La primera denuncia que Yama Corin puso ante la Justicia fue en 2012. Su hija, Luna, en ese entonces tenía 9 años y los hechos denunciados habían sucedido entre los 6 y los 9 de la niña. Hoy Luna tiene 21 y recién ahora la causa llega a juicio oral.
El debate comienza el martes 8 de agosto y se extenderá hasta el 31 en Lavalle 1771. Estará a cargo de los jueces Virginia Sansone, Adrián Martín y Gustavo Pablo Valle, del Tribunal Oral Criminal N° 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fueron muchos años en los que la joven y su madre debieron enfrentar desde los intentos de revinculación con su abusador hasta el proceso revictimizante a los que la Justicia somete a las víctimas. Luna recién fue escuchada cuando cumplió los 18 años. “Fue escuchada como adulta y sin acceder al derecho a hacerlo en Cámara Gesell. Recién entonces se resolvió la elevación a juicio en Capital Federal”, explica el comunicado de la campaña Justicia por Luna.
“Llegar a juicio es una instancia de mucho peso, tratándose de una investigación que lleva 11 años de proceso, lo cual para nosotras puede tener impacto en la vida cotidiana”, dice a Tiempo Argentino, Yama Corin, madre protectora. “Haber llegado a la instancia de juicio es en sí mismo una conquista que no debería ser tal, porque debería ser lo que transcurre en finalizar las condenas frente a un hecho tan aberrante como es la violación a una niña. Pero bueno, frente a esta realidad de la Justicia, lo cierto es que llegar a un juicio ya es una conquista. Lo entendemos así también por el carácter político que tiene, porque nosotras únicamente acompañadas y organizadas pudimos sostener estos 11 años de proceso”, agrega la madre protectora.
“Tiene un impacto sobre nosotras y sobre otras personas que nos acompañaron. En el camino vimos que cada uno de los casos no son hechos aislados, sino una aberrante práctica social que está oculta y que sufren infinidad de niños, niñas y personas adultas que recién cuando son mayores pueden decir todo lo que vivieron en su infancia”, agrega Yama.
La mujer libró una larga lucha para obtener Justicia por lo que sufrió su hija. En aquella primera denuncia jamás imaginó que iba a esperar tanto.
“Cuando transité el proceso entendí la gravedad de la práctica patriarcal dentro de la Justicia. En un momento Luna escribió de puño y letra lo que vivió y eso fue hace ocho años porque no lo atendieron. Superó toda capacidad de comprensión del grado que se llega a complicidad. Cuando Luna estaba por declarar en Cámara Gesell cerca de cumplir 18 años (9 años después de la denuncia) y por un pedido de la defensa del abusador, levantan la Cámara Gesell y la citan a declarar como adulta porque cumplía ya los 18 años. Es decir, ahora tiene que someterse a declarar cuando eso se podría haber evitado si se hacía esa declaración”, agrega Yama.
La situación del juicio, para Yama, genera parálisis. “Me produce una emoción contradictoria, siento mucho orgullo de nosotras y una bronca de por qué tuvo que pasar esto. Pienso en el día después. Espero que este juicio lo condene al abusador de mi hija y nuestra vida sea otra cosa, sin una causa judicial encima, yo recuerdo lo que era eso», agrega.
Un juicio fundamental
El juicio de Luna resulta emblemático. En los últimos años, las organizaciones que cobijan a mujeres que denuncian a los progenitores de sus hijes crecieron. También crecieron las instancias de judicialización para ellas (tal es el caso de la Niña Arcoiris cuya mamá está con prisión domiciliaria por proteger a su hija) y los ataques a quienes se llaman hoy Madres Protectoras.
Desde la organización Yo sí te creo, la sobreviviente de abuso Victoria Acevedo manifiesta. «Para muchas de las sobrevivientes y las madres protectoras es un juicio histórico muy importante, porque realmente Yama Corin viene reclamando hace mucho. Fue uno de los primeros casos que empezaron a visibilizarse, permitió entender que estas son prácticas cotidianas de este sistema».
«Estamos acompañando a Yama y en este caso a todos los casos que no llegan a juicio por problemas económicos y otras dificultades «, agrega Victoria. «Es importante visibilizar que hay un montón de casos que no llegan a lo público, no trascienden y quedan en el olvido. Esas causas se archivan y quedan revinculadas las niñeces con sus abusadores. Es una causa sumamente importante porque Yama y la organización Mundana han abierto el camino a muchas otras madres protectores», expresó.
Trece años después
Andrea Vázquez realizó un recorrido similar al de Yama. En 2009 puso la primera denuncia contra Pablo Ghiosi, el progenitor de sus hijos, por maltratos y abuso sexual. En su recorrido por la Justicia, Andrea estuvo judicializada y en 2013 la absolvieron. Sin embargo, le tocó estar más de tres años separada de sus hijos. «La peor pesadilla es que te arranquen a tus hijos y a eso le tenés que sumar que los lleven con la persona que les hace daño», dice Andrea a Tiempo Argentino.
Después de trece años el juicio contra el médico comenzó el jueves en los tribunales de Lomas de Zamora. En total fueron 40 las denuncias contra el progenitor de los hijos de Vázquez. El hombre también es médico y uno de los dueños del Sanatorio Juncal, en Lomas de Zamora.
