El 30 de diciembre se cumplirá un año de la aprobación de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que brindó un marco legal al aborto. Si bien, el acceso en hospitales y centros de salud mejoró respecto de 2019, todavía se observan fuertes desigualdades entre provincias.

El dato fue determinado por el Proyecto mirar, una iniciativa del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) e Ibis Reproductive Health, que monitoreó en todo el país la aplicación de la ley, y que se puede consultar desde hoy.

Qué se analizó

El observatorio puso particular énfasis en el entorno normativo: la oferta de servicios, la demanda, la calidad de la atención y los resultados de la aplicación de la normativa donde se reconocen los derechos de las personas gestantes.

En ese ítem, lo que más se destaca es el dato de la desigualdad entre las provincias, en particular las del NOA y NEA. “Por ejemplo, las cifras de mortalidad materna en Formosa, Tucumán, Salta y Chaco superan ampliamente el promedio nacional. También se destacan las brechas en el acceso al aborto legal entre jurisdicciones, como sucede entre Corrientes y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, aporta el informe.

También analiza que la tasa del aborto, (mide la cantidad de abortos por 1.000 mujeres y otras personas en edad fértil), muestra la brecha entre jurisdicciones: en CABA es de 5.6 y en Tierra del Fuego es de 4.3, mientras que en Chaco (0.9) y Formosa (0.6) esa tasa es sensiblemente menor. A su vez, la tasa nacional se ubicó en 3.2.

“Argentina es un país desigual en muchos aspectos. También lo es respecto de las condiciones de factibilidad para implementar la nueva ley. Las realidades sociales y políticas locales plantean escenarios y marcan ritmos distintos para esa implementación”, explicó al respecto Silvina Ramos, socióloga e investigadora del CEDES.

Las cifras

El informe consigna que durante el primer semestre de 2021, 25.894 niñas, adolescentes, mujeres y otras personas con capacidad de gestar accedieron a una IVE/ILE en los servicios de salud del sector público.

En el mismo período, 6.517 personas contactaron a Socorristas en Red para solicitar información en distintos puntos.

De ellas, 5.600 abortaron acompañadas por Socorristas. Seis de cada diez de quienes buscaron acompañamiento tenían entre 18 y 28 años, y el 4% eran adolescentes.

Al analizar el mapa sociosanitario de la Argentina en todo lo que se refiere a la aplicación de las políticas de la ley, el proyecto sugiere impulsar el diálogo con actores estratégicos: “Las desigualdades que arrojan los datos se pueden disminuir con esfuerzos de políticas provinciales con apoyo nacional”, consideró Mariana Romero, médica e investigadora del CEDES.

¿Es accesible la información?

Uno de los datos claves para analizar el acceso a la información y los insumos está en las consultas a la línea de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación: 0800-222-3444. A través de ese contacto se facilita información en los casos necesarios sobre los centros de atención en todo el país y, en coordinación con las provincias.

De acuerdo a lo que pudo observar Proyecto Mirar, de enero a junio de este año, se iniciaron seguimientos de situaciones a partir de 10.529 contactos telefónicos realizados . No todos terminaron en interrupciones del embarazo, pero sí hubo una alta tasa de resolución de las consultas.

“El equipo del proyecto mirar detectó que no hubo una tendencia significativa al aumento en el número de llamadas o seguimientos durante los primeros seis meses del año, lo que puede tener que ver con que este canal no fue todavía lo suficientemente difundido como para lograr un mayor impacto en su utilización, al menos en este primer semestre”, dice el informe.

También destaca que el dato relevante tiene que ver con la cantidad de insumos (en este caso misoprostol). Según pudo corrobar el informe, en el primer semestre de 2021 equiparó al total de tratamientos distribuidos en todo 2020: 18.820 y 18.590 unidades respectivamente.

Lo que sigue, según el reporte, es observar el comportamiento de este indicador puesto que es lo que muestra la respuesta de la política sanitaria para crear condiciones de acceso a la provisión de abortos con buenos estándares de calidad.

Pone énfasis también en la necesidad de difundir los alcances de la ley para que las personas gestantes tengan en claro dónde acudir en el caso para informarse y acceder a un aborto seguro.

Primer año según las actoras clave

De acuerdo a la lectura del estado de situación de quienes tuvieron responsabilidades de gestión y provisión de servicios de aborto señalan que las experiencias de políticas y prácticas de acceso previos a la sanción de la ley, junto a la visibilidad del tema generada por los debates de 2018 y 2020, “construyeron un marco positivo para la implementación de la ley en este primer año”.

Indican además, “sostener y amplificar el acceso a la información y prácticas seguras de IVE/ILE  demanda, según algunos de los testimonios recolectados, mejoras en varias direcciones, como una mayor capacitación al personal de salud en técnicas de aborto y también en buenos tratos hacia sus pacientes”.

En lo que refiere a políticas públicas, destacan que “es fundamental continuar la difusión de lo que marca la ley en todas las jurisdicciones, y contar con la decisión política para sortear eventuales barreras que afecten el derecho de las personas a decidir sobre su propio cuerpo.”

Ahora que es ley

“El marco legal actual provee certidumbre, con pautas claras para los equipos de salud y autoridades sanitarias, y el reconocimiento efectivo de los derechos. Está compuesto por la Ley 27.610, el Decreto reglamentario 516/2021 y el protocolo nacional para la atención de esta práctica”, explicó en el informe Agustina Ramón Michel, abogada e investigadora del CEDES.

Además del protocolo nacional que rige desde este año, existen ocho provincias que brindan lineamientos sobre la provisión de servicios.

Luego de la sanción y reglamentación las jurisdicciones pueden abordar aristas que generan controversias como la objeción de conciencia. “Algunas provincias difundieron con claridad los límites y deberes asociados a la objeción de conciencia, y otras están explorando modalidades, como efectuar listados donde los profesionales que deciden alegar objeción deben anotarse”, detalló Agustina.

Según el monitoreo de proyecto mirar, desde la sanción de la ley se iniciaron 36 acciones judiciales en su contra bajo el alegato de inconstitucionalidad, la mayoría de las cuales fueron rechazadas.

También siguieron su curso procesos a favor de garantizar la IVE/ILE y exigir la rendición de cuentas contra profesionales que obstaculizaron el acceso al aborto legal o violaron el derecho a la confidencialidad de las personas que interrumpieron su embarazo.

“Sin dudas, el movimiento verde en Argentina marcó un hito en América Latina y el mundo, fue inspiracional por el gran avance que hizo en cuanto el acceso equitativo al aborto, y hay mucho que se pueda aprender sobre su implementacion”, analizó Brianna Keefe-Oates, investigadora de salud pública y asesora para Ibis.

«A partir de observar la implementación de la Ley 27.610 y de dialogar con referentes en salud, justicia y políticas públicas en materia de acceso al aborto, proyecto mirar busca aportar un suministro esencial para la toma de decisiones a favor de los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos de las personas, en el país y en la región», aporta el informe.

CEDES es una organización civil sin fines de lucro fundada en 1975 que se dedica a desarrollar actividades de investigación en ciencias sociales. IBIS es una organización no gubernamental que impulsa cambios para mejorar la salud reproductiva y sexual a través de investigaciones rigurosas y colaboraciones basadas en principios que avanzan la autonomía, decisiones y justicia en la salud sexual y reproductiva.

Se puede acceder a todo el informe en www.proyectomirar.org.ar