A cinco días del segundo aniversario del hundimiento del ARA San Juan, el dolor de los familiares de los 44 submarinistas desaparecidos sigue sin encontrar consuelo, y el que podría aportar la justicia permanece envuelto en una bruma que la jueza federal Marta Yáñez, a cargo de la investigación, no parece interesada en disipar.
A mediados de octubre, la magistrada de Caleta Olivia llamó por primera vez a indagatoria a tres altos oficiales de la Armada, y semanas después a otros cuatro. Hasta ahora, salvo uno, todos se negaron a declarar. Pero hay un dato más opaco aún para las querellas: no se dictaron prisiones preventivas para ninguno, y el fuerte hermetismo que reina en el juzgado impide siquiera saber qué delitos se les imputan.
Entre el 22 y el 24 de octubre se habían presentado en Caleta Olivia el capitán de corbeta Jorge Andrés Sulia, ex jefe de Logística del Comando de la Fuerza de Submarinos; el capitán de fragata Hugo Miguel Correa, ex jefe de Operaciones de ese comando; y el capitán de navío Héctor Alonso, ex jefe del Estado Mayor de la Fuerza de Submarinos. Sugestivamente, al día siguiente se cumplieron dos años de la zarpada del submarino desde la Base Naval de Mar del Plata, el momento en que se habría configurado, como mínimo, el delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, si es que esos tres oficiales de la Armada que firmaron la orden de zarpada permitieron que el San Juan saliera a navegar sin estar en condiciones. La pena máxima para esa calificación legal es, precisamente, de dos años, y sin imputaciones, hubiera prescripto (condición que no corre para quienes siguen en funciones, por ejemplo el ministro de Defensa Oscar Aguad).
Sulia, Correa y Alonso se negaron a declarar, lo mismo que otros dos oficiales citados la última semana: el capitán de navío José Marti Garro, jefe de Operaciones del Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada (COAA), y el contraalmirante Eduardo Luis Malchiodi, jefe de Mantenimiento de la fuerza.
“Todo es bastante irregular. A ninguno se le notificó el encuadre legal de la imputación. Sólo les leyeron los hechos. Y todavía no nos notificaron si van a procesar a Sulia, Correa y Alonso, para quienes ya se cumplieron los diez días hábiles. Todos se fueron caminando”, dice Luis Tagliapietra, abogado querellante y padre de Alejandro, teniente de corbeta y uno de los tripulantes fallecidos. “Todo se va cayendo por su propio peso. Claramente la jueza entiende que no hay riesgos procesales, entonces no pide arrestos ni dicta prisiones preventivas. Pero eso tiene que ver con la escala penal. Si apunta a mal desempeño, es excarcelable. Pero aquí ha habido estrago doloso.”
En efecto, la jueza ya había expresado en las cédulas de notificación que “se les hará saber a los imputados los hechos que se les imputan y las pruebas que obran en su contra”. La carátula sigue siendo “averiguación de delito”. Quienes están cerca de la causa admiten que “es de manual” que los abogados sugieran no declarar: por un lado, si no está claro el delito imputado, tampoco puede haber una estrategia definida de las defensas; por el otro, es imposible analizar en el transcurso de pocas semanas (las que mediaron entre las citaciones y las indagatorias) un expediente que ya acumula 100 mil fojas y ocupa una habitación entera.
Sí hubo, sin embargo, un alto oficial que declaró. El capitán de navío Claudio Villamide se presentó el jueves, vestido de uniforme, ante la jueza Yáñez, acompañado por su abogado, Juan Pablo Vigliero (quien representa, por ejemplo, a las hijas de Alberto Nisman en la causa por su muerte), y estuvo en el juzgado más de seis horas. Se supone que el ex comandante de la Fuerza de Submarinos sostuvo lo mismo que a fines de junio ante la Comisión Bicameral del Congreso: que el ARA San Juan estaba en condiciones de realizar una navegación extensa.
El martes 12 será el turno de la indagatoria del contralmirante Luis Enrique López Mazzeo, quien en 2017 era jefe del Comando de Alistamiento y Adiestramiento de la Armada. Villamide y López Mazzeo fueron suspendidos pocos días después de la desaparición del submarino, responsabilizados ambos por su superior, el almirante Marcelo Srur, entonces jefe de la Armada, cuyo pase a retiro fue pedido poco después por Mauricio Macri.
Por el momento, ni Srur ni Oscar Aguad, responsable político de las fuerzas armadas, han sido imputados. Tagliapietra ha pedido juicio político para Yáñez, entendiendo que hay un pacto para que la causa no avance más allá de la Armada. Y si fuera citado Aguad, se pregunta, “si sólo se trata de ir a pasear, como esta gente que se va caminando a su casa, sería otra falta de respeto a la memoria de nuestros hijos”.
