El protocolo para la atención integral de personas que optan por acceder a la interrupción voluntaria y legal del embarazo quedó oficializado con la publicación de su aprobación por parte de la cartera de Salud, encabezada por Carla Vizzotti, en el Boletín Oficial. La norma dispone que el protocolo se incorpora al Programa Nacional de Garantía de Calidad de la atención médica.
“Esta es una enorme conquista en nuestra historia. Este protocolo llega otorgando las herramientas no sólo para que la gente pueda conocer y reclamar sus derechos si no para que el Estado lo garantice de la manera que corresponde”, dijo Vilma Ibarra, Secretaria de Ciencia y Técnica de la Nación. “Esto es producto de muchas luchas de muchas personas, de muchas diversidades”, destacó. “Hoy tenemos un protocolo que llega a todo el territorio enmarcado en una ley. Eso habla de un bloque constitucional que establece un contexto de la situación del aborto en el mundo, en la Argentina y en la región. Establece los derechos de las personas gestantes, cómo se enmarcan esos derechos y después cómo lo garantizamos”, afirmó. “Esto nos pasa ahora, pero no nos pasó siempre, por eso tenemos que destacarlo”.
En ese sentido, otra de las oradoras del acto virtual fue Elizabeth Gómez Alcorta quien afirmó, “esta ley 27610 vino a sacar de la clandestinidad la decisión de miles de mujeres, vino a evitar muertes y atender de manera integral una cuestión que definitivamente está en el ámbito de la salud público. Vino a reivindicar el derecho de decidir en libertad, con autonomía, sin coerciones externas de ningún tipo, que la maternidad no puede ser un mandato natural para las mujeres sino que tiene que ser deseada. El año pasado tuvimos la certeza de transitar un momento histórico. El Estado tiene la obligación de garantizar el acceso a los derechos y este protocolo lo hace. Es garantizar el acceso en todo el país que es amplio, diverso, federal”.
Por su parte, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, desde Cuba destacó la importancia de esta presentación. “Esto que es un derecho humano consagrado universalmente e integral esto todavía no ocurre para millones de mujeres y diversidades, mencionar que esta resolución ministerial, que se publique y se haga un acto mujeres del ministerio es muy relevante en el medio de una pandemia estamos trabajando para seguir ampliando derechos para implementarlos en forma efectiva en todo el país, trabajando desde Nación, desde las provincias, desde los municipios”.
El protocolo, según explicó Valeria Isla, directora de Salud sexual y reproductiva, busca sumar más equipos de salud para realizar las prácticas. Tiene dos grandes aparatados, por un lado el marco legal que hace un recorrido sobre condiciones de accesos, principios rectores, plazos, objeción de conciencia y responsabilidades de todo el sistema de salud. Por otro lado, están las indicaciones del estándar del proceso de atención que debe ser integral para el acceso.
Entre las oradoras estuvo Marta Alanís, de Católicas por el Derecho a Decidir e integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito que cumple este viernes 16 años. “Estoy contenta porque hemos logrado una de las mejores leyes que no tutela a las mujeres sino que aumenta su autonomía y esto lo logramos por la potencia del movimiento feminista. Esto no siempre sucede y no siempre sucede por ley”, destacó.
“El protocolo viene a poner calidad para que las mujeres y personas gestantes puedan ir sin obstáculos a pedir la práctica y que el sistema de salud tenga claridad de cómo actuar. Pone luz para que se garantice un derecho largamente vulnerado”. También enfatizó y pidió una campaña de difusión de la ley.
La resolución señala en sus considerandos que, mediante la Ley Nº 27.610, se reguló el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo y a la atención postaborto, en cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado argentino en materia de salud pública y derechos humanos de las mujeres y de otras personas con capacidad de gestar para contribuir a la reducción de la morbilidad y mortalidad prevenible.
Recuerda también que la citada ley se enmarca en los derechos consagrados en distintos Tratados Internacionales, con rango constitucional, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) y su Protocolo Facultativo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Además, se inspira en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer “Convención De Belem Do Para”, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Por otro lado, se resalta que la interrupción del embarazo es “una política de salud pública dentro del conjunto de políticas necesarias para garantizar la salud sexual y reproductiva de las niñas, adolescentes, mujeres y otras personas con capacidad de gestar y, con ella, sus derechos humanos”.
Señala “una ley que desarrolla la respuesta integral de las políticas de salud sexual y reproductiva”.
La presentación formal del protocolo se realizó de manera virtual en el Ministerio de Salud y también participaron la ministra de Salud de Entre Ríos, Sonia Velázquez, la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, y Marta Alanís de Católicas por el Derecho a Decidir.
El evento coincide con el Día de Acción por la Salud de las Mujeres. La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) fue sancionada por el Congreso el 30 de diciembre de 2020 y promulgada el 14 de enero de 2021. La norma establece el derecho al aborto en todos los casos hasta la semana catorce de gestación inclusive.
