La tarde del 8 de mayo de 1987, Germán “Quique” Arévalo salía de Ingeniero Budge, en Lomas de Zamora, para ir a la escuela secundaria nocturna en Once. Alrededor de las 17:30, cuando iba a tomar el colectivo, vio pasar a sus amigos Agustín Olivera, Oscar Aredes y Willy Argañaraz. Charló con Oscar y siguió viaje. Al volver se enteró lo que había pasado una hora y media después de ese encuentro: los tres fueron acribillados por policías bonaerenses que luego intentaron simular un enfrentamiento. “Una bronca, una congoja, una cosa inexplicable en todos los vecinos”, recuerda 35 años después, en un barrio que se ocupa de mantener vigente el recuerdo de la Masacre de Budge, por la que desde hace una década se instauró el 8 de mayo como Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional.
Quique está en la esquina de Guaminí y Figueredo, ahí donde pasó todo. Donde hoy la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación instalará una señalización, mientras muralistas del grupo NN Arte Urbano pintan los rostros de las tres víctimas y la leyenda “Budge no se olvida” sobre una fachada cedida por un vecino. Quique recuerda que la furia barrial se transformó en organización en cuestión de horas. “Al otro día nos reunimos, autoconvocados, los vecinos en el lugar. Ahí tomamos la decisión de formar una comisión. Esto pasó un viernes, y el sábado ya estábamos armándola. Uno trajo telas, otro cañas, otro pintura y empezamos a hacer pancartas y banderas. Eso fue el origen de todo”, cuenta sobre el nacimiento de la Comisión de Amigos y Vecinos (CAV).
Agustín y Oscar, de 26 y 24 años, estaban tomando cerveza en esa esquina. Por allí pasó Willy y se quedó. Antes habían estado en un bar, donde había habido una discusión y un vidrio roto. Por eso, alguien llamó a la policía. Llegaron a esa esquina el suboficial Juan Ramón Balmaceda y los cabos Isidro Romero y Jorge Miño. Abrieron fuego sin mediar palabra. Agustín y Oscar cayeron fulminados. A Willy, con un disparo en una pierna, los policías lo subieron a un vehículo. Cuando fue hallado, tenía tres tiros en la cabeza. Los cuerpos estaban rodeados de armas plantadas para intentar falsear algo que había ocurrido a la vista de todos.
“Fue un asesinato en la cara de los vecinos. La gente salía a hacer sus compras, o volvía de sus trabajos, era una hora muy transitada. Y lo que lo llevó a ser tan conocido y tan preponderante en la prensa es la pueblada. Los vecinos peleando casi cuerpo a cuerpo con la policía por lo que habían hecho. Teníamos todo el aparato estatal en contra y en complicidad con los asesinos. Nosotros éramos pibes comunes y silvestres que parábamos en la esquina”, recuerda Quique.
Del grupo de 20 amigos que comenzaron a militar por entonces, solo quedan cinco. Cada año, cuando se acerca mayo, comienzan a preparar actividades. Se suman organizaciones sociales y políticas, vecinos y vecinas. “Estuvimos 35 años tratando de mantener vivo el recuerdo, tratando de poner en claro que estas cosas no sucedan nuevamente”, acota.
Silvia Vilta, otra vecina del barrio, se acerca a la esquina del mural. Como trabajadora de la educación para adultos en la provincia de Buenos Aires, impulsó una propuesta para que se trabaje sobre el tema cada 8 de mayo. El Centro de Estudio de Nivel Superior (CENS) N° 462, por caso, preparó sus trabajos sobre la Masacre de Budge que van a exponer hoy. “Fue un episodio que movilizó mucho al barrio, era muy cotidiano levantarse y escuchar que la policía había asesinado a algún joven. Eran los primeros años de la democracia y quedaban esas prácticas propias de la dictadura en la Bonaerense”.
Balmaceda y Miño fueron condenados por “homicidio en riña” en 1990. Esa sentencia luego resultó anulada por la Corte Suprema provincial. En 1994 se realizó otro juicio y todos terminaron condenados a once años de prisión, pero fueron excarcelados a la espera de una sentencia firme y se profugaron. Romero logró ser recapturado en 1998. Miño y Balmaceda, en 2006. “Se evitó que esto quedara como una causa armada que pretendía dibujar un enfrentamiento –evoca Vilta–. La reacción popular fue lo que evitó que eso quedara así”. «
Violencia institucional: «La situación es preocupante y se va a profundizar»
La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) cree que más allá de unos gestos positivos al comienzo de la presidencia de Alberto Fernández, la violencia institucional no bajó. «Estamos en una situación muy preocupante y con claros indicios de que se va a profundizar”, remarca la referenta de la organización, María del Carmen Verdú. “En promedio, hay un asesinato cada 17 horas de personas desarmadas. Personas que no deberían haber muerto porque no generaban ningún tipo de peligro para quienes las ultimaron siendo fuerzas de seguridad». Menciona modalidades como “el gatillo fácil, el fusilamiento en las calles, las muertes en lugares de detención, los femicidios de uniforme y las desapariciones forzadas de personas”.
Verdú subraya las muertes en situación de encierro: “Se debe a una política de mayor nivel de carcelación y a la negativa a escuchar los reclamos. Hacía muchos años que no veíamos muertes en medio de una represión a la protesta carcelaria. Durante la pandemia tuvimos cuatro casos». En los lugares de encierro también creció exponencialmente la cantidad de muertes por falta de atención médica.
“El 66% de los casos de gatillo fácil y el 95% de los femicidios cometidos por miembros de fuerza de seguridad ocurren con el arma reglamentaria. Todo eso se puede evitar con una resolución, ni siquiera hace falta una ley”, soslaya Verdú, y si bien diferencia al macrismo del actual gobierno, destaca: «Hubo una diferencia abismal entre los primeros meses de la actual gestión hasta lo que ocurrió después del 20 de marzo de 2020». Y afirma que la represión a la protesta social y las detenciones arbitrarias se mantienen: las fuerzas policiales, con la anuencia de los funcionarios judiciales, “llegan a justificar detenciones bajo las figuras de intimidación pública, e incluso asociación ilícita”.
