Zaida Mamani repite una y otra vez que jamás olvidará la imagen de su hija Joselin apuñalada y en estado de agonía adentro de su casa, mientras la policía la apartaba a ella, la interrogaba y se negaba a auxiliar a la pequeña de 10 años que finalmente murió en el mismo lugar donde fue atacada.
La justicia acusó a Zaida por el asesinato y nunca investigó los otros elementos que aparecen en la causa y que apuntan a otras personas. Por eso es que la Red de Acompañamiento Justicia por Joselin Mamani concentraron este viernes a las 11 frente a Tribunales de Lomas de Zamora (avenida Larroque 2450) por la falta de resolución del asesinato de la niña de 10 años.
El 7 de enero de 2019, Zaida salió de su casa para ir al banco, en Longchamps, donde vivía, para cobrar la asignación. Ese día hacía mucho calor, por eso Joselin su única hija, le pidió quedarse en casa. Antes de irse, Zaida se despidió de ella y le dijo que cerrara con llaves. Volvió poco después porque no le habían depositado el dinero y encontró la puerta de la casa abierta y a Joselin tirada en el piso de la cocina, herida con arma blanca.
“La vi y salí corriendo a pedir ayuda. Más de media hora tardó en llegar la policía”, cuenta a Zaida a Tiempo Argentino. “El primer policía me sacó de donde estaba mi hija hacia el patio y la dejó encerrada sola. Yo le pedía por favor que la lleve en su auto. Pero no, me tuvieron una hora interrogando mientras ella estaba agonizando. Cuando terminaron ella ya había dejado de quejarse”, cuenta Zaida.
La mujer está imputada por “homicidio doblemente agravado por el vínculo y por alevosía”. El año pasado pidieron el sobreseimiento, pero volvieron a negarlo apoyados en pruebas muy débiles. La causa hoy está en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 17 de Lomas de Zamora, a cargo de Juan Manuel Baloira.
En agosto de 2022, el abogado Ernesto Flores asumió la defensa de Zaira. Fue recién entonces cuando pudo acceder a la causa. “A mí me decían que yo debía tener acceso a la causa, pero el abogado anterior que era un abogado público me decía que no nos la daban”, cuenta Zaida.
Fue allí donde se encontraron con las declaraciones de una pareja vecina que estuvo en la escena del crimen y de quienes Zaida guardaba alguna sospecha. La defensa pide que los llamen a declarar a ellos dadas todas las contradicciones que están en la causa misma. El pedido se hizo en enero y hasta hoy no los llamaron a declarar.
La investigación que falta
Zaida cuenta que cuando Flores llegó a su casa con el expediente se quedaron sorprendidos. “Me dio escalofríos. Cómo puede ser que este sospechoso ya había declarado en 2019, en abril. Dijo que había entrado en la casa, que se resbaló en la sangre de mi hija y que pidió limpiar su zapatilla para quitar la sangre. Dice que la encontró agonizando y que después ya no hablaba, y también describe el cuerpito de mi hija estaba todo cortado. Yo me pregunto, ¿cómo entraron si el portón no estaba forzado?”, dice Zaida.
También cuenta que el día anterior a ese lunes que asesinaron a Joselin de 72 puñaladas, la pareja de este hombre fue a pedirle plata y que ella no tenía. Jamás le dijo que al otro día cobraba. Sin embargo, la mujer declaró que Zaida había ido al banco, un dato que sólo tenía Joselin. A su regreso, Zaida, además de encontrar a Joselin asesinada, vio que tenía toda la ropa de su ropero sobre la cama.
“No investigaron nada de eso. Era una familia que yo ayudaba mucho. Si es así, si ellos encontraron a la nena en ese estado, ¿por qué no llamaron a la policía? ¿por qué no avisaron a los vecinos?”, se pregunta Zaida.
En el expediente también figuran como testigos otros vecinos que efectivamente vieron entrar y salir de la casa a la pareja antes de que Zaida llegara.
La causa al inicio quedó en manos de la fiscal Fabiola Juanatey, de la UFI 2 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Ella imputó a Mamani. En 2022, la causa pasó a la UFI 17 de Violencia de Género y Familiar y esa fiscalía decidió seguir con la imputación.