«El Poder Judicial nos ha provocado un gran daño. Estas decisiones judiciales que se tomaron en estos trece años son contrarias a nuestro plexo normativo máximo que es la Constitución y los tratados internacionales. Están disfrazadas de legales, pero son absolutamente ilegales y ponen al Estado en incumplimiento como garantes de esos tratados ratificados en materia de derecho de las infancias y de las mujeres», agrega Vázquez.
“Estamos transitando un proceso histórico en relación a este juicio y otros que se van a empezar a desarrollar en breve que tiene que ver con la defensa de las niñeces, las adolescencias, con buscar justicia y poder lograr la sanción y el castigo para los abusadores”, dijo la diputada nacional Mónica Macha antes de ingresar a la primera audiencia del juicio.
Los juicios marcan un punto de inflexión en la historia y en la sociedad. “Hay personas que no logran creer o no logran ver por el dolor que les provoca. Pero hay una responsabilidad mayor del Estado en la responsabilidad de construir políticas públicas que acompañen a las víctimas y, por supuesto, el aparato judicial, la estructura judicial que debe condenar un delito», manifiesta Corin.
De acuerdo a las cifras aportadas por la organización Red por la Infancia, en Argentina se estima que, de cada 1000 abusos sexuales contra las infancias, solo 100 se denuncian y apenas uno recibe condena. «
Escuchen a Milagros: la campaña por una niña abusada
La primera denuncia que puso la mamá de Milagro fue en 2018 a través de la Oficina de Violencia Doméstica. En ese momento, detectaba algunas situaciones de la niña, pero pensó que se trataba de malos tratos. Sin embargo, descubrieron que en realidad Milagros había sufrido abuso sexual. «Fue el médico el que me dijo que estaban todos los indicadores. Además, se expidió el cuerpo médico forense», cuenta a Tiempo Argentino.
Lleva cinco años pidiendo que escuchen a su hija pero esto no sucede. En cambio, hasta ahora la nena fue obligada a contar una y otra vez lo que le pasó: más de 10 veces la madre y 6 veces la niña. El resultado de esas declaraciones fue un intento de revinculación forzada de la nena con su abusador.
«Venimos peleando hace años en el Sistema Judicial. El progenitor tiene contactos políticos y económicos y esto se traduce en cosas puntuales como por ejemplo que lo sobresean sin citarlo a declarar», cuenta. «En cuatro años visité 37 veces el Poder Judicial, el abusador sólo fue una vez. N -la mamá no dice su nombre por temor a represalias- pasó por todas las instancias que le tocan atravesar a las madres protectoras. En muchos de estos casos hay una particular coincidencia: los abusadores son hombres con algún tipo de poder. «Cuando existen denuncias de abuso sexual, inmediatamente se criminaliza a las madres protectoras. La única manera es atacar a las madres. En este caso, se trata de una persona de clase media acomodada, profesor universitario cuya familia tiene influencias».
El Ministerio Público Fiscal se negó a acompañar la denuncia de N, cuyo juicio tiene fecha para 2024. «Me dejó abierta la posibilidad de reclamar ante tribunales internacionales por incumplimiento de tratados internacionales tratándose de una niña y una mujer, máxime con la decisión de una jueza que no encuentra ninguna contradicción en las declaraciones. Después de eso pedimos de nuevo al MPF el acompañamiento, pero en esta instancia no puede acompañar», agregó N con total angustia.
Para saber más del caso pueden acceder al IG @escuchenamilagros
El caso Arcoiris y la judicialización de su mamá
Delfina es la mamá de Arcoiris. En 2018 denunció que su hija de dos años y medio relató haber sufrido reiterados abusos sexuales por parte de su progenitor y de su abuelo paterno.
Desde entonces, a Arcoíris se le practicaron distintos exámenes psicológicos que dejaron de manifiesto los abusos existieron. Sin embargo, la Justicia no solo sobreseyó a su abuelo, sino que también la obligó a vincularse nuevamente con su padre.
Luego de la resolución judicial la madre se mudó desde La Rioja hacia Buenos Aires, tras lo cual fue denunciada por desobediencia a la autoridad e impedimento de contacto por parte del progenitor de la niña. Hoy Delfina está con prisión domiciliaria, acusada de impedimento de contacto. Es uno de los casos que muestran cómo se maneja la justicia.
El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD) y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se presentaron en junio como “amigos del tribunal” para hacer cesar la violencia institucional en el caso Arcoiris informaron en un comunicado conjunto.
Un síndrome que no existe
Una de las estrategias de los abusadores es hablar del Síndrome de Alienación Parental, un concepto que no tiene ningún sustento científico ni jurídico. En la Argentina, numerosas entidades profesionales y autoridades en materia de niñez y salud, rechazaron por completo la existencia de ese síndrome, los juzgados, de forma velada insisten en considerarlo.
El falso síndrome de alienación parental se aplica convirtiendo al denunciado en víctima y a la denunciante en victimaria. Se acusa a las mujeres de inventar el hecho y de alienar a sus hijos. Su utilización por parte de los magistrados se opone a la vigencia de la declaración internacional del derecho del niño.
La Defensoría del Pueblo de la Ciudad fue uno de los tantos organismos que negó y denunció el uso de este concepto. “Escuchar y validar las denuncias de las progenitoras denunciantes, descartando argumentaciones basadas en teorías científicamente descalificadas como el falso Síndrome de Alienación Parental (SAP), la Co-construcción, el ‘lavado de cerebro’ y otros similares”, dijeron en 2020 desde el organismo.
