Néstor Jeréz, cacique del Pueblo Ocloya y miembro de la organización de Pueblo Indígenas del NOA (Opinoa), está viajando desde Jujuy a Buenos Aires para sumarse al acampe que se instaló esta semana frente al Congreso de la Nación. Referentes de distintas comunidades se instalaron allí con sus banderas multicolores para reclamar que se prorrogue la Ley 26.160, de Emergencia Indígena, que frena los desalojos de comunidades originarias. La norma vigente vence en menos de un mes y debe pasar por ambas cámaras. Este jueves se debate en el Senado. Si no se prorroga a tiempo, “sería una masacre para las comunidades indígenas, porque las órdenes de desalojo están en las puertas de los juzgados”.
Antes de emprender el viaje a Buenos Aires, Jeréz se acercó a legisladores de su provincia para pedir “que se comprometan a acompañar la prórroga”. La postal se repite en distintos puntos del país. “Nuestro anhelo es que se apruebe antes de las elecciones y con presupuesto. Tenemos muchos expedientes abiertos y necesitamos recursos para el pago de abogados para la defensa de los territorios”, explicó el cacique del Pueblo Ocloya.
El acampe se instaló frente al Congreso en un contexto de fuerte señalamiento de las comunidades indígenas, sobre todo en Río Negro, acusadas incluso de ejercer terrorismo. “En 2017 –cuando fue la prórroga previa, algo que se repite desde 2006- la situación fue similar. Desde los medios con complicidad de los otros poderes buscan estigmatizar a los pueblos indígenas caratulándolos de terroristas, violentos, con una clara intencionalidad de fondo: evitar la prórroga de la Ley de Emergencia que ordena delimitar territorios comunitarios y suspender desalojos de comunidades indígenas. Es el trasfondo. Están usando al pueblo mapuche pero el mensaje es para todos los pueblos indígenas”, resaltó Jeréz.
Impulsando también la prórroga de esta ley, la titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Magdalena Odarda, escribió un pronunciamiento esta semana para destacar la importancia de la normativa 26.160: “Esta ley es una herramienta de paz social, que no sólo ha impedido desalojos injustos, sino que ha permitido el fortalecimiento de las comunidades y las organizaciones territoriales indígenas, la presencia institucional, las mesas de diálogo y otras estrategias de intervención que tienen como objeto la resolución de conflictos. Cabe señalar que en la República de Chile no existe una ley de estas características, lo que sin duda en uno de los motivos que contribuyen a la conflictividad social en ese país”.
La prórroga se trata esta tarde a partir de las 15 en la Cámara Alta, luego de haber quedado afuera de la sesión previa por una cuestión ‘técnica’ que preocupó a las comunidades, ante el inminente vencimiento del 23 de noviembre. De todos modos, desde el INAI ya habían señalado que se evaluaba la posibilidad de que el tema avance por decreto si los avances parlamentarios no se concretaban a tiempo.
