerámica se traslada al barrio de Mataderos, allí compartirían espacio físico con la Escuela de Enseñanza Artística Rogelio Yrurtia -en Av. Juan Bautista Alberdi 4754-, cuyo edificio tiene dimensiones muy limitadas y sólo soporta la actividad del Yrurtia. En concreto: el Cerámica deberá modificar sus horarios de cursada y el personal docente y no docente -como el alumnado- serían los principales afectados.
El listado que presentó el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en feria judicial decía que había varios docentes que no tenían problemas en modificar sus horarios para adaptarse al nuevo espacio físico del Cerámica. Lo cierto es que esos ocho docentes ya no trabajan más en la escuela, entre ellos: Abadie E., que renunció a la escuela; Abal C. H., que está jubilado; Bogado A., que se encuentra con licencia art. 71 en Escuela Mastrazzi; Chechetto, A. M., que se jubiló; Di Paolo, M., que también está Jubilada; Gómez C., que tiene baja administrativa; Groisman, S., que renunció; y Riganti, J., también con baja administrativa.
Otro dato a tener en cuenta. La cartera Educativa hizo una jugada estratégica para presentar este listado trucho: “Pidió la habilitación de la feria judicial cuando se produjo un cambio de juez”, denuncia Silvana Graciano, abogada de la Unión de Trabajadores de la Educación, que representa a la comunidad de la Escuela de Cerámica. Lo que buscaba Soledad Acuña es que ese listado caiga en manos de un magistrado afín al gobierno de turno. Y así fue: la jueza de feria Andrea Danas dispuso el pasado 18 de enero rechazar la medida cautelar que suspendía el traslado del Cerámica, aceptando el listado apócrifo presentado por el gobierno, sin indagar sobre la veracidad de los datos vertidos en él. “Nosotros no tuvimos acceso al listado presentado por el ejecutivo hasta un día antes de la apelación de la medida cautelar”, afirma Graciano. Es decir, la jueza de turno dicta una resolución cautelar revocando la anterior, en base a esa documentación a la que la parte denunciante no tuvo acceso, ya que la jueza Danas mantuvo en secreto el listado por una semana. Este hecho viola el principio de “bilateralidad de los procesos”, donde ambas partes deben tener acceso a las pruebas para admitir o refutar que las mismas son ciertas.
No es la primera vez que el gobierno entrega datos truchos para cumplir con sus objetivos. La última semana del mes de diciembre de 2018, la Cartera Educativa intentó llevar adelante varios actos públicos para asignar cargos a través de listados irregulares en las escuelas nocturnas que pretendía cerrar.
Las fallas del gobierno y de la Justicia
Algunos podrían imaginar que en la presentación de este listado trucho de docentesno hubo mala fe, sino que fue motivo de una desactualización en la base de datos de la Cartera Educativa. Si se acepta esta premisa hay un hecho grave cometido por quienes pretenden transformar ciertas áreas del sector, ya que evidencia una falta de información concreta y, más aún, revela que los canales de diálogo con los gremios docentes no existen –como insiste constantemente Soledad Acuña- ya que esa información la podrían haber obtenido de los sindicatos.
Por otra parte, es irrisorio pensar que la Jueza Andrea Danas habilitara el traslado del Cerámica, primero, sin verificar que los datos del listado sean fehacientes y, segundo, autorizando el traspaso cuando supuestamente sólo 8 docentes de un total de 110 profesoras y profesores de la escuela no tendrían problemas de horario.
El listado trucho de Acuña comete un crimen
Los ocho trabajadores involucrados en este listado apócrifo podrían pedir la supresión de sus datos de listas por“falsedad ideológica de un documento público”. El artículo 293 del código penal es contundente:“Será reprimido con prisión de 6 meses a 6 años el que insertare o hiciere insertar en un instrumento público declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento debía probar, de modo que pudiera resultar un perjuicio”.
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