«Estamos indignados por lo que está pasando ahora con la represión en capital, acá sigue el corte total. Ya no es corte con paso. Se trató de avisar a toda la cantidad de turistas que hay acá para que pudieran salir ayer porque sabíamos lo que iba a pasar». Las palabras a Tiempo de Milton, integrante de la Red Puna y Quebrada, que reúne a 25 organizaciones de productores, productoras, campesinos y campesinas aborígenes del noroeste, sintetizan la situación en Jujuy: un reclamo social que se volvió un estallido ante la jura exprés de la reforma constitucional impulsada por Gerardo Morales.
Actualmente hay 22 cortes totales de ruta en la provincia, especialmente la Ruta 9 de Purmamarca a La Quiaca, la 34 (en Ledesma) y Ruta 66 a la altura de Finca El Pongo. «Es una situación lamentable, estamos muy indignados por lo que está pasando, hermano», acota Milton. Pero al combo se le puede agregar más violencia.
Resulta que el juez federal subrogante, Diego Martín Matteucci, accedió a un pedido de la gobernación: mandar a liberar las rutas. Así, encomendó a Gendarmería y la policía provincial a que «tomen todos los recaudos pertinentes, siempre y cuando las circunstancias de hecho lo permitan, para asegurar la libre circulación por las rutas nacionales». Eso sí, sostuvo que deben hacerlo «absteniéndose del uso de armas de fuego».
En los cortes la población es heterogénea. Hay pueblos originarios, pero también docentes, gremios, organizaciones sociales. Resisten temperaturas de hasta diez grados bajo cero por las noches, y durante el día reciben donaciones, por ejemplos de feriantes de Pericos con cientos de frutas y verduras.
“La asamblea del Tercer Malón de la Paz, todos los gauchos y todas las personas que se encuentran en el corte de Purmamarca nos solidarizamos con nuestros hermanos docentes, con el SEOM (Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Jujuy) y con todas las personas de todos los gremios que están ahora, en este mimo momento, siendo reprimidos brutalmente en San Salvador. Los apoyamos y los esperamos que vengan todos para acá, porque acá vamos a resistir”, remarcaron desde las comunidades aborígenes.
Mientras tanto cerraron el Aeropuerto y están desviando los vuelos a Salta. Y suspendieron provisoriamente el transporte público. La gobernación dictó «asueto administrativo», aunque en la práctica tanto estatales como docentes habían llamado al paro.
Las declaraciones y decisiones de Morales estuvieron lejos de apaciguar el reclamo. «Ese nuevo arreglo que está haciendo Morales (por el anuncio de volver atrás dos artículos), no sé cómo puede funcionar porque esa reforma de la Constitución ya la aprobaron días atrás y clausuraron lo que era la Constituyente –añade Milton–. O sea, ya habrían terminado en teoría esos tiempos y ahora no sé cómo es que la reabre, agarra una goma, borra una parte, vuelve a escribir, no se entiende; tampoco qué legalidad pueda tener eso a futuro porque si vos te ponés a pensar… una Constitución que ya se borronea y se vuelve a escribir, no sé, no se entiende eso, ¿qué va a pasar? Porque puede venir un juez y dice ‘no, esa parte queda como la primera vez’. Además es como para tratar de mostrar o lavar su imagen, ¿no?».
