A un año del peor ataque a la prensa argentina en la reciente democracia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sigue sin definir qué juez debe investigar el caso. Durante meses, los jueces federales Marcelo Martínez de Giorgi y Daniel Rafecas jugaron un perverso y sugestivo ping pong judicial con la causa, que logró robustecer aun más la impunidad con la que siempre actuaron el estafador Mariano Martínez Rojas y el matón Juan Carlos Blander, quienes encabezaron la violenta patota que usurpó y destruyó parte de los elementos de trabajo de la cooperativa Por Más Tiempo.
El copamiento del edificio de Amenábar 23, en Colegiales, era el último escollo que le restaba sortear a Martínez Rojas para hacerse definitivamente de Radio América y eliminar a la cooperativa Por Más Tiempo. Visto a la distancia, no hay dudas de que la compra de ambos medios era un fraude planificado por Sergio Szpolski y Matías Garfunkel, quienes buscaban ganar tiempo y desgastar la protesta de los trabajadores que buscaban la continuidad laboral o, al menos, ser indemnizados.
El premio de ese combo (unos 400 trabajadores del diario y la radio en la calle sin indemnización) para el ignoto correntino era la licencia de la radio. El estafador ya había tomado la planta trasmisora por la fuerza, cometiendo graves delitos federales, y nadie le había puesto un freno.
Los íntimos contactos de Szpolski, Garfunkel y Martínez Rojas con los peores hombres de los servicios de inteligencia garantizaban el accionar mafioso. La policía, la Justicia y parte del oficialismo no fueron ajenos a esta estrategia. Como ejemplo, basta decir que los empresarios cobraron hasta el último peso de pauta (decenas de millones) por parte del gobierno de Mauricio Macri. Si bien era una deuda contraída por el gobierno de Cristina Fernández, el macrismo ni siquiera cuestionó el pago a quienes acababan de vaciar un grupo de medios.
La madrugada de ese 4 de julio, Martínez Rojas, Blander y unos 20 delincuentes más esperaron el peor momento de la tormenta que caía sobre Buenos Aires para romper la puerta de emergencia de la radio. Minutos antes, habían parado a un patrullero de la Comisaría 31ª para advertirles que iban a cometer la maniobra delictiva. Sin un papel que acreditara la propiedad o el alquiler del lugar, la policía le dio cobertura para manejarse con holgura: una vez dentro, los intrusos echaron a golpes a los tres trabajadores que pernoctaban, tal como lo había dispuesto el Ministerio de Trabajo de la Nación, y resguardaban los elementos de trabajo. Nahuel De Lima, que cuenta con una grave discapacidad motriz, fue el más afectado.
Mientras tanto, la calle se fue colmando de los trabajadores del diario y la radio, pero también de muchos otros colegas de empresas periodísticas tanto privadas como autogestinadas, a los que se sumaron partidos políticos, organizaciones sociales y de Derechos Humanos que no pensaban dejar la cuestión así. Entre todos lograron torcer el escenario. Desplazaron a los agentes que protegían a los usurpadores y, tras una batalla cuerpo a cuerpo con los matones (la mayoría de ellos tenían antecedentes por violentos) recuperaron los elementos de trabajo. Poco después, el subcomisario Carlos Aparicio, sin advertir un sinfín de delitos fragantes, escoltó a la patota hasta que se alejó de la zona.
Unas horas más tarde, el presidente Macri fue consultado por el diario La Nación. En medio de una gira por Europa, el mandatario dijo: «Todo eso está lejos de la Argentina que queremos. Pero me alegra que la Justicia esté interviniendo, como también intervino antes para pedir el desalojo del edificio. O sea, está mal cualquier tipo de usurpación. Me parece peor todavía con el ejercicio de la violencia, pero claramente nadie tiene derecho a usurpar lo que no es de uno». Atónito, el periodista, repreguntó si se refería a «los periodistas que estaban haciendo su trabajo ahí». Macri no dejó dudas: «Claro, claro», soltó.
La agresión automáticamente generó la solidaridad del resto de las redacciones del país. Al mismo tiempo, organizaciones sociales y dirigentes de todos los sectores políticos pidieron una rápida intervención de la Justicia. La noticia dio vuelta al mundo, ubicándose en la portada de varios matutinos internacionales. A su vez, asociaciones como Amnistía Internacional o la Fundación Reporteros Sin Fronteras condenaron el ataque.
Calesita procesal
En un primer momento, la policía, la fiscal contravencional Verónica Andrade y la jueza María Julia Correa trataron el episodio como una usurpación y daños, sin tener en cuenta delitos federales como «destruir la red interna de un medio de comunicación, impedir la salida del diario y de la radio, entorpecer el normal funcionamiento de un servicio público de comunicación, daños calificados en el sistema informático, usurpación, amenazas coactivas y las lesiones agravadas contra Nahuel», según enumeró la abogada María del Carmen Verdú, que comenzó a asesorar a la cooperativa esa madrugada.
A la semana, la jueza Correa se declaró incompetente «al considerar que tanto los delitos comunes como aquellos federales, relativos a la interrupción del servicio público de comunicación, deben ser investigados por el fuero federal».
A partir de ese momento, la causa se convirtió en una pelota de ping pong que rebotó en tres juzgados: el porteño de Correa y los federales de Martínez Di Giorgi y Rafecas. Parte de los vaivenes estuvo vinculada con el intento de conexidad con la causa que lleva adelante Rafecas sobre la toma de la planta trasmisora de la radio ocurrida en junio de 2016 en Villa Soldati. Pero como la Justicia no identificó a Martínez Rojas en ese hecho, la causa volvió a pasar de un fuero al otro, hasta que finalmente la jueza Correa se cansó de tanto manoseo y elevó el incidente a la Corte Suprema de la Nación a fines del año pasado. Los jueces supremos, entonces, le pidieron opinión a la Procuración que dictaminó que De Giorgi debe avanzar con la investigación. Ahora, resta que resuelva la Corte. «
