«Accidentes» laborales: cada 14 horas muere un trabajador

Brian Cantero, apenas «Mechi» para los amigos, tenía un sueño austero: pasar a estar en «blanco» en la fábrica. «Mi hijo trabajaba en el taller –cuenta Elvira Giménez, la madre–, arreglaba el techo, la cañería, era muy voluntarioso. Un día estaba soldando y le pidieron que fuera un domingo para engrasar las máquinas. Se supone que era un lugar de alto riesgo, pero lo mandaron solito, sin capacitación. Tenía que meterse en un espacio de diez centímetros entre dos ventiladores gigantes. El ruido era ensordecedor, encima la máquina perdía aceite y lo hacía resbalar. Él me decía que era peligroso, pero le habían prometido que si lo hacía, lo ponían en blanco. Yo le decía que no lo hiciese, pero él quería juntar plata para mudarse con su novia. Cuando lo despertaba, se sobresaltaba. A cada rato me decía que me amaba. Yo me daba cuenta de que era por el miedo».

El 24 de octubre de 2018, Mechi, de 23 años, se levantó antes de las seis. Desayunó, se despidió de su madre y salió de la casa en el barrio 12 de Octubre, de Berazategui, rumbo a la papelera SEIN, ubicada sobre el kilómetro 31 del Camino General Belgrano, a la altura de Ranelagh. Ya en la fábrica, poco después de las 10 de la mañana, el jefe le pidió que fuera a engrasar. Otra vez fue solo, sin protección y con la maquinaria encendida. Recién al mediodía, unos empleados notaron que desde el sector donde estaban los ventiladores salía humo negro. Al acercarse se espantaron: Mechi había quedado atrapado desde la cintura hacía abajo. El cuerpo todavía giraba, la sangre lo teñía todo.

Para la estadística oficial, la muerte de Mechi se anota en el apartado de los «accidentes» laborales. Para las familias de las víctimas, compañeros, organizaciones obreras, algunos sindicatos y ONG dedicadas a denunciar la negligencia patronal, en cambio, se trata de «asesinatos».

«Desde el año ’96, la Ley de Riesgo del Trabajo puso en marcha un sistema pensado para cubrir a los empresarios. Esto quiere decir que no existe una política de prevención de accidentes ni de enfermedades de los trabajadores. Encima, todas las obligaciones que supuestamente asumen las ART no se cumplen. Entonces, por un lado, los empresarios no tienen quién los controle y, por otro, se impone la lógica de maximizar las ganancias; no hay inversión, se trabaja con maquinaria obsoleta o moderna, pero centrada en producir más y no en la seguridad de los trabajadores», explica Oscar Martínez, del Taller de Estudios Laborales (TEL), una organización que realiza asesoramiento y capacitación, y que además integra, junto a familiares y compañeros de las víctimas y otros colectivos, el espacio Basta de Asesinatos Laborales (BAL), responsable de un registro sobre «el asesinato silencioso de cientos de trabajadores/as en sus puestos de trabajo».

De acuerdo al informe de BAL, entre enero y diciembre de 2019 se produjeron en el país 534 asesinatos laborales, provocados por los mal llamados «accidentes». Si se presta atención a la cifra, la conclusión a nivel país es alarmante: cada 14 horas, un trabajador o trabajadora muere en su puesto de trabajo.

Precarización y apriete

Mechi era un empleado tercerizado. Lo había contratado Ramón «Archi» Fuentes, conocido en la zona por ser puntero político. Primero, lo llevó a la fábrica de vidrio Rigolleau, en Berazategui, para trabajar en mantenimiento, pero a Mechi no le gustó porque sólo lo llamaban cuando había que arreglar el techo de fibrocemento. En SEIN tenía más regularidad y cobraba 500 pesos por día.

«Ese hombre no se hizo cargo de nada. Hacía once años que trabajaba con la fábrica y sabía que ya había muerto un hombre que se quemó vivo, pero la mujer aceptó un arreglo. Y dos meses antes de lo de mi hijo, a otro muchacho una máquina le cortó el brazo completo. Todo quedó archivado, tapado. Si hubieran denunciado esos casos, tal vez mi hijo estaría vivo», se lamenta Elvira.

Uno de los datos relevantes del informe de BAL señala que cerca de la mitad de los y las trabajadoras muertas eran personas menores de 40 años. También se registró un alto porcentaje de jóvenes que habían conseguido su primer empleo o estaban recién llegados al trabajo y que fueron enviados por sus superiores a realizar tareas peligrosas, sin la capacitación adecuada y los elementos de seguridad necesarios.

«Un problema importante es el apriete en el ritmo de trabajo, potenciado por la entrada de jóvenes al mercado del empleo. No tienen experiencia y deben soportar el ‘andá y hacelo’, aunque se trate de una tarea que no les corresponde o no estén capacitados para realizarla», destaca Martínez.

