Queremos que los derechos sexuales y los derechos reproductivos sean reconocidos como derechos básicos de todas las personas. Para eso, es necesario garantizar el acceso universal a los servicios públicos de salud y educación que los sostienen.
Nuestro lema, así como nuestro trabajo de años, es integral: Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Esto implica realizar modificaciones en los sistemas de Educación, Salud y Justicia, y también, por supuesto, profundos cambios culturales.
Proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país.
La defensa del derecho al aborto es una causa justa en razón de su contenido democrático y de justicia social, que busca asegurar el goce de los derechos humanos a las mujeres hoy privadas de ellos.
Trabajar por el derecho al aborto en razón de justicia social, es reconocer que en el contexto latinoamericano, sumido en la pobreza y la desigualdad social, son las mujeres pobres quienes sufren o mueren por abortos realizados en clandestinidad, excluidas también de otros bienes culturales y materiales.
La ilegalidad del aborto da lugar a prácticas diferenciadas según la condición socioeconómica de la mujer y a la falta de información. No queremos ni una sola muerta más por abortos clandestino.
Queremos ampliar la democracia, garantizando este derecho a las afectadas por una sociedad patriarcal que limita, vulnera y subordina al 52% de la población. Una democracia verdadera debe atender nuestra salud, proteger nuestra vida y habilitar nuestras decisiones frente al dilema de un embarazo no deseado.
Nos inspira la necesidad de un estado laico: las directivas de las iglesias no deben ser colocadas por encima del derecho a la libre decisión de las personas, incluso cuando esas decisiones se vinculan a la sexualidad o reproducción humana.
