El mundo del trabajo está cada vez más desregulado. Se firman contratos individuales. Son menos los puestos amparados por un convenio colectivo que puedan ser defendidos por un sindicato. Las y los trabajadores no comparten espacios físicos de trabajo que faciliten una negociación colectiva. La modalidad de trabajo como monotributista fue ganando importancia en el último tiempo, especialmente luego de la pandemia, y lo mismo ocurre con el empleo informal (estimado a partir de datos de INDEC) que exhibe un crecimiento notorio desde mediados de 2020. Ante ese escenario de desprotección se tornan relevantes las medidas de política que apuntan a garantizar los derechos que la lógica del mercado niega; entre ellos acceder a una jubilación digna.

El pasado miércoles 20 de julio, mediante la Resolución 174/2022 de Anses, se formalizó la decisión presidencial de prorrogar el actual régimen para acceder a una moratoria previsional, que vencía el sábado 23 de julio y estaba vigente desde 2014 (Ley 26.970). La prórroga tendrá vigencia “hasta que el Congreso sancione una nueva ley”; actualmente existe un proyecto con media sanción en el Senado pero que no llegaba a aprobarse a tiempo antes de la prescripción del vigente. Según informa la página de Anses, se encuentran vigentes dos moratorias: la Ley 24.476 y la previamente citada. Las moratorias son el mecanismo que le ha permitido a millones de personas mayores acceder a una jubilación aún sin cumplir con los 30 años de aportes que exige la ley. 

Tan importante resultó esta medida, que hoy el porcentaje de jubilados por moratoria supera ampliamente al del resto. Así lo mostró un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) en base a datos oficiales de Anses: al mes de marzo de 2022, de los 5,2 millones de haberes pagados, solo 1,8 millones (35%) fueron a trabajadoras y trabajadores con más de 30 años de aportes. A su vez, de ese universo de personas la gran mayoría son mujeres. Con información actualizada hasta 2021, el informe muestra que el 75% de quienes poseen jubilación por moratoria son mujeres. Es decir que la moratoria no sólo es una política que garantiza derechos, sino que también es una apuesta con perspectiva de género.

Se advierte que al día de hoy existen más de 1,5 millones de personas en edad de jubilarse que no poseen los 30 años de aporte requeridos; de ese total el 45% directamente no tiene aporte alguno; y de ese último total el 77% son mujeres, según el análisis del CEPA. Aquello arroja un total de 523.000 adultas mayores a quienes potencialmente beneficiará la prórroga de la moratoria. 

Asimismo, se subraya otro dato importante: que apenas 1 de cada 10 mujeres adultas mayores cuentan con más de 20 años de aporte, y podrían estar eventualmente en condiciones de jubilarse, pero apenas 7 de cada 100 cuentan con más de 25 años de aporte. En el caso de los varones ese número es 3 de cada 10 y 16 de cada 100 hombres, respectivamente. Como dijimos, la moratoria es también una política de género.

La información disponible del Ministerio de Trabajo para puestos registrados permite categorizar a quienes podrían jubilarse según el ámbito donde realizaron sus aportes. El grueso de las y los aportantes provienen del sector privado (48% del total); le siguen en importancia las y los trabajadores del sector público (27% del total) y en tercer lugar están las y los monotributistas (14%). Esa es una imagen clara que caracteriza al mercado laboral argentino; como veremos más adelante. Con menor importancia relativa se encuentran otros tres ámbitos laborales: las trabajadoras en casas particulares (4% del total), las y los monotributistas sociales (4%) y las y los trabajadores autónomos (3%). 

Entre las y los trabajadores del sector privado, el 18% estaría en condiciones de poder jubilarse, mientras en el sector público ese porcentaje asciende al 36% del total de trabajadores, según el informe del CEPA.  Entre las y los monotributistas el 6% podría jubilarse, contando con entre 25 a 27 años de aportes, mientras que para las y los autónomos el ratio sube al 20%. Pero el guarismo es notorio en los sectores más vulnerables: entre las empleadas domésticas apenas el 0,1% (103 trabajadoras) puede jubilarse, y  tan solo el 0,06% de las y los monotributistas sociales (36 personas). Es decir que la moratoria es además una política de contención social para los sectores más vulnerables.

