En dos oportunidades, la Justicia declaró inimputable a Martín Ríos, el denominado Tirador de Belgrano que mató a balazos a Alfredo Marcenac, el joven de 18 años que el 6 de julio de 2006 estaba junto a tres amigos más por las calles del barrio porteño de Belgrano. A la Justicia, pero también al resto de los poderes del Estado, los padres del muchacho le dedicaron una sentida carta abierta en la que destacan que a 15 años del crimen “hay muchas deudas pendientes”.

Adrián Marcenac y Mónica Bouyssede, padres de la víctima, indicaron que aquel día “nuestro hijo fue asesinado por Martín Ríos, legítimo usuario de armas de fuego, quien disparó contra un grupo de personas que caminaba por la calle Cabildo en Capital Federal. Hirió también a otras 11 personas. Era el cuarto ataque de este asesino: la primera vez disparó contra un colectivo, la segunda, contra personas que estaban sentadas en una confitería y la tercera contra un tren. Todos los hechos fueron cometidos en la misma zona, pero no se investigaron o se investigaron mal”.

El matrimonio transformó el dolor en lucha y comenzó a militar, junto a otras organizaciones, por el desarme de la población civil. “Soy ingeniero agrónomo, dejé la profesión de lado. Después del primer trauma, aturdimiento, nos fuimos metiendo de a poco y fuimos acompañados por la Red Argentina por el Desarme (RAD) que ya venía solicitando nuevas políticas públicas en relación a las armas de fuego en el país”, explicó Adrián en una entrevista realizada este martes en la TV Pública.

El padre de Alfredo recordó: “Nos llamó la atención que desde 1980, de acuerdo a los datos del ministerio de Salud de la Nación, el promedio es de 8,5 muertos por armas de fuego todos los días. En estos últimos 40 años, murieron y siguen muriendo más de 8 personas por día. El 20% solo tiene que ver con un hecho de inseguridad. El 60% son por ajustes de cuentas de personas que se conocían y que por la presencia de un arma todo terminó en una tragedia. Luego, hay un porcentaje más bajo de suicidios”.

El matrimonio analizó que “antes y después del crimen de Alfredo, se puso de manifiesto la ausencia, ineptitud y la falta de responsabilidad del Estado para proveer seguridad y justicia a la ciudadanía. Antes, porque el RENAR autorizó a un potencial asesino la tenencia de armas de fuego, sin evaluar sus condiciones psíquicas violentas y la fiscalía no hizo ninguna investigación seria sobre los tres ataques anteriores que cometió el asesino”.

“Y después del crimen –continuaron-, porque tanto la evaluación pericial como el proceso judicial, estuvieron plagados de errores y trampas que permitieron que Ríos fuera declarado inimputable. Lo grave es que detrás de este hecho que parece ser individual, se esconden dos problemas sociales muy graves que pueden afectar a muchas otras personas en nuestro país: la ausencia de políticas públicas en materia de armas de fuego y la incapacidad del sistema judicial argentino para impartir justicia”.

Con crudeza, la pareja describe que cuando “el control del Estado no funciona y el sistema judicial tampoco, el caos social y la justicia por mano propia se convierten en una amenaza preocupante y posible”.

“El dolor por la ausencia de Alfredo fue, es y será para siempre nuestro, pero la responsabilidad por este crimen y tantas muertes provocadas por el descontrol de las armas de fuego en nuestro país, fue, es y será del Estado y de sus funcionarios”, concluyeron.