La ministra Elizabeth Gómez Alcorta anunció junto al equipo del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad un proceso de trabajo para diseñar una reforma integral de la Ley 26.485 de “Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”.
Diputadas, senadoras y funcionarias del ministerio participaron del encuentro que tuvo lugar en el salón Delia Parodi del Congreso de la Nación en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y de él participaron las titulares de las comisiones de la Banca de la Mujer del Senado, Norma Durango (FDT), y de la comisión de Mujeres y Diversidades de Diputados, Mónica Macha, entre otras parlamentarias del Frente de Todos.
“Para nosotras hoy es un día de lucha. Podríamos decir que siempre son días de lucha”, expresó Gómez Alcorta quien cerró el encuentro. La ministra se refirió a la historia de las hermanas Mirabal asesinadas cruelmente por el dictador Rafael Trujillo. “Destaco esa historia, porque, es importante saber que Minerva y María Teresa habían sido encarceladas y ellas también fueron presas políticas como lo sigue siendo hoy Milagro Sala”, dijo ante un largo aplauso de legisladoras y funcionarias.
Respecto de la presentación para la actualización de la ley, Gómez Alcorta expresó. “En diez años las compañeras que estén ocupando estos mismos espacios van a mirar para atrás para saber cuál fue nuestra responsabilidad y nuestro rol en este momento histórico en que somos protagonistas”. Y agregó, “en 2009 había que adecuar nuestra legislación interna a la Convención de Belem Do Pará. Esa adecuación puso a la Argentina a la vanguardia. Esta ley es la que nos ha podido sostener en muchas de las luchas que hemos dado estos años ha sido el plafón para poder pensar la política a llevar en estos años”.
“Que tengamos que repensar una ley que hace doce años se sancionó habla de la enorme transformación que sucedió en términos culturales, políticos e institucionales en nuestro país. Si no hubiese pasado nada, no tendríamos que estar cambiando la ley. La tuvimos que cambiar porque hubo un 2015 en Ni Una Menos que puso en agenda política esta problemática. El ministerio viene a modificar esta agenda arrastrada de esa lucha con una decisión política de un país”.
“No queremos una norma que nazca de un escritorio, sino tomar las voces plurales y diversas”, dijo y destacó que “necesitamos una norma que se construya como construimos las feministas, que es en redes”.
Entre otras cosas, se refirió a la violencia laboral, y dijo que “las que tienen que hablar son las trabajadoras y sindicalistas”, en tanto que cuando se habla de políticas públicas deberán “ser las compañeras que ejercen la política de cualquier ámbito” quienes se expresen y cuando se “hable de violencia mediática las que deberán opinar serán las compañeras periodistas”.
“Necesitamos todas las voces y las miradas y necesitamos de una norma que se construya con muchísima legitimidad, como construimos las feministas, que es en redes, colectivamente, llegando a consensos, aprendiendo que ninguna sabe todo y otra puede hacer un buen aporte”, completó.
Subrayó que desde el Ministerio trabajaron la idea de “convocar a los varones y a todas las fuerzas políticas” para que “todos estén involucrados” y que cuando se tenga “la norma escrita” se la sienta “de todos”, sabiendo que “también hay que conceder porque nadie tiene la verdad. Lo pensamos como un proceso social participativo territorial profundamente federal y en formato presencial de seis meses, con ejes amplios”, completó.
En la apertura del encuentro, la secretaria parlamentaria del bloque del FDT, Paula Penacca, señaló la importancia del debate “con una ampliación participación y se puedan alcanzar todos los consensos” entre todos los bloques parlamentarios para que se pueda lograr una iniciativa que “permita tener más derechos y fortalecer a los movimientos feministas”.
Por su parte, la presidenta de la comisión de Mujeres y Diversidad, Mónica Macha, dijo que a “más de diez años de su sanción tenemos la responsabilidad transfeminista de actualizar esta ley a la luz de la época que vivimos. La Ley 26.485, que está vinculada a buscar la forma de erradicar las violencias hacia las mujeres, ha sido producto de un trabajo enorme de las compañeras que estuvieron en ambas cámaras, pero hoy necesita una actualización”, completó.
En tanto, la legisladora Mara Brawer consideró necesario “repensar la ley con todas las voces en primera persona, diversas y plurales” y con “un enfoque interseccional y de clase para lograr una Argentina sin violencia”.
Por su parte, la senadora del FDT Norma Durango remarcó que “se han conseguido muchos derechos con la ley 26485”, aunque asumió que aún hay “mucho por hacer”. Por esa razón, dijo que acompañaba la decisión de “realizar una reforma integral” de esa iniciativa con los foros participativos que se van a realizar durante el próximo año en todo el país.
El proyecto de ley, que se presentará el 25 de noviembre del próximo año, se trabajará en foros participativos y federales que buscan incorporar las voces de todos los sectores y territorios. Las convocatorias se realizarán a través del MMGyD en conjunto con la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación y la Comisión de la Banca de la Mujer del Senado de la Nación. Además, se convocarán encuentros regionales en las sedes de distintas Universidades Nacionales y otros espacios de la comunidad para debatir y compartir miradas acerca de los lineamientos y ejes estratégicos que se proponen, siempre que la situación sanitaria lo permita.
¿Cómo será el proceso de trabajo?
Se realizarán las convocatorias a través del MMGyD en conjunto con la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación y la Comisión Banca de la Mujer del Senado de la Nación.
Se convocarán encuentros regionales en las sedes de distintas Universidades Nacionales y otros espacios de la comunidad para debatir y compartir miradas acerca de los lineamientos y ejes estratégicos que se proponen, siempre y cuando la situación sanitaria lo permita.
Se invitará a participar a actores institucionales, actores comunitarios, organizaciones y público en general a exponer propuestas sobre cada uno de los ejes que se aborden.
La construcción colectiva de la propuesta de Reforma Integral se realizará en un tiempo no menor a seis meses. Luego se establecerá un plazo de tres meses para la redacción del proyecto de ley.
Para las mesas de trabajo se convocará a expertxs de diferentes áreas a debatir en torno a los distintos temas prioritarios para el proyecto de reforma de la ley.