Quimey Ramos es docente, investigadora y activista travesti. Tiene 28 años y desde febrero del 2022 viene enfrentando el accionar discriminatorio de su prepaga OSDE, que incumple la Ley de Identidad de Género, sancionada ya hace 11 años, con el poder judicial.

En febrero de 2022, luego de que Quimey solicitara una intervención amparada en la ley 26.743, OSDE la desafilió y la intimó con una carta documento diciendo que “no había declarado su ‘verdadero estado de salud’».

La condición para “mantenerla afiliada” que impusieron fue que tendría que pagar un aumento del 800% mensual (lo que en marzo del 2022 implicaba pasar a pagar de una cuota de 8 mil pesos a 76 mil por mes). Quimey se negó y la dieron de baja. Empezó entonces una pelea judicial y mediante un amparo consiguieron de manera temporal que la prepaga la reafiliara y garantizara los tratamientos solicitados.

La insistencia para discriminar

OSDE, en una nueva arremetida contra los derechos, solicitó al juez de la causa que la someta a una pericia endocrinológica y psicológica para determinar si “estaba en un tratamiento hormonal al momento de afiliarse, y el juez lo concedió.

La prepaga, con el aval del Poder Judicial, viola así el artículo 11 de la Ley de Identidad de Género. Allí se establece que “todas las personas mayores de dieciocho (18) años de edad podrán, conforme al artículo 1° de la presente ley y a fin de garantizar el goce de su salud integral, acceder a intervenciones quirúrgicas totales y parciales y/o tratamientos integrales hormonales para adecuar su cuerpo, incluida su genitalidad, a su identidad de género autopercibida, sin necesidad de requerir autorización judicial o administrativa”.

La semana pasada la activista publicó un video en sus redes donde denuncia la operatoria de la prepaga y del Poder Judicial que la beneficia. Convocó a una “Asamblea contra las violencias” para este viernes a las 15 frente a la sede porteña de OSDE (Corrientes 420).

Llama a participar no sólo a las personas trans sino a personas con 0+ y a enfermos y enfermas crónicas.

Discriminación permanente

El posteo de Quimey se viralizó y se llenó de comentarios que dan cuenta de que su caso no es la excepción sino la regla. “Osde está haciendo lo mismo conmigo. Hace 8 meses me quisieron dar de baja cuando pedí una operación que por ley me corresponde. Acá hay otra trava luchando por la misma”, comenta una usuaria en el video.

También aparecen comentarios de personas con enfermedades crónicas que padecen la misma discriminación: “A mi hija que tiene lupus no la toma ninguna obra social”.

“Es cierto que estas prácticas también se hacen con personas que efectivamente padecen una enfermedad crónica, como la diabetes. Y te pregunto, lector/a/e: ¿A vos te parece bien que a una persona con diabetes se le pida que pague el 800% más que el resto para poder tener cobertura de salud? Ni siquiera tratándose efectivamente de una enfermedad suena justo”, expresa Ramos en un comunicado.

Este viernes, frente a las puertas de OSDE, una cámara grabará distintas experiencias de personas que son discriminadas por el sistema médico de salud, para transformarlas en denuncias y en una acción de justicia que tuerza el mecanismo de empresas que hacen de la salud y de los derechos un negocio.