Tras las dos primeras semanas de exposiciones en Diputados, la letra chica de los ocho proyectos presentados todavía no es materia de debate. Por lo pronto, hay tres puntos básicos sobre los que hay consenso amplio: la despenalización de las mujeres que abortan, las 14 semanas como fecha límite y la atención en los servicios de salud. En tanto, la objeción de conciencia y la producción de misoprostol generan resistencias.
Despenalización
Todos los proyectos proponen la eliminación o modificación de los artículos del Código Penal que hacían que las mujeres que abortaban terminaran presas. Sin embargo, la propuesta elaborada por Sergio Wisky (PRO) sólo regula el aborto no punible, que ya existe en la legislación nacional, y exige a las mujeres que realicen una declaración jurada. Sin embargo, Wisky firma el proyecto de los diputados de Cambiemos entre ellos, Daniel Lipovetzky (PRO), titular de la comisión de Legislación General y coordinador de las audiencias por el aborto, y Brenda Austin (UCR) que estipula que se habilita el derecho al aborto «si la mujer o representante legal solicitan la interrupción voluntaria del embarazo dentro de las 14 semanas de gestación», sin que se requiera orden judicial para llevar a cabo la intervención.
Gratuidad
Todos los proyectos menos el arriba mencionado proponen que el sector público de salud, las obras sociales, entidades de medicina prepaga y todo agente que brinde servicios médico-asistenciales incorporen como prestaciones médicas básicas obligatorias a brindar a sus beneficiarias, la cobertura integral de la interrupción legal del embarazo en todas las formas que la OMS recomienda. El único diputado oficialista que propone la cobertura por el sistema de salud es Facundo Suárez Lastra, en un proyecto que lleva su sola firma y fue de los últimos en incorporarse al debate.
Objeción de conciencia
El proyecto de Marcelo Weschler, Juan Carlos Villalonga y Samanta Acereza (Cambiemos) propone que la mujer exponga ante el agente de salud las condiciones «que a su criterio le impiden continuar con el embarazo en curso», un día de «período de reflexión», consentimiento informado por escrito y luego un plazo máximo de seis días para la realización de la práctica. También garantizan la confidencialidad de la identidad de la mujer y la no judicialización.
El de Martín Lousteau y María Teresita Villavicencio (Evolución) extiende el «período de reflexión» a cinco días. Sin embargo, en este proyecto los impedimentos al cumplimiento del derecho comienzan desde el momento en que se propone que «los miembros del equipo de salud a cargo de realizar la interrupción voluntaria del embarazo que en forma individual e invocando sus convicciones deseen eximirse de la obligación de realizar esta práctica, podrán hacerlo en tanto no implique una dilación, retardo u obstáculo a su acceso». Los establecimientos de salud que brinden atención gineco-obstétrica deberán garantizar la interrupción voluntaria del embarazo «o en su defecto, la correcta derivación en los términos establecidos en el presente artículo».
Estos dos diputados paraoficialistas prohíben en su iniciativa «la objeción de conciencia institucional», que sí promueve Lipovetzky para habilitar a los sanatorios católicos o religiosos a negarse a cumplir con una eventual ley.
En cambio, los legisladores Araceli Ferreyra, Lucila De Ponti, Leonardo Grosso y Silvia Horne (Peronismo para la Victoria) regulan el primer contacto de la mujer con el sistema de salud al momento de realizarse un aborto también con el derecho a la información y los alcances de la interrupción del embarazo «sobre los riesgos de dilatar el procedimiento, los centros públicos a los que se pueda dirigir y los trámites para acceder a la prestación». La información brindada «no podrá contener consideraciones personales, religiosas o axiológicas por parte de los/as profesionales de la salud. En el proceso de información sólo podrán participar el/la profesional interviniente, la persona embarazada y, en su caso, el representante legal», proponen. Estipulan que la práctica se realice garantizando la atención ágil e inmediata. Y prohíben «la revisión o autorización por directivos o superiores jerárquicos de los efectores de salud, certificados y/o diagnósticos médicos, la intervención de comités de ética, jueces/juezas u otros/as operadores/as jurídicos, la obligación de realizar denuncia policial o judicial o la de consultar o solicitar el consentimiento de terceros/as tales como la pareja, padre, madre de la persona embarazada o cualquier otra persona», excepto cuando se requiera el consentimiento de un representante legal.
Producción de misoprostol
El proyecto que lleva la firma de Daniel Filmus, Nilda Garré y Vanesa Siley, entre otros, propone (al igual que los diputados del Movimiento Evita) la distribución y producción estatal de misoprostol, que el Ministerio de Salud deberá incluir en el Plan Remediar. «Garantizará su distribución a todos los efectores que componen el sistema nacional público de salud, incluyendo los Centros de Atención Primaria de Salud de todo el país. Asimismo, se incluirá en el Plan Médico Obligatorio (PMO), resultando de cobertura obligatoria» para obras sociales y otros agentes de salud, sostiene el texto. Se propone producirlo a través del sistema de laboratorios públicos. «
