El miércoles, en el polo judicial de Avellaneda, el procurador general de la Provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, dio una conferencia de prensa con el pretexto de informar los avances de la causa que investiga los abusos a jugadores de las inferiores del club Independiente. En realidad, el funcionario tenía una doble misión: por un lado, negar la vinculación de periodistas, responsables de medios y conductores de televisión con el caso. Por el otro, convencer a la opinión pública sobre la idoneidad de la justicia provincial para retener el expediente y evitar su traspaso al fuero federal.
«Va a ser difícil llegar a la verdad. Por lo que vi, en la fiscalía faltan recursos técnicos y humanos. Tenían una computadora de hace 20 años. Después de escuchar al procurador diciendo todo lo contrario, lo único que se me ocurre es que quiere que la causa se quede en Avellaneda. En un expediente que tiene miles de llamados telefónicos entre las víctimas, los facilitadores y los victimarios, ¿cuánto van a tardar en hacer los cruces si no tienen recursos?», se pregunta Alejandra Bellini, la abogada que acompañó a Marian Farjat, una exparticipante del programa de tevé Gran Hermano, a la Unidad Fiscal de Investigación N° 4 de Avellaneda, a cargo de María Soledad Garibaldi, para contar su experiencia con uno de los detenidos.
Farjat contó que estuvo en la casa y en el restaurante del relacionista público Leonardo Cohen Arazi y que allí conoció a dos «chicos» que jugaban en Independiente a los que el anfitrión presentaba como «chongos».
«A uno lo vi varias veces. Siempre estaba callado, con cara triste. Yo le preguntaba qué le pasaba pero no hablaba. Se notaba que le daba vergüenza estar ahí», recuerda Farjat, quien reconoció a ese chico, hoy mayor y jugando en el fútbol paraguayo, en una foto que le mostró la fiscal. «Todo lo que dije coincidió con lo que están investigando», remarca.
«Para que haya delito de trata tiene que haber transporte, y a estos chicos los llevaban a las casas de los clientes, a boliches, a restaurantes, es decir, se los entregaba», destaca Bellini.
Pero además del traslado, la investigación por «abuso sexual, promoción y facilitación de la prostitución» a cargo de la fiscal Garibaldi probó la participación de varias personas con roles definidos y la existencia de captación, explotación, aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de las víctimas y el abuso de poder por parte de los victimarios. Todas violaciones a los derechos de las personas con el agravante de tratarse de menores incluidos en los delitos de trata.
En ese sentido, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) ya se puso a disposición de la fiscalía de Avellaneda presumiendo que se podría tratar de una red. «Hasta ahora no nos pidieron ninguna colaboración específica. Entendemos que la imputación que hizo la fiscal es bastante amplia e incluye a todos los delitos de explotación, pero no podemos tener acceso porque el primero que interviene es el que determina la competencia», confía un vocero de la Protex, y aclara que «eso no significa que después no haya conflicto» si los delitos exceden la competencia provincial.
«Por lo pronto, en el caso de Independiente estamos frente a una red de facilitadores de prostitución infantil. En la medida en que siga avanzando, puede darse el tipo penal de la trata. Pero desde afuera no puedo decir que haya un interés particular para que la causa quede en el fuero provincial», opina Andrés Bonicalzi, abogado de AVIVI, la fundación que acercó a la Justicia los casos de abuso en River.
Bellini insiste en que existe «una intencionalidad» de que la causa permanezca en Avellaneda, porque «es incomprensible que con los elementos de prueba acumulados no se haya ido a la justicia federal» que, además, cuenta con «más recursos».
Será por eso que Conte Grand avisó que «la investigación puede durar hasta dos años», y aclaró que por el momento el caso no pasará a la justicia federal, aun cuando detrás de los casos esté involucrada «la red de abusos más grande del país».
Una línea de ayuda que no se implentó
La Ley 27.201 que crea el Ente Nacional de Desarrollo Deportivo fue sancionada el 28 de octubre de 2015, antes del final del mandato de la presidenta Cristina Fernández. En su reglamentación, el artículo 10 marca que el programa «desarrollará una línea federal de comunicación que tendrá por objetivo atender situaciones de violencia familiar y/o abuso infantil en el ámbito deportivo». El gobierno de Mauricio Macri, que ganó las elecciones de 2015, nunca aplicó esa ley, por lo que la línea para denuncias no se implementó. Ahora, a partir de los hechos denunciados por Independiente, desde el oficialismo aseguran que buscarán crear nuevos programas en ese sentido. «
