El caso de Andrea trascendió luego de la violación grupal de Palermo. Pero fue previo y en la localidad de Burruyacú, en Tucumán. Menos visibilizado y con varias dilaciones y trabas para el avance del juicio, llegó este miércoles a una sentencia que tuvo en cuenta la perspectiva de género. Los tres acusados fueron condenados a penas de 8 a 10 años de cárcel y la jueza Isolina Apas Pérez de Nucci resaltó que “el consentimiento en el ámbito sexual debe ser expreso y claro. No existe el consentimiento tácito, es un concepto que se debe abandonar”.

Andrea fue víctima de una violación grupal el 7 de marzo de 2021. Rafael Padilla, David Aranda –miembros de una familia del poder político local- y Hugo Décima abusaron sexualmente de ella en una fiesta en la casa de un vecino. Los tres fueron considerados culpables del delito de abuso sexual con acceso carnal en banda.

“Ha sido una sentencia impecable desde lo técnico. (La jueza) ha considerado a los tres acusados -hoy condenados- como coautores del delito de abuso sexual con acceso carnal en banda. O sea, con el concurso de dos o más personas. Todos han cometido el mismo hecho, pero ha diferenciado las penas: 10 años a Padilla, porque ya tiene una condena anterior de diciembre de 2019 a tres años de prisión por amenazas y lesiones a su ex pareja en un contexto de violencia de género; 9 años a Décima porque además de golpearla, la quemó con cigarrillo antes de violarla; y 8 años a Aranda porque es el que le tiene los brazos para facilitarle la tarea de la violación a los otros. Se ha probado el hecho, con el relato de la víctima en Cámara Gesell, informes psicológicos y médicos, con mensajes de Whatsapp. Había mucha prueba”, resumió Gustavo Morales, abogado representante de la familia de la sobreviviente. La fiscal Andrea Carlino había pedido una pena de 13 años para los implicados.

El juicio debía comenzar el 11 de marzo, pero menos de 24 horas antes y por un planteo de la defensa, el proceso se suspendió. Finalmente, empezó casi un mes después. En el medio hubo otros intentos de dilaciones, como el cuestionamiento de una de las defensas a la validez de la declaración de Andrea por Cámara Gesell. Pero el planteo fue desestimado. “Estaban previstas seis audiencias pero se produjo una dilación indebida porque las defensas trataron de poner en duda la filmación de la Cámara Gesell y se probó que eran desperfectos técnicos pero que no afectaban la linealidad del relato. La psicóloga que estaban con ella dijo que su discurso en todo momento fue coherente, lúcido, consistente, sin fisuras incluso cuando fue interrogada por las distintas partes”, señaló el letrado a este medio. Esa declaración tuvo una demora de cuatro horas y una duración de cinco: un padecimiento de nueve horas para la víctima de la violación grupal, algo que fue considerado por la magistrada.

Además, la jueza hizo hincapié en la cuestión del consentimiento, clave en casos de violaciones grupales e individuales. Luego de que uno de los abogados defensores se refiriera a un “consentimiento tácito” por parte de Andrea, la jueza Pérez de Nucci negó que tal noción pueda ser tenida en cuenta. “Hubo un defensor que, con un lenguaje que ella denomina inadecuado, habló de consentimiento tácito. Y no existe. En un contexto como este, y en el marco de una violación, no puede haber consentimiento tácito, debe ser expreso y espontáneo. La jueza llamó la atención sobre esos conceptos misóginos y patriarcales, porque estos lenguajes se cristalizan en comportamientos”, remarcó Morales. Además, la magistrada exhortó al Poder Ejecutivo a que, a través del Servicio Penitenciario, brinde tratamiento psicológico a los condenados.

Padilla, Décima y Aranda llegaron al juicio detenidos en una comisaría. Con la sentencia, se ordenó su traslado a un penal. Desde su entorno hubo amenazas y hostigamientos a la familia de Andrea a lo largo de todo este año de búsqueda de justicia. “Desde que hicimos la denuncia comenzaron las agresiones”, contó en su momento a Tiempo la mamá de la joven, Erika. Y describió: “A mi hija le sacaban fotos, las publicaban en redes, se burlaban de ella. Decían ‘ahí está la supuesta violada’ o ‘no parece violada’”. El amedrentamiento incluyó denuncias y medidas perimetrales impuestas contra la víctima a pedido de familiares de los imputados, así como ataques físicos a parientes de la joven.

“En el pueblo es una locura. Salís a la esquina y te encontrás con familiares de ellos. Acá hay apoyo también, pero no es visible. Porque como son una familia con poder hay miedo a represalias”, lamentó Erika antes del inicio del juicio. Este miércoles, organizaciones sociales y feministas acompañaron a Andrea y su familia con cantos y pancartas frente a los tribunales.