El 19 de julio de 1924 policías, gendarmes, militares y colonos enviados por el gobernador interventor de Chaco, Fernando Centeno (bajo la presidencia de Marcelo Torcuato de Alvear), abrieron fuego contra una protesta de las comunidades locales que reclamaban mejores condiciones laborales. Más de 400 personas –hombres, mujeres, niñes- fueron asesinadas y enterradas en fosas comunes. Quienes lograron escapar sufrieron persecuciones durante meses. A muchos los mataron en esas cacerías. Tras un proceso histórico de búsqueda de verdad y reparación y en medio de actos para remarcar todo lo que aún falta, hoy se cumplen 99 años de la Masacre de Napalpí.
El genocidio de los pueblos Qom y Moqoit en la reducción de Napalpí fue reconocido en mayo de 2022 como un hecho de lesa humanidad perpetrado por el Estado. Fue en el marco de un juicio por la verdad inédito, que abrió las puertas a la búsqueda de justicia por otros procesos similares en la historia argentina.
La Masacre de Napalpí permaneció durante casi un siglo olvidada por el Estado y la Historia oficial. Pero se mantuvo presente en la memoria y los relatos orales de pobladores locales y sus descendientes. Muchos de ellos y ellas dieron luego su testimonio en el histórico juicio. Como Rosa Grilo, la última de las sobrevivientes, quien falleció en abril pasado.
Tiempo antes, a los 114 años, había logrado reconstruir y testimoniar ante las y los investigadores lo que había vivido de pequeña. “Yo era niña, pero no tan chica, por eso recuerdo. Es muy triste para mí porque mataron a mi papá y casi no me quiero acordar, me hace doler el corazón. Un avión de arriba tiraba bolsas y caían al piso y ahí los mataban. No sé por qué mataron a muchos niños y grandes, fue mucho el sufrimiento”, dijo, en lengua qom y en español.
Su mensaje fue filmado y proyectado ante el Tribunal, igual que las palabras de otras y otros sobrevivientes que no pudieron estar durante el juicio, como Pedro Balquinta o Melitona Enrique. Pero sus voces llegaron a destino.
“El Estado ha negado por muchos años esta masacre a pesar de haber pruebas, testimonios y documentos. Juzgarlo como delitos de lesa humanidad es devolverles veracidad a las comunidades y revalidar esa historia oral contada por tantos años”, explicó en su momento Ana Noriega, de la Fundación Napalpí, en diálogo con Tiempo.
Medidas reparatorias
Los actos de este miércoles, que comenzaban durante la mañana en el sitio histórico Memorial Napalpí -en la localidad chaqueña de Colonia Aborigen- con presencia de la Comisión del Memorial Napalpí; comunidades de los pueblos Qom y Moqoit; autoridades del ejecutivo provincial e integrantes de la Fundación Napalpí; la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros y el Comité de Prevención de la Tortura, apuntan a continuar con las medidas reparatorias que instruyó aquella sentencia.
Entre esas medidas se encuentra la instrucción al Ministerio de Seguridad de Nación y al gobierno de Chaco para generar instancias de formación en el respeto de los derechos humanos de los Pueblos Indígenas. Por eso, este jueves de 8:30 a 13:30 en el salón Montecarlo del hotel Amerian, en Resistencia, tendrá lugar la jornada de Capacitación «Derechos de los pueblos Indígenas, buenas prácticas para la actuación policial desde una perspectiva intercultural».
Para cumplir con la indicación de mantener viva la memoria de Napalpí se estrenará además en la plataforma Spotify el segundo episodio del podcast «Huellas, ciencia chaqueña con impacto». En este capítulo, la investigadora del Conicet Mariana Giordano relata cómo su trabajo etnográfico sobre el discurso de los medios de comunicación de la época y los retratos del antropólogo Lehmann-Nitsche fueron parte de las pruebas para juzgar la Masacre de Napalpí.
Un juicio emblemático
El juicio oral por la verdad de la Masacre de Napalpí finalizó el 19 de mayo de 2022, con la sentencia de que el Estado fue responsable de la «planificación, ejecución y encubrimiento» del homicidio «agravado con ensañamiento con impulso de perversidad brutal» en 1924 en la reducción Napalpí contra 400 indígenas de los Pueblos Qom y Moqoit.
Un mes después del inicio del Juicio por la Verdad la Justicia reconoció el hecho como una masacre y crimen de lesa humanidad. En Resistencia, la jueza federal Zunilda Niremperger dictaminó que existió responsabilidad del Estado nacional en los delitos de homicidio agravado y reducción a la servidumbre en 1924. Y pidió al Congreso que instaure un día nacional de conmemoración.
Tres meses después de la sentencia comenzó a funcionar una Unidad Ejecutora para llevar adelante las medidas reparatorias que dictó ese fallo en beneficio de las comunidades.
En los dos años que se prevé que dure el plan la Unidad deberá, en diálogo con las comunidades, coordinar con el Ministerio de Educación la incorporación de los hechos de la Masacre en la currícula nacional; con el Ministerio de Cultura la construcción de un museo y sitio de memoria en el edificio donde funcionó la administración de la Reducción; con el Ministerio de Seguridad la capacitación de las fuerzas federales y provinciales sobre respeto a los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, y con el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) la reanudación de los trabajos de la búsqueda de víctimas.
En diálogo con este medio, el fiscal Diego Vigay, de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal de Resistencia, destacaba que el proceso de juzgar a casi un siglo también implicaba “un sentido en la cuestión de la no repetición, un aporte a que ese tipo de conductas racistas no se repitan en nuestra democracia”.
