En diciembre se cumplieron tres años de la sanción de la Ley Micaela y este enero tres años de su promulgación. Sin bien durante 2019, su aplicación que estaba a cargo en ese momento del Instituto de las Mujeres fue casi nula, durante los dos últimos años se fue expandiendo y es hoy una demanda hacia el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación.

“Para nosotras hubo un punto de inflexión que le dio un marco importante y fue la primera clase magistral de sensibilización al Poder Ejecutivo donde participó el presidente de la Nación con su gabinete”, afirma Diana Broggi, subsecretaria de Formación, Investigación y Políticas Culturales para la Igualdad del ministerio.

“Fue la primera vez que se jerarquizaba una normativa que existía desde diciembre de 2018 pero que durante todo 2019 no había sucedido en esas instancias. Hay algo que contempla la ley y que habla de la capacitación a las máximas autoridades de los tres poderes. Eso es algo totalmente distintivo en cualquier normativa, incluso hace que la formación de jerarquice y se le dé otro caracter”, afirma Broggi.

A partir de las demandas que recibió el ministerio, se abrieron nuevas líneas de gestión para capacitar: Micaela Medios, Micaela Deportes, Micaela Sindical, Micaela Partidos políticos.

La funcionaria afirma que lograron un alto número de capacitaciones en los tres poderes pero que fue fundamental enfocarse en términos cualitativos.

“La ley es una llave, una herramienta fundamental para generar transformaciones de fondo. Pero no queremos  que se interprete como ‘paso por este curso de dos horas y listo’”.

Un paso hacia la reflexión

Durante 2019, la ley se implementó a través de un dispositivo autoadministrado. Esa instancia cambió y en la actualidad tiene 20 horas de dictado para su certificación. “Fue muy importante empezar a trabajar la dimensión cualitativa de la implementación de la ley.

Actuamente estamos haciendo un trabajo muy fructífero con los ministerios y los poderes legislativo y judicial de acompañar el diseño de sus propios programas de ley Micaela”, cuenta Broggi. Hasta ahora se certificaron 44 programas que se están ejecutados en 89 organismos de los tres poderes.

Para ajustar

Las situaciones de violencia laboral, de abusos sexual, de discriminación y de violencia extrema por motivos de género es una preocupación. La ley Micaela, que lleva el nombre de una joven militante víctima de femicidio, es fundamental para comenzar a erradicar la desigualdad de género.

“Es fundamental lo que pasó este último año en el que se han encaminado y se han visibilizado las capacitaciones sobre la Ley Micaela desde el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad. Hubo un cambio sustantivo”, afirma Melisa García, integrante de Abofem.

 “Lo que sigue faltando, está en el ámbito del Poder Judicial. Allí quienes están en cargos de toma de decisiones, en las cámaras de apelaciones e incluso la Corte Suprema de Justicia de la Nación no toman los cursos de la Ley Micaela”, destaca. “El Poder Judicial no puede únicamente capacitarse con la Ley Micaela a sabiendas que sus sentencias regulan la totalidad de nuestras vidas y que necesita profundizar muchísimo.”

En ese sentido, Melisa García afirma, “me parece que se necesitan de políticas públicas concretas pero también cambiar los sistemas de abordaje con respecto de las tomas de denuncia, cuando se hacen las evaluaciones de riesgo. No podemos pensar que porque no hay una violencia física clara, no hay un riesgo al cual el Estado debe prestar atención. Eso para deconstruir y pensar en la prevención de los femicidios que es eliminar las desigualdades.”

El cambio en los sindicatos

Desde el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación se trabajó con los sindicatos dentro del programa Micaela Sindical. “La idea fue poner el acento en una perspectiva de género que pueda una mirada sindical sin discriminación ni violencia, que pueda mirar los sectores de trabajo, lo que viven las, les y los trabajadores también en otros ámbitos y que impacta en el trabajo”, explica Clarisa Gamberra, directora de departamento de Género y Diversidades de ATE Nacional. “La idea es poder convocar a las cúpulas sindicales y por eso también demanda para que participe el Ministerio de Trabajo ya que tiene peso su voz dentro de los sindicatos”, detalla.

Como balance, Gamberra afirma que cambiaron algunas prácticas a partir de las capacitaciones. “No se puede medir aún pero sí aumenta el cuestionamiento a una estructura y a cómo reproduce desigualdades. Ya hay cosas que no se toleran como antes y otras que se hacen visibles, aunque no se modificaron aún”.