Antonella López está presa con su bebé en la Unidad 33 de Los Hornos dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Solicitó al Tribunal en lo Criminal N° 5 de Morón el beneficio de arresto domiciliario y se lo negó argumentando que “en la cárcel estás mejor y corres menos peligro de contraer Coronavirus”.

La joven de 20 años, lucha contra la justicia patriarcal desde el encierro punitivo. Denuncia que sus condiciones de detención están agravadas y pide ayuda con extrema urgencia. Desde el Centro de Estudio Legales y Sociales (CELS) y el Colectivo Privados y Privadas de la Libertad de la Provincia de Buenos Aires (CPPLPBA) consideran que la resolución “es vergonzosa”. Además sostienen que el juez cometió una “falacia argumentativa”.

López es oriunda de Villa Tesei, partido de Hurlingham. Está detenida por el delito de robo agravado por el uso de arma de fuego, poblado y en banda. Permanece detenida hace 1 año y 10 meses en forma interrumpida y cuenta: “Fui detenida el 15 de julio de 2018 y el 27 de noviembre del mismo año la Justicia me otorgó la prisión domiciliaria monitoreada”. Y continúa relatando cómo se fue dando la situación en su vida personal. “El 14 de enero de 2019 violé esta medida, porque me fui de mi casa como consecuencia de una discusión familiar. Estuve 6 meses prófuga, escondida en la casa de una amiga en Merlo. Allí trabajaba dos veces por semana como empleada doméstica en una casa de familia y así sobrevivía”.

Permaneció en esta situación hasta el 4 de julio de 2019 cuando se comunicó con su mamá y le pidió que fuera a esperarla en la estación de trenes de Morón. Ella estaba embarazada, quería que la situación se mejore para poder estar con sus hijos y se entregó en el Juzgado de Garantías N°4.

“Tengo dos hijos más, uno de 4 y otro de 6 años, a quienes no tuve trato durante el tiempo que me fui del domicilio de mi familia, ellos quedaron en la casa. En medio de todo esto yo estaba embaraza, llevaba doce semanas de gestación. Desde el Juzgado me llevaron a la comisaría 2° de Villa Teséis, ahí estuve presa 12 días en un calabozo hasta que fui trasladada a la unidad 33”, recuerda la joven, muy angustiada.

Cuenta que durante el tiempo de futura mamá en la penitenciaría recibió atención médica esporádica, prácticamente nula. También que le daban poca comida, como consecuencia estuvo anémica y que sólo recibía ayuda de su mamá.

El 29 de enero de este año nació su bebé, Nehuen, en el Hospital Gutiérrez de La Plata. “Cuando llevan a las presas a los nosocomios de la calle nos tratan mal. Tuve un porto traumático. Terminé de dar a luz, dejaron que me higienice y después me esposaron los pies a la cama ‘por seguridad’. No podía agarrar bien a mi hijo ni mover las piernas. Dependía todo el tiempo de una guardia del SPB para que me alcanzara a mi hijo”, asegura López.

Mientras las personas transitan el encierro punitivo sufren vejámenes en forma constante es una denuncia histórica en las cárceles. Según las autoridades penitenciarias son requisas de cuerpo para chequear que todo esté bien: “Cuando me hacían las revisaciones correspondientes al pos parto siempre había personal penitenciario y yo tenía que exponer mi desnudez. Fue algo horrible, me sentí muy humillada. Después me llevaron de nuevo al penal y revisaron las pertenencias de mi bebé como si fuera un delincuente”, se queja la chica, muy indignada.

En medio de la constante vulneración de derechos se suma la precariedad institucional que y toda una crisis penitenciaria histórica: “Llegué al penal y me encontré con una cuna de madera llena de cucarachas, en una celda húmeda con la pintura descascarada, arañas, hormigas, mosquitos, ratas y murciélagos. Toda una situación inhumana. Si te quejás te dicen que ‘hay cosas peores’. El personal se maneja en forma irrespetuosa todo el tiempo y no me queda otra que soportar”, asevera López.

La población está sufriendo una pandemia y su bebé aún no recibió las vacunas, no tiene partida de nacimiento ni documento. “Necesitamos ayuda con extrema urgencia”, exclama desde la cárcel.

