Cuando A. tenía 12 años, en octubre del año pasado, decidió hablar. Durante una visita de su abuelo al dispositivo de cuidado institucional (DCI) Santa María Goretti de Tucumán, el hogar de menores donde permanecía institucionalizada, le contó que había sido violada. Y que los maltratos y encierros eran moneda corriente. Apuntó especialmente contra dos preceptores, pero su relato dio cuenta también de la connivencia de las autoridades. Su abuelo realizó la denuncia judicial y la directora fue desplazada. Pero, según los testimonios de cuidadoras, las violaciones continuaron. Incluso, con sospechas de prostitución de menores y vínculos con redes de trata. Mientras se investigan abusos, maltratos e incluso una muerte dudosa en hogares de menores en Corrientes, otra alarma se enciende sobre niñas institucionalizadas en Tucumán.

El primer eje del escándalo fue en torno a la colocación de dispositivos anticonceptivos en niñas y adolescentes del instituto Goretti, algo también denunciado por el abuelo de A. Pero la directora de Niñez, Adolescencia y Familia, Myriam Martini, que pertenece a la cartera de Desarrollo Social -a cargo de Lorena Málaga- aseguró los procedimientos fueron legales y consentidos, que se hicieron a través del programa sobre Reproducción y Procreación del Ministerio de Salud de la Nación y que se trabaja en base a lo dispuesto por el Plan de Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA).

Sin embargo, más allá de los anticonceptivos, la denuncia apunta a abusos sexuales por parte de dos cuidadores y alerta sobre el ingreso de personas ajenas al hogar que entregaban dinero a las autoridades a cambio de llevarse niñas. “Una cuidadora y una menor –que pedimos que declare en Cámara Gesell- nos dicen que martes y jueves van dos personas con dinero y se llevaban a chicas para prostituirlas. Hemos dado nombres de menores que nunca han vuelto. Hemos individualizado media docena de casos que no se sabe dónde están, sospechamos que son más. Sospechamos que, además de prostitución, hay trata”, advirtió el abogado Gustavo Morales, representante del abuelo de la niña que se animó a hablar.

La nena, hoy de 13 años, está en un instituto de salud mental y con órdenes de restricción de acercamiento contra los dos preceptores denunciados y las autoridades del hogar, que hasta diciembre estuvo a cargo de Cecilia González y luego quedó en manos de Verónica Cholffo.

“Ahora recién esto ha tomado estado público. Aquí los grandes responsables y donde debe terminar la investigación son la Corte de Tucumán y el Ministerio de Desarrollo Social. Hemos pedido auditorías, hemos puesto en conocimiento a la Corte, que no hizo nada. Ahora pretenden cortar por lo más delgado, pero es mucho más grave”, expresó el letrado en diálogo con Tiempo.

“Cuando le pasa la violación, mi nieta empieza a contar que era maltratada, que la golpeaban, que la llevaban al fondo por supuestos malos comportamientos para aislarla. Y a las otras chicas también. Quedan solas ahí en manos de preceptores que van con medicamentos. A mi nieta la mantenían drogada, cuando iba a visitarla me decían que dijera día y horario para prepararla. Algo aberrante”, lamenta el abuelo de A., que ya ratificó su declaración ante la Justicia. El hombre, a cargo de sus cuatro nietos, se contactó con familiares de otras niñas del hogar Goretti. “Es lo primero que hice, porque había algo muy raro, pero muchos tienen miedo de hablar”, contó.

Desde la Comisión de Familia de la Legislatura de Tucumán, el legislador Ricardo Ascárate también acompaña el reclamo del abuelo de A. «Para que se entienda la gravedad de la situación: son tres las personas denunciadas que trabajan en la institución. Pero, además, personas ajenas a la institución que trasladaban a las niñas a domicilios que ellas no conocían”, remarcó en diálogo con El Tucumano.

El caso es investigado por la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual 2. Pedimos allanamientos, secuestros de preservativos y medicamentos, y que tomen declaraciones en Cámara Gesell. Hemos pedido que las revisen a todas”, detalló Morales. En el hogar permanecen institucionalizadas nenas de 11 a 14 años. “Son todas chicas pobres. Están institucionalizadas por pobres. Generalmente por informes amañados donde dice que el padre o la madre son alcohólicos o no las pueden cuidar. Hay todo un sistema muy aceitado de jueces y funcionarios”, acusó el abogado.

Muerte dudosa en un hogar de Corrientes

Los hogares Rincón de Luz y María de Nazaret, de Corrientes, también quedaron en el ojo de la tormenta en las últimas semanas a partir de denuncias por presuntos abusos y maltratos y, sobre todo, a partir de la muerte de un adolescente de 14 años.

La primera información apuntó al suicidio de Claudio, pero las investigaciones comenzaron a poner en duda esa versión. Por eso el abogado Eduardo Centeno Etchegaray, querellante en representación de un hermano del adolescente hallado muerto, pidió la exhumación de sus restos.

Este martes, el fiscal de Virasoro confirmó que se realizará la medida el próximo 20 de abril en el cementerio local. Las sospechas sobre lo que pasó con Claudio quedaron plasmadas en el expediente: ninguno de los testigos dijo haberlo visto ahorcado, sino simplemente sentado ya sin vida. Una bufanda naranja, presunto elemento utilizado por el joven, fue movida en la escena, que no se resguardó correctamente. “Cada vez hay más sospechas de que no fue suicidio”, advirtió días atrás el letrado a este medio.

La semana pasada, en Corrientes, hubo una masiva movilización por los derechos de la niñez. Para que se investigue y controle lo que pasa en los hogares, pero también para cuestionar la falta de alternativas a la institucionalización para las infancias y adolescencias con sus derechos vulnerados.