La estrategia fue decir “morbilidad y mortalidad materna” en la primera campaña. Fue justo después del V Encuentro Internacional sobre Salud de la Mujer que había convocado la Red Mundial de Mujeres y que se llevaba a cabo en Costa Rica durante 1987. Hubo una reunión donde las feministas expresaron su preocupación por los derechos humanos de las mujeres, en especial, los sexuales y reproductivos mientras América latina atravesaba dictaduras infames.
¿Cómo promover una mirada política que garantizara el acceso a los servicios de salud sin hablar de forma directa de estos derechos? ¿Sin mencionar la palabra “aborto”? Se eligió, entonces, hablar de la morbilidad y se hizo un llamado a la “acción” para evitar que la fecha se transformara en una efeméride de conmemoraciones vacías.
La iniciativa de la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe consolidó al 28 de mayo como el Día Internacional de la Acción por la Salud de las Mujeres. Así lo cuenta Eliana Riaño, coordinadora de Comunicaciones y del programa Aborto de esta Red desde Bogotá, Colombia. “En 1987 no era tan fácil hablar del aborto, de los derechos sexuales y reproductivos o ponerlos en la agenda política de los gobiernos. Entonces, más bien, los fuimos metiendo por las ranuras y por eso se planteó el tema de la mortalidad materna para incluir el aborto y la atención que deben tener las mujeres. Las compañeras (de la Red) que estaban sentadas en esa reunión dijeron tenemos que concluir una estrategia porque ya sabemos que los gobiernos nos van a decir, de entrada, que no”. Y así se hizo. Ya pasaron 35 años y el grito global por la salud se instauró como parte de la agenda de lucha de las organizaciones, pero también en las agendas de los estados. Aunque los obstáculos no han desaparecido.
Más recursos, menos religiones
“Es evidente que, en los 2 años de pandemia, con el aislamiento, hubo una retracción de la atención de los servicios de salud sexual y reproductiva” dice a Tiempo la médica Mabel Bianco, presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM). Los motivos que señala son diversos: unidades de atención primaria que se destinaron a la atención del covid-19, lo que obligó a las mujeres a desplazarse hasta hospitales lejanos de sus barrios. Muchas de ellas eligieron no ir para evitar los contagios o simplemente, no pudieron por la distancia. Ahora, que los contagios han cedido, los servicios de salud están sobrecargados, los turnos se dan con meses de retraso y para todo tipo de dolencias, no solo las ginecológicas. “Esta realidad exige mayor presupuesto en métodos anticonceptivos y más personal para recuperar el ritmo de la cobertura que se tenía antes”, afirma Bianco.
El impacto de la pandemia se evidencia en el sistema de salud. “Se vio un aumento en casos de embarazos que solicitaron IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo) porque no los pudieron prevenir, todo es una cadena”, señala Bianco. Entre los principales obstáculos para el acceso a los derechos sexuales y reproductivos, menciona que “en algunos lugares, especialmente rurales o semi, hay grupos religiosos que promueven que no se haga la anticoncepción ni se cumpla la IVE o ILE (Interrupción Legal del Embarazo). Persiguen y atacan al personal que está en esas funciones. Algunos son grupos neopentecostales”. Estos grupos se concentran en las zonas de NEA y NOA del país, sobre todo en los distritos con población indígena. “No dejan a las mujeres usar el método (anticonceptivo), hay persecución y casos donde llegaron a quemarles los autos a las profesionales mujeres”, cuenta Bianco.
Si bien ponderó como positivo el funcionamiento del Plan Nacional de Embarazo No Intencional en la Adolescencia (Enia), Bianco menciona como obstáculo a la falta de cumplimiento de la Ley de Educación Sexual Integral. “Cuando toca el día de la ESI en los lugares donde sí hay, muchas familias no mandan a los niños a la escuela”, afirma.
Si bien los derechos sexuales y reproductivos tienen una importancia central, una concepción integral de la salud requiere prestar atención a todos los aspectos de la vida. “Es muy importante que se incorpore la salud ocupacional, los problemas psicológicos, físicos, sociales vinculados al desempeño de las tareas (que realizan) las mujeres y niñas”, afirma. Para Bianco es necesario velar por la salud mental de las mujeres que ejercieron (y ejercen) un rol de cuidado en el contexto de la pandemia de covid-19. Sobre todo, considerando que el personal de salud –sumamente sobrecargado- se encuentra conformado, en su mayoría, por mujeres.
Una masa crítica que necesita ampliación
“Se está trabajando en el Congreso en una la ley de obstetras para brindar servicios integrales de salud sexual y reproductiva, para crecer en cantidad de equipo de atención primaria, salitas, consejerías de acceso a métodos anticonceptivos, consejerías para ILE – IVE y dispensa del misosprostol disponible que se envía a las provincias”, dice a Tiempo, Valeria Isla, directora nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación. Respecto al cumplimiento de la Ley 27.610 de IVE, cuenta que en el país “hay 1.360 equipos que hacen la práctica, removiendo resistencias con capacitaciones, asistencias técnicas, trabajo con los equipos de las provincias, están haciendo un trabajo grande de sensibilización”. Entre los desafíos que aún encuentra en las diferentes jurisdicciones menciona la necesidad de aumentar la cantidad de equipos de salud que realicen las prácticas, no sólo en el sector público, también en obras sociales y prepagas.
“Tenemos una masa crítica aplicando la ley, pero necesitamos ampliar los equipos, nuestra meta es que se incorpore la IVE como (ya está incorporada) la anticoncepción en los botiquines de salud”, afirma Isla.
La directora contó que Argentina recibió la donación por parte de una ONG internacional, de 25.500 tratamientos de mifepristona combinados con misosprostol para producir las interrupciones de los embarazos. “Es un medicamento que la Argentina no tiene y que ha sido muy esperado. Acorta los tiempos del proceso y es menos doloroso”, destacó. El próximo 8 de junio se capacitará a los equipos respecto de su utilización.
Durante el segundo semestre de 2021, la Dirección distribuyó un total de 250 equipos de Aspiración Manual Endouterina (Ameu) a 18 provincias. “La práctica de Ameu en Argentina es la más baja de la región. Es un proceso lento, parejo. Buenos Aires lo está incorporando, NOA y NEA también”. La directora afirma que a partir de la implementación de la ley se hace evidente que cada provincia no es uniforme. “Puede pasar que en una misma provincia haya dos servicios (de salud) que brinden una IVE de alta calidad y haya otro donde no exista esa posibilidad. Disminuir las inequidades al interior de cada provincia es un obstáculo”, concluye Isla.
Cómo fue el acceso a la interrupción del embarazo
En la actualidad, un total de 1347 hospitales y centros de salud de todo el país brindan servicios de acceso a la IVE/ILE. En 2021, se informaron 64.164 interrupciones realizadas en forma segura. Las interrupciones pueden realizarse con el medicamento misoprostol, en la mayoría de los casos en forma ambulatoria y, para algunas situaciones, puede requerir un tratamiento quirúrgico de bajo riesgo con un equipo de Aspiración Manual Endouterina (AMEU).
Se distribuyeron 74.057 tratamientos de misoprostol en 2021 y está prevista la distribución de 100.000 tratamientos en 2022.
La línea 0800-222-3444 es una línea telefónica nacional, gratuita y confidencial de salud sexual y reproductiva, que brinda información de forma integral a toda la población. En el año 2021, se recibieron 41.160 llamados, de los cuales 19.196 generaron secuencias. De éstas, 17.943 fueron consultas por IVE/ILE.
