Esta conversación forma parte de “Institucionalizadas: cuando los feminismos se vuelven parte del Estado”, una investigación transnacional de LatFem sobre Argentina, Uruguay, Chile y Brasil con apoyo de FESminismos, proyecto regional de la Fundación Friedrich Ebert (FES).
—¿Cómo ves al movimiento feminista hoy en Argentina?
—Es un movimiento social que se constituye en sujeto político ya hace varios años. Las agendas políticas feministas se han ido corriendo de determinada sectorización, que nos involucra como feministas y transfeministas, hacia un planteo social más amplio.
Hay muchos momentos previos que no hay que reducir. Tanto el movimiento feminista previo como posterior a la última dictadura cívico militar guarda un enorme valor en el desarrollo de nuestro feminismo. Y ahí destaco a los Encuentros Nacionales de Mujeres y también a un movimiento organizado en torno al debate de trabajo sexual o situación de prostitución. Encuentro un puente con gran parte del movimiento travesti en Buenos Aires, a Lohana Berkins, siendo parte de los Encuentros y de las primeras que estuvieron en la campaña por el aborto. Esa posición política que adoptaron Lohana y otras travas feministas permite un puente muy fuerte que, para el 2015, se asienta en la marcha de Ni Una Menos y en la enorme conmoción que trajo el travesticidio de Diana Sacayán, y la muerte de Lohana Berkins.
El feminismo popular como expresión de ese encuentro interseccional fue creciendo en términos de agenda política. Se ve en el cambio de término del Encuentro Nacional de Mujeres por Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, No Binarixs, en Trelew, Chubut (en 2018). Ese, para mí, fue un espacio de asentamiento. Después, hay otras muestras a nivel federal y a nivel académico, con las intersecciones de nuestros feminismos pisando agendas LGBTIQ+, especialmente recuperadas por lesbianas disidentes y por travestis como Lohana (yo misma, muchas veces también estuve en esos espacios) y otras travestis.
Visto desde el exterior y en relación a cómo Argentina se posiciona en temas de género —por ejemplo, para hablar de mujeres en toda su diversidad, para poder hacer menciones que hablen del aborto y siendo nuestro país, hasta ahora, única ley que habla de aborto y de la capacidad de gestar de las personas—, esto es un paso adelante, muy significativo. Encontrar en los encuentros Pluri a las travestis, trans y no binaries también es un paso adelante.
El feminismo en 2023 está muy atravesado por una gran fortaleza del movimiento en términos de sujeto político, en el debate nacional, en el debate del proyecto de país. Ahora, después de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo aparece todo un escenario mucho más abierto acerca de las agendas políticas de los feminismos.
—¿En tu experiencia, ¿cómo entra el feminismo en la política pública? ¿Qué características tiene que tener una política pública para que sea transfeminista?
—Tiene que ver con los sujetos a quiénes se dirige, cuál es el tipo de abordaje y la metodología que se lleve adelante. Tiene que ver con las destinatarias protagonistas y con el diseño institucional. Para llevarlo más a tierra: si se hace o no con organizaciones sociales, si se hace con las voces de sus protagonistas, si las protagonistas solo describen las desigualdades y hay un grupo de selectas personas que implementan y dicen qué hacer o no, si las involucran en el proceso no solamente consultivo sino participativo para la implementación.
Para que la política pública sea feminista tiene muchos recorridos y temas que saldar. Uno tiene que ver con la transformación de la lógica misma del Estado. El Estado en su concepción y su desarrollo actual es un Estado caracterizado por prácticas binarias, por lógicas heterosexistas, por un diseño de la política pública atravesado por la burocracia y la meritocracia. Entonces, tenemos enormes desafíos sobre la participación de las mujeres dentro de los espacios directivos, aún cuando hayamos ganado espacios. Mientras que en el movimiento feminista encuentro una lógica mucho más de avances y progresismos, no encuentro la misma dimensión dentro del Estado. Creo que todavía hay un debate sobre, por ejemplo, el Poder Judicial, que está pendiente —y es parte del Estado—, donde no encuentro nada de logros progresistas, sino más bien detenciones y encerronas brutales que dejan afuera a la perspectiva de género y diversidad.
