La Universidad de Buenos Aires (UBA) insiste en pedirle al Congreso una nueva Ley de Financiamiento Universitario a dos meses del veto por parte de los legisladores a la norma que buscaba resolver la problemática. Desde la institución pretenden que el Ejecutivo prácticamente contemple duplicar el cálculo de recursos para 2025.
En la sesión del 11 de diciembre, el Consejo Superior de la UBA tomó la decisión de solicitar a la Cámara de Diputados de la Nación la elaboración de una nueva propuesta de Ley de Financiamiento Universitario para el año que viene. De esta manera, se busca abordar las necesidades del sistema universitario, las cuales han sido expresadas por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
Este pedido proviene de diversos actores del ámbito educativo, cultural, científico, político, de derechos humanos, así como del sector empresarial y sindical. Según informo la agencia Noticias Argentinas, este grupo de personas han instado al Congreso de la Nación para que implemente medidas urgentes para asegurar el financiamiento de las universidades públicas.
El CIN estimó que las necesidades presupuestarias del sistema universitario ascienden a $7,2 billones para el año 2025. Sin embargo, el proyecto de Presupuesto 2025 presentado por el Gobierno Nacional contempla una asignación de $3,95 billones, lo que representa una diferencia de $3 billones menos respecto a lo que el CIN considera necesario.
La resolución de la UBA también sugiere que el Congreso convoque a una consulta popular vinculante con el fin de refrendar el proyecto de ley propuesto. Este planteo se fundamenta en el artículo 40 de la Constitución Nacional, que establece la posibilidad de realizar consultas populares vinculantes para validar un proyecto de ley, además de especificar que no podrá ser objeto de veto.
Es relevante recordar que en octubre pasado, la Ley de Financiamiento Universitario, que había sido aprobada por el Congreso, fue vetada por el Poder Ejecutivo con el respaldo de un tercio de los diputados. Este veto se produjo a pesar de que la ley contaba con el apoyo de cerca de dos tercios de la Cámara de Diputados. Este contexto refleja un notable respaldo a la educación pública en el Congreso, así como la necesidad de garantizar un financiamiento adecuado para las universidades.