“Estoy encerrada todo el día, no puedo ir a la secundaria porque no me dejan asistir con mi hijo. No tenemos acceso a las actividades y cursos porque somos madres. Mi bebé es muy chiquito y no lo puedo dejar solo. Es una situación muy traumática”, continúa López.

Lo concreto es que el 1° de abril el Tribunal en lo Criminal N° 5 de Morón, le negó el pedido de excarcelación extraordinaria bajo la modalidad de arresto domiciliario con pulsera magnética. De todos modos este fallo fue apela do y en los próximos días deberá resolver Casación.

“Me contestaron que acá en la unidad estoy mejor y que corro menos peligro de contagiarme Coronavirus. En mi pedido no hago alusión a la pandemia. Mis argumentos son otros”, explica. Y puntualiza concluyendo:”Expuse nuestras condiciones de detención agravadas y que mi mamá está enferma. Que se encuentra a cargo de mis otros dos hijos y mis hermanos menores. Y que ella tiene que venir hasta el penal a traerme cosas porque acá no me dan nada. Pedí estar con mi familia, para poder vacunar a mi bebé y tramitar la documentación”.

Tiempo Argentino tuvo acceso a la resolución emitida por el Tribunal en lo Criminal N° 5 de Morón y consultó a Macarena Fernández Goffman del CELS y al abogado Juan Manuel Casolati, representante del CPPLPBA.

“El fallo del juez es una falacia argumentativa. Tiene características de inmoral en términos de lo que dice. Porque falsea datos y miente desde lo argumentativo. Usa la cuestión jurídica para sostener de lo que es insostenible. Si bien, López, no fundamentó a raíz del virus, su situación de lactancia pone en riesgo su vida y la de su bebé. Esto es tanto en la cárcel como afuera”, dice Casolati.

Y continua asegurando que: “La Resolución 3.341 de la Suprema Corte de Justicia indica que hay una crisis humanitaria en las cárceles. El magistrado tomó una decisión soslayando las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde dice que las mujeres embarazadas, en periodo de lactancia y con hijos pequeños son personas en situación de riesgo. Esto fue resuelto en la misma dirección por la Casación y el procurador general”.

“En su resolución el juez no terminas de explicar si la chica va a estar mejor afuera o adentro. No hace falta que haga esas evaluaciones porque la Corte ya le dio la orden. Además, le pide a la defensora de López que explique por qué motivo va a estar mejor en su casa que en la cárcel. Es realmente vergonzoso. Porque sus superiores ya resolvieron sobre esto”, agrega.

“El juez resolvió sin hacer pie en el penal y constatar las condiciones de detención de la chica y su bebé. Por todo esto, considero que el magistrado cometió un acto de inmoralidad jurídica y tiene que ser analizado por sus superiores” cierra enfatizando, Casolati.

Por su parte, Macarena Fernández Goffman, del Equipo de Política Criminial y Violencia en el Encierro, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), subraya, “el juez omite las graves condiciones de detención en las que se encuentra una madre con su bebé. En las cárceles hay hacinamiento, falta condiciones de salubridad, no hay elementos de limpieza, la alimentación es mala y la chica tiene poco contacto con su familia. Con la Covid-19 la situación de esta mujer se reagrava. Porque si entra una persona enferma a la cárcel sería gravísimo porque el acceso a la salud es muy pobre”.

“Pasa por alto los derechos de género y de la niñez. La chica tiene un bebé de dos meses. Tiene que ser liberada en forma urgente. Para que pueda estar con su familia. Desde que comenzó el escenario de la pandemia desde el CELS venimos observamos que el problema de esta resolución es el mismo que tienen muchos otros fallos. La cuestión está en la forma en que se está tratando y el modo en que se está canalizando, que es en el caso a caso”, agrega.

“Todo esto sucede porque falta una directiva clara y concisa de parte de los órganos judiciales superiores. Porque queda a criterio de cada juez, y vemos que así no funciona. Como ser el caso de esta joven madre que está en periodo de lactancia”, finaliza Fernández Goffman.