Tras la sentencia que dictó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación de las comunidades indígenas agrupadas en la Asociación Lhaka Honhat de la localidad de Santa Victoria Este de la provincia de Salta, el Estado argentino designó a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación para que ejecute lo dispuesto en el fallo. Se ordenó la realización de obras que permitan el acceso al agua, así como la delimitación y titulación de los territorios.
Existe un plan integral para que se cumpla lo que ordenó la CIDH. Además, el organismo internacional reconoce la violación estatal de los derechos a la identidad cultural de la comunidad. El jefe de gabinete de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Nicolás Rapetti, es el titular de la Unidad Ejecutora de la Sentencia por el fallo de Lhaka Honhat y en diálogo con Tiempo contó: “Tenemos como objetivo articular con los distintos ministerios nacionales, provinciales y el municipio de Santa Victoria Este para dar cumplimiento a la sentencia”.
“Empezamos nuestro trabajo haciendo un amplio relevamiento para elaborar un diagnóstico. Resulta muy complejo porque el Estado no tiene centralizada la información que nosotros necesitamos”, detalló Rapetti a este diario. “Fue una tarea bastante compleja porque primero tuvimos que identificar los enlaces en cada ministerio, después pedirles y esperar a que nos den la información acerca de todo lo que ya se estaba haciendo en los dos ex lotes fiscales de Santa Victoria Este”, explicó.
“Viajamos tres veces hasta el territorio, nos quedamos cuatro días. El primer viaje fue para tener un pantallazo lo más certero posible de todo lo que había que hacer en el lugar” reconstruyó Rapetti. “Así recorrimos los terrenos donde viven las comunidades y los criollos. La experiencia de este conflicto de tierras es muy interesante, uno va a ese lugar y se vuelve distinto”, expresó.
“Fuimos acompañados por técnicos y funcionarios en los distintos ministerios nacionales. Consideramos que era importante hacer un viaje juntos para que ellos también puedan ver con sus propios ojos de qué se trata el asunto”, subrayó el funcionario.
“Empezamos a ordenar los ejes por prioridad. Por ejemplo, el acceso al agua para consumo humano primero, otro que tiene que ver con los acuerdos de parte, la conformación de los equipos territoriales que tienen que hacer la demarcación, delimitación y titularización de las tierras”, explicó Rapetti. “Cuando vayamos cerrando los ejes empezaremos con las consultas, estamos obligados a hacerlas. Se harán en forma previa, libre, informada y participativa” agregó.
“Durante la estadía de la semana pasada dictamos talleres en seis zonas distintas de los seis lotes fiscales. El objetivo es mostrarles la propuesta del Estado en cuanto a lo que tiene que ver con el acceso al agua para consumo humano y la conformación de los equipos territoriales” aseguró Rapetti a este diario. “Por eso durante la última semana viajó con nosotros Oscar Minteguía, de Obras Públicas de Nación, es uno de nuestros aliados fundamentales”.
“Hicimos un relevamiento de las obras que ya estaban hechas, en muchos casos se trata de pozos que no tienen redes de distribución”, dijo Rapetti. Continuó contando que “entonces fuimos a proponer a las comunidades y los criollos esta obra que va a financiar el Ministerio de Obras Públicas de la Nación. La misma consiste en la realización de nuevas perforaciones, bien profundas, de casi 200 metros cada una y redes de distribución para los pozos que no la tienen”.
El funcionario señaló que el Estado tiene dos objetivos muy importantes con esta sentencia, “por un lado lo que tiene que ver con la interacción con el gobierno provincial y municipal. Por otro lado, la coordinación hacia dentro de los distintos ministerios”. Tienen estadísticas hechas por las propias comunidades, “nos han hecho una devolución de las comunidades. Nos dimos cuenta que el índice que construimos es bastante certero gracias a los señalamientos que nos hicieron las personas del lugar” remarcó Rapetti.
También contó que junto al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentarán los dos primeros ejes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos:”La idea es que las comunidades puedan ser propietarias de sus tierras”, puntualizó Rapetti. Finalizó remarcando que “habrá una conformación de cuatro equipos técnicos de doce integrantes cada uno y se moverán en camionetas. Es un plan que tiene más de doscientas acciones por concretar en un mediano y largo plazo”.
