Son psicólogas, trabajadoras sociales, psiquiatras y calígrafas. Integran los equipos técnicos del Poder Judicial de Córdoba. Y son, en su amplísima mayoría, mujeres: 196, sobre un total de 216 profesionales. Entre los 20 hombres que completan el colectivo, se encuentran la mayor parte de los jefes del área. El reclamo de estas trabajadoras para que el panorama cambie lleva años. Ante la falta de respuestas, optaron por un camino distinto: denunciaron judicialmente al Poder Judicial, desde adentro, por violencia de género laboral, psicológica, económica y simbólica. La demanda colectiva, inédita, fue presentada la semana pasada, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
La presentación se realizó en los Juzgados de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género. Denuncia hechos de violencia de género por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba, en ejercicio de sus facultades de Superintendencia, dispuestas por el administrador general Ricardo Rosemberg, en perjuicio de los derechos de las mujeres trabajadoras de los Equipos Multidisciplinarios del Cuerpo Técnico de Asistencia Judicial. Y cuenta con el aval de la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ).
“Hace más de 20 años que venimos pidiendo cambios. Presentamos proyectos, alternativas, y cuando llegaba el momento de tomar decisiones dejaban de respondernos. Así ha sido a lo largo de los años. En los últimos tiempos vimos que esto tenía que ver con nuestra condición de mujeres. Por nuestra tarea feminizada. Y porque nuestro trabajo es en contacto directo con personas que acuden a la Justicia”, dijo a Tiempo Andrea Zuliani, psicóloga de los Equipos Técnicos y miembro de la Comisión Directiva AGEPJ. Y agregó: “El Poder Judicial está siempre mediatizado por la letra, la palabra escrita, los abogados. Pero el contacto directo con las personas que acuden, víctimas y victimarios de diferentes formas de violencia, lo tenemos los equipos técnicos. Para evaluar a pedido de los jueces, para ver cuestiones que no pueden resolverse desde lo jurídico. Necesitan de nosotras. Y sin embargo nos piden para entrar cinco años de experiencia, matrícula, formación en el área. Entramos como administrativas igual que estudiantes de abogacía con cinco materias. Ya desde ese lugar hay una desventaja hacia nosotras que no se da en ningún otro sector del Poder Judicial”. Zuliani cuestionó que “ponen a dedo, y de los 20 varones la mayoría son coordinadores o jefes. Las masculinidades son privilegiadas. En el equipo donde estoy hay un hombre y es el único jefe. Nos sentimos absolutamente discriminadas”.
La demanda cayó en la Secretaría 11 del Juzgado de Primera Instancia de Niñez, Adolescencia y Violencia Familiar y de Género de 4° Nominación de Córdoba, a cargo de Nélida Wallace. Este lunes se realizó la carga documental de la prueba, luego se debe dar traslado a las partes y esperar una definición de la magistrada. “Esto es mucho más que un cargo, va más allá de eso. Esperemos que nos escuchen. Es del poder judicial hacia adentro y es difícil, pero es un intento”, planteó Zuliani.
El reclamo apunta a lograr “un reordenamiento donde se reconozca nuestro trabajo y nuestra función. Pedimos no quedar en tremenda desventaja como la que estamos. No implica una erogación; ahora los costos los pagamos nosotras que nos jubilamos a la mitad de la carrera, sin poder acceder a una jubilación con un cargo más alto. Toda esta lectura la hacemos a partir del género porque se dan un sinnúmero de situaciones donde podemos advertir esta cosa hegemónica, machista y patriarcal de la Justicia que venimos sufriendo”.
La demanda, de hecho, se enmarca en un reclamo mayor de reforma judicial feminista y transfeminista. “Tiene que ver con eso. La mirada jurídica no puede ser la única para dar respuesta a las problemáticas sociales de las que hablamos. Se enmarca en ese reclamo porque somos dentro del Poder Judicial muchas veces poco escuchadas y tenemos poco espacio para tener una mirada desde la justicia más integral y holística, que se acerque mucho más a las personas y no esté solamente ubicada en los estrados judiciales. Nosotras somos ese medio y ese canal y no tenemos ni siquiera reconocimiento interno”.
La demanda colectiva se presentó cuando se cumplían dos años de otro reclamo histórico en el mismo sentido. La performance del «Techo de Cristal y piso pegajoso” que realizaron el 25 de noviembre de 2019 frente al Tribunal Superior, además de un paro escalonado de 72 horas. Aquella medida se fusionó con un reclamo salarial general del sector. “Pero solamente nos descontaron a mansalva a nosotras, como un modo de disciplinamiento”. Luego llegó la pandemia, que agravó el panorama. Por caso en los juzgados del interior, multifuero, la demanda llegó a triplicarse y recaía en la misma cantidad de técnicas de siempre.
“En esto también intentamos sentar algún precedente para que otras mujeres que sabemos están en otros espacios laborales en condiciones tal vez mucho más graves que las nuestras puedan pensarse colectivamente para defender sus derechos”, dijo Zuliani, con el anhelo de alcanzar un cambio desde adentro. Porque “es grave que un tribunal superior reproduzca hacia adentro las prácticas que venimos rechazando”.