Después, la ley de paridad dentro de los espacios de representación política no contempla a todas las diversidades. Tampoco se cumple 50/50. Es un gran debate dentro de la representación política, el debate sobre los partidos políticos y, particularmente, sobre cómo se constituyen las agendas feministas en los partidos. Entonces, veo muchos temas que tienen que profundizarse. Este es uno de los temas en los que más criticaría a nuestros feminismos —o, no a nuestro feminismo, sino a las lógicas estatales. Mi crítica a este momento es que no tenemos la suficiente evidencia de que lo que aportamos es importante.
Si hablamos de “el Estado”, desagregaría la situación del Poder Judicial. Donde sí reconozco mayor progresividad de las agendas de las mujeres, lesbianas, travestis, trans, es en el Ejecutivo y el Legislativo. El Legislativo, sin embargo, no tiene una representación política de la diversidad sexual. Eso es una materia pendiente. Se aprobaron leyes hermosas y fundamentales, pero no estábamos nosotras, nosotros y nosotres en esos debates parlamentarios. Había personas, diputades, LGBTIQ+, pero no eran, sin duda, la representación de los movimientos sociales, sino más bien parte de lógicas partidarias que hicieron ese recorrido y que, cuando asumieron esos cargos, pudieron abrir y hablar un poco más de LGBTIQ+.
—Volviendo al Ejecutivo, ¿qué pasa con la relación entre esas pocas funcionarias feministas que llegan al Estado y el movimiento de base, callejero, las organizaciones? ¿Hay cierta tensión? ¿Ese vínculo representa un desafío?
—Creo que sí, hay un desafío muy grande. Todavía hay una tensión y escenarios de disputa. Nadie llega con la representación total de los movimientos sociales. Los movimientos sociales son polisémicos, tienen muchos sentidos. Y nuestro feminismo tiene un anclaje polisémico: hay feminismos de izquierda, anarquistas, en los partidos políticos, en los movimientos sociales y de base. Entonces, la representación de los movimientos en determinadas feministas que estamos en el Estado me parece que nunca es exhaustiva, como en las elecciones.
—¿Qué políticas concretas destacas de la experiencia de la Subsecretaría?
—El decreto del Cupo Trans (decreto 721/2020, Cupo Laboral Travesti Trans). Ese decreto surge así: el giro sube a la ministra, de ahí a la Jefatura de Gabinete y de ahí a la firma del Presidente, sale de la Subsecretaría de Políticas de Diversidad. El decreto se firmó —el proceso se inició mucho antes— el 4 de septiembre del 2020, en el contexto pandémico. Después, otro gran tema en el que tuvimos una firma muy importante fue el convenio con el Ministerio de Desarrollo Social, que implica una transversalidad de políticas públicas que permitió sumar en el Potenciar Trabajo a travestis y trans, más de 6000 en el contexto de la pandemia. Para que se figuren, yo estaba hacía tres meses en el Ejecutivo Nacional con un equipo de 19 personas en el momento en el que se declara el ASPO (Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio).
Uno de los ejes para analizar el impacto de las políticas públicas transfeministas o feministas, tiene que ver con el arraigo y el asentamiento que tengan. Mirá la demanda, el año en el que se desarrollaron estas dos líneas. Nos cuesta mucho poner en valor lo que pasó durante 2020 y 2021. Quizás con el tiempo se pueda asentar y ver lo que significa haber trabajado en el Estado bajo lógicas que no estaban escritas en aquel momento. Era la virtualidad, la lógica no escrita de la virtualidad.
—¿Te parece un debate adecuado a nuestra realidad el que se da entre las políticas de identidad y las redistributivas?
—En el debate sobre la política identitaria, que es más amplio, con posiciones como la de Judith Butler y otres repetidores que señalan y observan las políticas identitarias como un problema, no caemos muchas veces en la cuenta que esas autoras hablan con la panza llena, desde países llenos de políticas también identitarias, básicamente desde el norte global. Desde el sur global una ley como la de Identidad de Género es la marca de nuestro recorrido social y popular. La Ley de Identidad de Género fue la primera ley en el mundo que tiene un desarrollo basado en criterios de autopercepción y autodeterminación de las personas, ubicando al Estado en un rol administrativo respecto de los cambios registrales. El Estado comprometido en temas de desigualdades, como por ejemplo el ámbito de la salud, o sustantivos, en clave de derechos humanos, cuando habla de los espacios de respeto al trato digno. El de la política identitaria muchas veces es un debate del norte global, pero sin tener en cuenta las desigualdades del sur global. El sur global, y puntualmente Argentina, aporta a ese debate una ley, y el indicador, hoy en Naciones Unidas, sobre políticas de reconocimiento a las personas basadas en los estándares de derechos humanos.
