El Senado de la Nación convirtió en Ley el proyecto de inclusión laboral para la población trans, travesti y transgénero, que establece que el Estado deberá contratar al menos el 1 por ciento de la dotación de la administración pública, en todas las modalidades de contratación regular vigente.

La sanción de la ley obtuvo 55 votos a favor, el voto en contra del senador cordobés del PRO, Enrique Martínez y las abstenciones de las y los senadores, Roberto Basualdo de PyT de San Juan, Julio Cobos (UCR-Mendoza), Silvia Elías de Pérez (UCR-Tucumán), Laura Rodríguez Machado (PRO-Córdoba), Humberto Schiavoni (PRO-Misiones) y Belén Tapia de la UCR de Santa Cruz.

Foto: Comunicación Senado

La ley fue impulsada por el Frente de Orgullo y Lucha, la Liga LGBTIQ+ de las Provincias y la Convocatoria Federal Trans y Travesti Argentina. El trabajo tuvo el acompañamiento de las diputadas nacionales Mónica Macha, Gabriela Estévez, Vanesa Siley y Cristina Álvarez Rodríguez.

“El cupo e inclusión travesti trans es ley gracias a la militancia, al activismo y a una alianza política sin precedentes.  La ley de Identidad de Género fue un trampolín desde el 2012 para reclamar más derechos y el trabajo es un eje fundamental del desarrollo humano. Las travestis y trans fuimos excluidas de todos los derechos humanos fundamentales, hoy el Congreso entendió que debía modificar nuestro destino de violencias y muerte. Estoy segura que este acceso al empleo formal, empleo decente, repercutirá en nuestros promedios de expectativa de vida.”, comentó la fundadora de la Asociación Civil La Rosa Naranja, integrante del Frente Orgullo y Lucha Marcela Tobaldi.

“El cupo e inclusión travesti trans es ley gracias a la militancia, al activismo y a una alianza política sin precedentes.  La ley de Identidad de Género fue un trampolín desde el 2012 para reclamar más derechos y el trabajo es un eje fundamental del desarrollo humano. Las travestis y trans fuimos excluidas de todos los derechos humanos fundamentales, hoy el Congreso entendió que debía modificar nuestro destino de violencias y muerte. Estoy segura que este acceso al empleo formal, empleo decente, repercutirá en nuestros promedios de expectativa de vida.”, comentó la fundadora de la Asociación Civil La Rosa Naranja, integrante del Frente Orgullo y Lucha Marcela Tobaldi.

“A partir de este momento vivimos en un país más justo. Después de una larga historia de desamparo y abandono, el Estado vuelve a legislar por nuestros derechos. Hoy se materializan nuestras demandas y estamos más cerca de alcanzar esa sociedad donde ser travesti o trans no significa violencia, miedo, desidia, ni castigo. Esta ley es un abrazo de esperanza para las infancias y adolescencias. Hoy se salda una deuda muy grande en Argentina porque el acceso al trabajo implica poder proyectarse, elegir y embarcarse en un proyecto de vida. Hoy celebramos la voluntad política de un Estado que nos escucha activamente, pero por sobre todas las cosas, nos celebramos a nosotres, a nuestra fortaleza, a nuestra militancia y a nuestro derecho a vivir plenamente”, expresó el activista trans y Vicepresidente de la Liga LGBTIQ+ de las Provincias Thiago Galván.

“Hoy empezamos a escribir otro capítulo de nuestra historia, la de una Argentina más igualitaria. Nuestro colectivo va a poder acceder al trabajo formal. Esto va a repercutir en lo individual y lo colectivo. Pero también vamos a transformar culturalmente a una sociedad que históricamente asoció y confinó a travestis y trans a la prostitución y la criminalidad. Nosotres no nos quedamos en el lugar de víctimas, lo trascendimos a través de la organización, acción y lucha. Nos convertimos en sujetes políticos. Logramos la unidad entre tres coaliciones federales con más de 250 organizaciones. Esta ley es legítima desde su origen, porque se construyó desde las bases y  representa nuestras voces y demandas en primera persona”, afirmó la Presidenta de Otrans Argentina y de la Convocatoria Federal Trans y Travesti Argentina Claudia Vásquez Haro.

La ministras de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta celebra junto a Alba Rueda, subsecretaria de Políticas de Diversidad.
Foto: Raúl Ferrari / Télam

La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, celebró en el recinto del Senado de la Nación la sanción de la Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero que fue aprobada esta tarde por 55 votos a favor, 1 negativo y 6 abstenciones.

Gómez Alcorta sostuvo que “es un día histórico. El cupo laboral travesti trans era una deuda del Estado y hoy es Ley, por la fuerza de los movimientos de la diversidad que nunca bajaron sus banderas y que siguen impulsando transformaciones imprescindibles para revertir desigualdades estructurales e injustas”.

La ministra agregó que “garantizar los derechos de travestis y trans es una prioridad del gobierno nacional y por eso, desde septiembre de 2020 lo implementamos por Decreto en la Administración Pública Nacional, convencidxs de que se trata de una medida fundamental para profundizar el camino hacia la igualdad iniciado por la Ley de Identidad de género en nuestro país”.

Alcorta concluyó que “esta Ley viene a reparar una cadena de exclusiones que muchas veces se inicia en la niñez. No es admisible que en Argentina haya personas cuya esperanza de vida no supere los 40 años simplemente por su deseo de vivir según su identidad autopercibida”.

La subsecretaría de Políticas de Diversidad del MMGYD, Alba Rueda, dijo que: “esta Ley significa el acceso a un empleo formal, a los aportes jubilatorios, obra social, vacaciones pagas, la oportunidad de acceder a la terminalidad educativa y de poder poner en valor su capacidad laboral”.

La Ley aprobada esta tarde por el Senado establece un cupo laboral travesti trans del 1% en el Estado Nacional, incentivos para la contratación de personas travestis y trans en el sector privado y apoyo financiero para proyectos productivos travestis trans.

Actualmente, el colectivo travesti trans tiene una expectativa de vida de entre 35 y 40 años de edad en nuestro país como consecuencia de la vulneración sistemática de sus derechos fundamentales, comenzando por su exclusión estructural del mercado laboral formal. 9 de cada 10 personas travestis y trans no cuentan con un trabajo registrado, condicionando a la mayoría de ellas al ejercicio de la prostitución y, como extensión, a la violencia institucional y el deterioro de su salud integral.