La bocanada de aire fresco que significó la absolución de ‘Higui’, acusada de homicidio tras defenderse de una violación grupal, se dio en medio de una seguidilla de fallos y resoluciones judiciales que evidencian lo mucho que falta y lo urgente de una reforma judicial feminista.
Los ejemplos –no todos con una misma cobertura mediática- se dieron en distintos puntos del país: desde la absolución a tres acusados de violar a una menor en Chubut hasta el amedrentamiento de una jueza a una denunciante de violencia de género en Salta, pasando por un caso de Entre Ríos que puso en duda el no consentimiento de una víctima llevada a la fuerza a una chacra en la misma zona donde, hace cinco años, fue el femicidio de Micaela García.
La palabra de la víctima, siempre bajo sospecha
“Falta de pruebas” fue el argumento del Tribunal de Chubut para absolver a tres jóvenes “hijos del poder” acusados de abuso sexual en grupo contra una adolescente en 2012. El repudio no tardó en estallar. Porque, una vez más, la Justicia sembró duda sobre lo vivido y denunciado por una víctima de violencia sexual, en torno a la cuestión del consentimiento.
En Entre Ríos, un fallo del Tribunal Superior de Justicia evidenció que la falta de perspectiva de género puede encontrarse en todas las instancias. En este caso, ordenó revisar la sentencia a un médico por la violación de una joven. Había sido condenado por el Tribunal de Juicio de Gualeguay a nueve años en primera instancia, algo confirmado luego en la Cámara de Casación Penal de Paraná. Sin embargo, tras un recurso de queja presentado por la defensa, el TSJ ordenó revisar la sentencia.
El caso ocurrió el 19 de agosto de 2018, cuando la chica y sus amigas salieron del boliche King. El médico José Massad Kablan, que conocía a una de ellas, se ofreció a llevarlas a sus casas. M. fue la última que quedó en el vehículo y el acusado le propuso ir a su quinta. Ella dijo que no. Él decidió ir igual.
Según el relato de la joven, le dijo por lo menos cinco veces que la dejara en su casa. Él siguió manejando hacia su chacra, en silencio. En el camino ella mandó pedidos de auxilio por Whatsapp a sus amigas y a su padre, pero por la falta de señal llegaron tarde a destino. La denunciante contó que fue violada en dos oportunidades en esa chacra. Luego logró salir: su padre y un comisario la encontraron por un camino vecinal, embarrada y temblando de frío.
“En este fallo volvemos a la idea machista y patriarcal de que la mujer se debe defender hasta el último instante. Que tiene que estar agredida físicamente, haber ejercido fuerza física para que se configure el delito sexual. Para estos jueces (Daniel Carubia y Miguel Ángel Giorgio) parece que no basta decir no, sino que se tenía que defender con fuerza física, porque si no consentía la relación. Esto es una vergüenza y un retroceso en la justicia”, lamentó la abogada Alejandra Enrique, en diálogo con Tiempo. El médico, señalado durante el juicio por otras mujeres a las que acosó, siguió ejerciendo en Buenos Aires.
No solo violencia sexual
En Salta, la denunciante de un intento de femicidio puso en circulación un mensaje desesperado tras conocer la sentencia al denunciado, el viernes último. El empresario John Cocke Johnston, dueño del hotel El Castillo, fue condenado a dos años por lesiones agravadas. Es decir, seguirá en libertad. La fiscalía había pedido una condena a 11 años por tentativa de femicidio, luego de que se presentaran –entre otras pruebas- la foto del momento en que el hombre intentaba ahorcar a la mujer, imagen tomada por la niña hija de ambos, en un acto valiente antes de pedir ayuda.
Pero la angustia de Laura Valdes no fue solo por el monto de la pena. Se sintió revictimizada por la jueza María Gabriela González, quien tras la lectura del veredicto la instó a la “reflexión y a la meditación”, tanto a ella como al agresor, y equiparó el accionar de denunciante y denunciado al proponerles “hacer un tratamiento psicológico para poder controlar estos impulsos que tanto una como la otra parte tienen (que) en definitiva (…) perjudican a esta menor”.
“Después de expedirse con esta burla de sentencia, la jueza se tomó el atrevimiento de hacerme un llamado de atención, mirándome con ojos de odio y desprecio a mi persona, diciéndome que soy una manipuladora por haber llevado a mi hija a El Castillo esa noche (…), que fui a provocarlo al señor Johnston. Mientras de otra manera se dirigía a mi agresor, con palabras más que de juez, de amiga. Con una adulación tremenda y alevosa, que fue percatada por las personas y medios presentes”, relató la mujer en un mensaje a la prensa. Y siguió: “Esto es lo que vengo denunciando desde un primer momento: el manoseo de la Justicia salteña”. Valdes levantó la voz durante la audiencia, gritó contra la falta de respeto y el avasallamiento a su hija, mientras la magistrada intentaba callarla. La víctima dijo que no se callará nunca más.
