El Juzgado de Control de Villa María liberó a cuatro mujeres que habían sido detenidas luego de ser acusadas de practicar un “aborto clandestino” en esa ciudad cordobesa, aunque advirtieron que seguirán vinculadas a la causa.
“Las detenciones son violatorias de los derechos establecidos en la ley 27610 que regula el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención postaborto”, sostuvo ante medios locales la abogada Mayca Balaguer, de la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) y de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito de Córdoba.
De acuerdo a la información suministrada por fuentes de la Red de Socorristas, cuatro mujeres fueron detenidas el miércoles pasado, dos de ellas integrantes de esa organización, cuando “acompañaban” un “aborto voluntario” domiciliario en la ciudad cordobesa de Villa María.
Dos de las “socorristas” fueron imputadas por el delito de “ejercicio ilegal de la medicina” y otras dos por “encubrimiento”, informó una fuente judicial.
Desde la Red de Socorristas también afirmaron que “no son abortos clandestinos. Son abortos autogestionados”, y lo que hacen los integrantes de esa organización es brindar “información, acompañamiento y contención” en ese proceso de “aborto voluntario”.
La policía provincial, por directivas del Ministerio Público Fiscal (MPF), realizó varios allanamientos domiciliarios, secuestraron documentación y otros elementos que fueron puestos a disposición de la investigación de la Justicia.
Desde la Red de Socorristas también destacaron que a nivel internacional las recomendaciones y directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS) “reconocen el papel fundamental que cumplen las redes de acompañantes en todo el mundo, y la importancia de la comunidad para la protección de la salud, tanto para la disminución de riesgos como para el alivio de la culpabilización que rodea la decisión de abortar”.
Preocupación en el Ministerio de las Mujeres de Nación
Por su parte, a través de una presentación judicial dirigida a la jueza María Soledad Dottori, del juzgado de Control de Villa María, Mazzina expresó su preocupación por las detenciones de las socorristas que liberadas el mediodía del lunes pero siguen vinculadas a la causa.
En el documento, además, la funcionaria advirtió que “en la causa se acusa a las detenidas de ejercicio ilegal de la medicina, hasta donde ha trascendido en los medios de comunicación, delito excarcelable en su pena máxima imponible y que por tanto no debería ser objeto de prisión preventiva o privación alguna de la libertad en el marco del proceso judicial de determinación de la existencia del hecho”.
En otro apartado, la ministra apeló a la aplicación estricta del principio de juicio en libertad y presunción de inocencia: “Las integrantes de la red nacional Socorristas en red que están siendo investigadas en esta causa, han pasado las fiestas navideñas privadas de su libertad sin una justificación adecuada”.
“Los motivos en los que se basó la medida coercitiva que pesa sobre ellas fueron el peligro de fuga y el entorpecimiento de la investigación. No obstante, las cuatro detenidas tienen arraigo suficiente y se han mostrado dispuestas a colaborar en todo lo que les sea posible con la investigación”, agregó el documento.
Además de la libertad como regla, que debe respetarse de forma estricta, incluso durante la investigación penal por la posible comisión de delitos, debe respetarse la “presunción de inocencia que le asiste a todas las personas sometidas a un proceso penal”.
“Si bien este derecho no es absoluto, no puede ser restringido o suspendido incluso transitoriamente sin una justificación adecuada, suficiente y se compruebe que la medida es proporcional al beneficio que imputa al proceso de esclarecimiento de la verdad de los hechos”, agregó.
A favor de las imputadas, el Ministerio explicó que según trascendió públicamente, hubo “numerosos allanamientos y secuestro de objetos y documentación que se desarrollaron con total normalidad, lo que demuestra no solo la innecesariedad de la detención sino lo inútil de su sostenimiento”, por lo que “deben considerarse todas aquellas cuestiones vinculadas a la salud física y emocional de las imputadas”.
“En función de todo lo manifestado, se impone la necesidad de efectuar una revisión seria y profunda de las detenciones ordenadas ya que no se encuentran presentes a nuestro entender los extremos para sostener a las imputadas privadas de su libertad”, agregó la funcionaria.