Por la muerte de Mechi hay tres imputados por homicidio culposo: Antonio López, encargado de la fábrica; Alejandro Planera, jefe de planta; y Juan Carlos Españón, a cargo de las capacitaciones. Los hermanos Mario y Pablo Espósito, dueños de SEIN, sólo declararon como testigos.

«No quiero que cierren la fábrica –aclara Elvira– porque no quiero que nadie se quede sin trabajo. Lo que quiero es que alguien se haga responsable y que esa máquina tenga la seguridad necesaria. También estoy luchando por una justicia de clase. El caso de los rugbiers se difundió en todos los medios, pero hay miles de víctimas que son de clase baja y no salen en ningún lado. Mi hijo valía millones». «

El hombre que pintaba La Bombonera

Eran los primeros días de 2020 y un trabajador de planta de La Bombonera, el estadio de Boca Juniors, quiso dar testimonio a través de una fotografía. En la imagen se ve a un hombre maniobrando un rodillo de mango largo y un tarro de pintura azul a su lado. El hombre hace equilibrio sobre un puente improvisado de chapa apoyado en, apenas, dos puntos: una pared y la medianera que da al vacío. Aun ignorando el probable viento a una altura de 45 metros y el movimiento de una plataforma sin anclajes fijos, es fácil adivinar el vértigo y el peligro.

El presagio se cumplió dos semanas después. El 27 de enero, Juan Romero, el hombre de la foto, cayó desde casi diez metros de altura mientras pintaba uno de los laterales de la cancha de Boca, el que da a las vías del ferrocarril. Romero llevaba un arnés sin sujeción a un anclaje o, como se le dice en la jerga, «cabo de vida». Sin esa medida de seguridad, bastó para que el andamio con ruedas que lo sostenía se balanceara para que perdiera el equilibrio. El impacto contra el cemento le provocó una fractura de pelvis y varias hemorragias internas. Murió después de cinco días de internación en el Hospital Argerich.

«A principios de año, Boca inició una obra de pintura en el exterior de La Bombonera a través de un canje publicitario con una empresa. Desde el cuerpo de delegados de empleados de planta del club denunciamos las condiciones precarias de seguridad en las que estaban trabajando los operarios de la empresa. Se hizo una inspección y se siguió operando con algunas pequeñas mejorías. El apuro por llegar al partido del día 26 de enero (el clásico frente a Independiente) y mostrar el resultado del trabajo hecho los hizo seguir, aunque las condiciones de trabajo fueran pésimas», le dijo a la revista Cítrica Alejandro Fernández, delegado de la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDyC).

«En la institución –confía una fuente del club– nunca más se volvió a hablar del tema, los medios no le dieron difusión y hasta la familia de la víctima guardó silencio. Por sobre todas las cosas, Boca es un gran negocio».

Seis hombres caen desde un andamio a 18 metros de altura en la nueva terminal de partidas del Aero­puerto de Ezeiza. El desmoronamiento también alcanza a los de abajo: en total son 13 heridos. Muere José Bulacio, el capataz, quien había subido para alertar a los demás que la estructura tubular era endeble, que no soportaría más tiempo.

Ocurrió la tarde del 24 de septiembre de 2019. Según la investigación a cargo del juez federal Federico Villena, el derrumbe del andamio durante la construcción en la Terminal C, conocida como Zeppelin, fue provocado por el trabajo contrarreloj alentado por la empresa Aeropuertos Argentina 2000 y las autoridades nacionales, quienes pretendían inaugurar la obra como parte de la campaña electoral del expresidente Mauricio Macri.

«Había apuro por terminar la obra. No sólo lo dicen los compañeros de la víctima, también el resto de los trabajadores del aeropuerto. Tenemos clarísimo que es así, y que también van a intentar depositar la responsabilidad de lo que ocurrió en el trabajador, cuando en realidad esto está ligado a la precarización laboral», explica Liliana Alaniz, que representa al hijo mayor de Bulacio en la querella.

La abogada destaca que antes de la muerte del capataz hubo otro «accidente» con el mismo saldo trágico. «Era un muchacho que se cayó de un andamio y murió. No tenía arneses de seguridad. La empresa alegó que el chico se desmayó y que si hubiera tenido los elementos de seguridad requeridos igual se hubiera matado. Es tremendo que le echen la culpa a la víctima».

Entre las pruebas que demostrarían la presión a la que fueron sometidos los obreros, se cuenta un pago a la empresa TANE (contratista de Bulacio y dedicada al armado de estructuras tubulares) en concepto de «aceleramiento» de la construcción del Zeppelin.

Bulacio tenía 50 años, siete hijos con distintas parejas –uno con una discapacidad motriz– y en el último tiempo vivía en General Rodríguez. Compañeros y vecinos coinciden en que era una persona detallista; tanto, que fastidiaba a sus jefes.