Justicia patriarcal, efectos cotidianos
En Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, una mujer y su niña fueron desalojadas por la fuerza policial de una vivienda. La madre, incluso, permaneció 24 horas detenida, acusada por usurpación. Su abogada no era escuchada cuando decía que había otra medida en curso, que era una víctima de violencia de género que había dejado esa casa para alejarse de su agresor. Casi dos semanas después la Justicia tuvo que dar marcha atrás y ordenar la restitución del techo a la mamá y su nena.
“Es un caso terrible de violencia institucional”, describió la abogada de la mujer, Valeria Alcain, en diálogo con este medio. Contó que intervino en el caso por un reclamo de pago de la cuota alimentaria al progenitor de la nena, cuando supo que madre e hija habían sido desplazadas de la vivienda por el agresor. Logró entonces una cautelar a favor de la restitución de la vivienda, pero familiares del hombre se instalaron en el inmueble y denunciaron por usurpación a la víctima de violencia de género cuando ingresó con su hija. La Policía acudió en respuesta y se la llevó detenida.
“Hablé con la fiscalía, el juzgado, la policía, para decirles que había una cautelar por restitución al hogar. Nadie me escuchó. La dejaron detenida 24 horas. La nena de nueve años quedó en la casa con su abuela y las hostigaron hasta sacarlas. Fue un viernes. Hasta el lunes no se pudo reencontrar con su madre. El agresor siempre estuvo libre”, relató la letrada. Finalmente, logró que la Justicia se encauce en la orden de restitución al hogar vigente para la mujer violentada y su hija, pero les dio un mes a los moradores para retirarse de la casa. Mientras tanto, el Municipio deberá garantizarles un techo a las víctimas.
“Lo denuncié en la Fiscalía General y ante el Colegio de Abogados, por obstrucción del ejercicio profesional. No es la primera vez que me enfrento al sistema”, contó la abogada, especializada en niñez, adolescencia, género y violencias. El amedrentamiento a profesionales que actúan con perspectiva de género forma parte de las prácticas habituales denunciadas en estos casos.
“La mayoría de las peritos o psicólogas que acompañan estas causas son mujeres y sufren backlash, porque después las denuncian a ellas, pierden sus títulos, no pueden trabajar. Al defender a un acusado de abuso, la estrategia no está planteada en defender a los tipos sino en hacernos mierda a nosotras. Con campañas de denigración y diciendo que estamos locas”, alertó Sara Barni, de Red Viva, tras el caso de la violación grupal en Palermo.
También en los últimos días en San Martín de los Andes, Neuquén, la Justicia obligó a una mujer que vivió violencia de género a regresar a esa ciudad, donde vive su expareja y agresor, por la resolución de un juez de familia que determinó que el hijo de ambos debe estar cerca del padre.
Carla P. denunció los malos tratos a su exmarido desde 2020. Como en el caso de Chivilcoy, el hombre se quedó con la vivienda. Y logró en la Justicia una cautelar que le impedía a la mujer salir de San Martín de los Andes con el nene. En diciembre ella consiguió que le permitieran pasar las fiestas con las hijas de su primer matrimonio, en Caleta Olivia. El plazo para volver a Neuquén venció el 4 de febrero, pero no quiere volver adonde la Justicia la obliga. «La ley debe proteger a los menores, mi hijo sufrió mucho durante todo ese periodo. Hay un condicionamiento para que yo esté en San Martín de los Andes es para seguir ejerciendo violencia sobre nosotros», denunció la mujer, en declaraciones a la prensa local.
“Las mujeres, salvo que tengan la suerte de llegar a un juzgado que tenga perspectiva de género, cuando entran al Poder Judicial por temas de familia, violaciones o agresiones sexuales, entran a un campo de sospecha siempre. De sospecha de querer perjudicar a los varones, estar mintiendo o buscando algo más” dijo días atrás a Tiempo, Enrique Stola, psiquiatra y psicólogo clínico que actuó como perito en la causa de Higui y en diferentes juicios de violencia de género. Y apuntó, entre los factores para englobar este tipo de fallos y resoluciones, a “la formación de abogados y abogadas dentro de las universidades, sin perspectiva de género, que luego pasan a formar parte del Poder Judicial”, donde “hace dos años recién empezó la formación”.
Falta mucho.
