La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó la sentencia que había condenado en 2017 al sospechoso Néstor Pavón como “encubridor” del femicidio de Micaela García y que desde 2020 estaba libre. El máximo tribunal estableció que un jurado popular lo juzgue como coautor del hecho.

La familia de Micaela hace años impulsó «dejar sin efecto la sentencia apelada» para que un jurado popular juzgue a Pavón como coautor del hecho.  A comienzos del mes de septiembre de 2020, Néstor Roberto Pavón, quien había sido condenado a cinco años de prisión por encubrir el femicidio y violación de la joven de 21 años ocurrido en Gualeguay en abril de 2017, estaba libre.

Esta decisión fue tomada por el Superior Tribunal de Entre Ríos a fines de agosto del mencionado año, argumentando que la condena por encubrimiento aún no se encontraba firme. El juicio por el femicidio de Micaela se había realizado en octubre de 2017, cuando el tribunal de origen condenó a cadena perpetua a Sebastián Wagner, condenado por delitos sexuales y liberado poco tiempo antes por el controvertido juez Carlos Rossi.

Por último, durante el juicio oral en el que condenaron a Wagner a prisión perpetua y a Pavón como encubridor a una pena exigua, la parte acusatoria pudo demostrar que esa noche Pavón salió de cacería con Wagner por lo que sabía del crimen, como ayudó a su empleado a escapar a Buenos Aires, le proporcionó dinero en efectivo, limpió el auto en el cual habían trasladado a Micaela y luego que intentó esconder a Wagner de la justicia.

Micaela García, de 21 años, militante del Movimiento Evita, fue asesinada en Gualeguay, Entre Ríos en abril de 2017. La joven había desaparecido en la madrugada del sábado 1 de abril y fue encontrada siete días más tarde, después de que se produjera la detención de Sebastián Wagner, autor del femicidio que fue condenado a prisión perpetua ese mismo año.

Rápidamente tras el femicidio de Micaela comenzó una convocatoria a marchas en contra la violencia de género en distintos puntos del país. El crimen también generó respuestas institucionales como la sanción en 2018 de una Ley para la capacitación y prevención de la violencia de género conocida como Ley Micaela, en homenaje a la militante asesinada.