A una semana del décimo aniversario de la Ley de Identidad de Género, celebrada como una de las normas que permitieron mayor ampliación de derechos en la Argentina en los últimos años, un intendente de Mendoza cuestionó que su jurisdicción haya adherido a la normativa de cupo trans y pidió su derogación.

Se trata del intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda, quien difundió un video cuestionando que el Concejo Deliberante local aprobara una ordenanza de adhesión a la normativa que establece la obligatoriedad de un cupo laboral trans en el Municipio.

La determinación del Concejo, que lleva el número 2.155 y fue aprobada el 21 de abril, establece: “Adhiérase al Departamento de Malargüe a la Ley Nº 14.783 Cupo e Inclusión Laboral para personas travestis y trans”.

“Me obliga a mí como intendente y a los próximos a contratar personas bajo el cupo que se denomina trans –dijo Ojeda- Esta ordenanza, en definitiva, no fue promulgada ni publicada por mí, y por lo tanto decidí una vez que cambió la composición del Concejo Deliberante, mandar nuevamente el proyecto para que sea derogado”.

El anuncio, justificó, obedece a “dos cuestiones básicas”. Aseguró que su distrito hizo “muchas cuestiones en la gestión por defender los derechos de cada uno de los ciudadanos, y especialmente en género”. Lo ejemplificó con la puesta en marcha de una Oficina de Género. Luego desarrolló el ‘pero’: “Llegamos a un nivel donde se nos van de las manos algunas cuestiones, a un extremismo”, definió sobre la medida que apunta a una de las minorías más estigmatizadas y relegadas en materia de derechos en todo el país.

El otro punto por el que propone su derogación, argumentó, es que “no se puede aplicar” y que no corresponde que el Concejo local adhiera a una ley de la Provincia de Buenos Aires. Ojeda criticó la medida al decir que son “cupos que estigmatizan” y sostuvo que prefiere que “cada uno tenga que esforzarse, trabajar para ser parte de una institución pero no por su condición de género”.

Como difundió en un video oficial, pidió a los concejales “que deroguen esta ordenanza. Lo digo sin ánimo de ofender a nadie”. Y consideró que la medida, considerada de vanguardia en materia de inclusión, es “inviable para la administración pública”.