Mercado laboral en cifras

En nuestra Argentina sumida en una permanente crisis, la situación del mercado laboral es bastante benévola. El mes pasado el INDEC informó las estadísticas del primer trimestre de este año: la tasa de empleo (43%) y la de desempleo (7%) tuvieron su mejor trimestre desde 2016, cuando inició la nueva serie oficial. Esto significa que casi 20 millones de personas tienen trabajo en Argentina pero 1,5 millones están desempleadas. 

Las cifras son buenas en especial si se considera que fueron meses aún golpeados por la pandemia, y también que la estacionalidad del empleo es baja en enero, febrero y marzo. En el primer trimestre del año 2021, la desocupación había sido de 10,2%: una rebaja de tres puntos porcentuales es por demás favorable. Esta es la bandera que el gobierno de Alberto Fernández definitivamente puede izar en medio de una convulsa financiera, con datos fiscales y de reservas difíciles de mostrar al FMI y un deterioro progresivo de los ingresos de la población ante la aceleración inflacionaria.

Los datos del INDEC arrojan un escenario menos favorable para el universo de las mujeres. El desempleo femenino fue mayor (8,3%) que el de los varones (5,9%), y a su vez se observa otra franja vulnerable en la población: el grupo de las y los jóvenes. La desocupación entre las mujeres de 14 a 29 años fue del 17% en el primer trimestre del año y entre los varones fue del 11,4%.

A la salida del desempleo de un número estimado en 650 mil personas se le opone el fenómeno de que la creación de nuevos puestos de trabajo es en peor calidad de condiciones. El trabajo asalariado cedió lugar ante el empleo por cuenta propia (monotributistas especialmente) y a su vez dentro del empleo asalariado creció la informalidad (36% del total, la mayor tasa desde 2016). Sería injusto cargar las tintas de esta situación íntegramente sobre el gobierno del Frente de Todos; la precarización del empleo así como la aceleración inflacionaria son cuestiones ya estructurales de nuestra querida economía.

Cabe notar que la evolución de la remuneración de las y los trabajadores en lo que va de 2022 tuvo una mejor performance que en 2021. Con datos de INDEC actualizados al mes de abril de 2022 se observa que los salarios se movieron cabeza a cabeza con la inflación; en el caso de las y los trabajadores registrados las remuneraciones superan en 3 puntos a la inflación mientras que entre las y los informales se ubican un punto arriba (versus 5 puntos abajo en el acumulado del año anterior). La inequidad por género también es llamativa en el caso de las remuneraciones, es sabido que las mujeres pertenecientes a los deciles de más bajos ingresos perciben su renta principalmente de las transferencias del Estado; más rezagadas aún que los salarios.

Por último, si comparamos la evolución del empleo registrado utilizando las bases de SIPA según modalidad se advierte en los primeros cuatro meses de 2022 un crecimiento acelerado del monotributismo (al 10% interanual promedio) y en particular de los monotributistas sociales (al 20% interanual). Por el contrario, el empleo privado y el público crecen al 3% promedio. Y se observa también un estancamiento del empleo formal en casas particulares, el cual en realidad solo creció durante el período 2016-2018.

Teniendo en cuenta que al menos 1 de cada 5 mujeres se emplea en casas particulares, a fines del año pasado el Ministerio de la Mujer junto con el de Trabajo lanzaron el programa Registradas con el objetivo de promover la formalización en el empleo doméstico. El programa estipulaba que el Estado se comprometía a pagar una fracción del sueldo de la trabajadora durante seis meses y la parte empleadora (con ingresos brutos iguales o inferiores al mínimo no imponible del impuesto a las ganancias) debía: registrar a la trabajadora (pagar sus aportes, contribuciones y ART), pagar el porcentaje del sueldo restante y además abrir una cuenta bancaria a su nombre. Se estimaba que el programa afectaría a unas 375 mil trabajadoras informales.

La formalización del empleo no registrado con perspectiva de género es un camino a seguir. Por otro lado, para quienes han trabajado casi toda su vida en la informalidad, la moratoria previsional es otro paso para garantizar condiciones dignas en la tercera edad. En un marco de crisis financiera y con la mira del FMI puesta sobre las cuentas fiscales es doblemente valorable la intención del gobierno de prorrogar esta moratoria.

Esta nota fue publicada por Latfem y reproducida en Tiempo Argentino como parte de un convenio para difundir periodismo de calidad.