“Necesito que el juez escuche lo que estoy diciendo. Soy una mamá que estoy esperando justicia por mi hija y espero también mi sobreseimiento. No entiendo por qué tardan tanto en darme el sobreseimiento, con qué pruebas pretenden tenerme. Ellos sin investigar ni llamar a declaraciones me tienen ahí a mí en vez de llamar las pericias. Le dijeron al abogado que van a llamar para periciar y bueno, que lo hagan de una vez. No quisiera pasar un año sin respuestas. Se cumplieron cuatro años y no quisiera que pase uno más”.
Pruebas débiles
La imputación de Zaida se basa en la autopsia de Joselin. De acuerdo a ese informe, las heridas en el cuerpo de la niña, excepto las dos que produjeron su muerte, se provocaron con muy poca fuerza y presumen que fueron realizadas por una mujer.
“Hay un análisis de pruebas realizado por un investigador, un excomisario de apellido Julián quien analizó todo el expediente y la autopsia. Ese hombre habría determinado que la única persona que estuvo en el lugar del hecho fue Zaida y como las heridas fueron hechas con poca fuerza, debería ser ella la que cometió el crimen”, explica el abogado Ernesto Flores en una entrevista al programa de radio La Patria de las Moscas.
El abogado afirma también que en el expediente se habla de una vecina que estuvo en el lugar del hecho, por lo que se contradice completamente con el análisis del excomisario.
El año pasado se solicitó el sobreseimiento de Zaida, pero fue denegado en dos ocasiones. La Cámara de Apelación Casación mandó a que fundamenten por qué se niega este sobreseimiento y sin continúan con la acusación. Esta semana salió la resolución donde hacen lugar al pedido del fiscal y continúan con la acusación.
Para el abogado defensor, esta acusación tiene un sesgo racista y misógino. Zaida es una mujer migrante que llegó desde Bolivia a los 19 años, hoy tiene 38. “Zaida no contó con el asesoramiento legal que corresponde. Pidió ayuda, estos organismos no la ayudaron y además la acusaron. Pasó de víctima a victimaria”, explicó Flores.
Revictimizar, una costumbre de la justicia
Zaida fue sometida a diferentes pericias psiquiátricas y psicológicas y ninguna dio un resultado que la implicara.
“Fui a la justicia a buscar respuesta y no recibí ni un resultado, ni una prueba. Lo único que tuve en mis manos fue un papel de imputación. Es una vergüenza lo que hizo esa fiscal. Además, juntaron testimonios de gente que ni siquiera vivía en la cuadra. Dijeron que yo había salido a las seis de la mañana con la nena. Yo nunca salí, salí a las 10 de la mañana y no salí con mi hija porque hacía calor y siempre nos tocaba hacer mucha cola para cobrar.”
En ese momento, Zaida estaba comenzando una nueva relación. Llevaba meses separada de su anterior pareja de quién había sufrido violencia de género. En las primeras informaciones del caso, se puso el foco en ella y en su relación con ese hombre violento. Dijeron que ella mantenía un vínculo con el padre de su expareja y que el crimen de su hija fue una “venganza”. Se trata de Carlos Correa y su papá Rubén quienes también están imputados en la causa.
“A mí me trataron muy mal. Sigo sin tener contacto con mi familia y con muchos de mis vecinos. No entiendo por qué la fiscal tenía que fijarse en mi vida personal e imputarme aun sabiendo que yo sufría violencia por parte de ese hombre, yo declaré todo. Y más aun sabiendo que soy una mamá que soy víctima también del asesinato de mi hija. Por no investigar, lo más fácil fue investigarme a mí”.
Por Joselin
Zaida dice que recuerda cada día a su hijita Joselin. Cada vez que habla de ella su voz se quiebra y parece temblar. Sin embargo, jura que va a luchar hasta conseguir justicia para su niña.
“Ella era todo para mí. Nunca la voy a olvidar con la que hicieron con ella no tiene perdón. Cuando quedé embarazada su papá me abandonó, tenía tres meses de embarazo cuando se fue. Trabajé toda la vida para criarla a ella y nunca la dejé sola”, dice la mujer.
Hace cuatro meses fue mamá de nuevo, también de una nena. “Doy gracias a Dios que me dio otra niña. Si hubiera matado a mi hija Dios no me hubiera mandado otra hija para criar”, dice Zaida.
Zaida está acompañada ahora por un grupo integrado por diferentes colectivos, organizaciones y abogados que trabajan en el pedido de justicia.