Entonces, me parece que el debate depende de qué tan llena tengamos la panza para poder hacerlo. No podés solo leer la posición de la Ley de Identidad de Género como un cambio de documento sin modificar las lógicas del Estado. Yo no sé cuántos estados modificaron esas lógicas binarias a partir de las no políticas de identidad. En ese debate, políticas como la del cupo laboral o la Identidad de Género o la de DNI no binario, permitieron cambiar los sistemas de información, que es el modo en el que el Estado interpreta a sus ciudadanas, ciudadanos y ciudadanes. Trabajar desde ahí, desde esa ruptura del binarismo, políticas que son más inclusivas para determinados sectores. Las políticas de identidad desde el sur global, desde este ejercicio, tienen mucho para contar, y mucho en afirmativo. Me cuesta más pensarlo en la lógica de un debate solamente académico que habla de que les molesta que “LGBT” se siga ampliando, como si ese fuese un problema.
—¿Cómo se lleva eso con el riesgo de convertirse en un nicho? “La Secretaría de Género de…”.
—Nunca fue un nicho para nosotras. Nosotras trabajamos transversalmente. Yo trabajé transversalmente en esta agenda. Nosotras creamos, por ejemplo, la Unidad de Coordinación Interministerial para la Implementación del Cupo. Yo era la responsable de esa comisión, pero en esa comisión estaban el INADI, la Jefatura de Gabinete, a través de la Secretaría de Empleo, el Ministerio de Educación, después con la ley se abrió también, para el Ministerio de Trabajo. Lo que quiero decir es que la transversalidad es uno de los temas que se abordó. Te digo esto sobre cupo, pero podría decirte, por ejemplo, que las 6000 personas trans que entraron en el Potenciar Trabajo fue por una coordinación con un área sustantiva, que es la cartera sustantiva que lleva el Potenciar Trabajo. Y esto tendría que haber sido con todos los ministerios. Ahí te decía lo de “suma y resta”. La evidencia también muestra cuáles fueron los temas más complejos, no porque no hayamos transversalizado sino porque también hubo resistencia.
—El Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad fue una novedad para Argentina, en otros países de la región se está implementando también. ¿Qué evaluación hacés de la existencia de los ministerios?
—Tengo una muy buena evaluación de los ministerios respecto de todo lo que venimos valorando. En principio porque la pregunta me lleva, como justamente vos decías, a que es una creación tan reciente. Entonces la pregunta más básica: ¿te parece bien o te parece mal que existan, en la primera línea de las políticas públicas, políticas feministas y transfeministas, puestas en la clave de un ministerio? A mí me parece bien. Me parece bien que existan los ministerios de las Mujeres, Géneros y Diversidad en Argentina, en las provincias, y que se puedan llevar adelante agendas sustantivas y específicas. Hay personas que sí somos expertas en estos temas y creo que eso amerita un valor, un lugar, una valoración de la cartera, sobre todo si pensamos —como yo lo hago— que este enfoque es una respuesta a tanta desigualdad.
Después, otro tema es qué se hizo. ¿Es más que cero o es menos que cero? Es más que cero. Basta comparar el año de gestión del Consejo Nacional de las Mujeres con el primer año del Ministerio de las Mujeres en pandemia, como para ver el paso sustantivo en términos de agendas políticas y ver su interseccionalidad. Ver la perspectiva de diversidad, por primera vez tuvimos una subsecretaría. En Brasil existe una secretaría a nivel ministerial. Son áreas sustantivas y significativas, pero una secretaría es tercer eje de jerarquía y una subsecretaría es cuarto. Digo esto porque también las negociaciones presupuestarias son distintas cuando tenés una secretaria o una ministra, eso también es uno de los temas significativos.
Entonces, es más que cero. ¿Lo que se desarrolló podría haberse hecho de manera distinta?Contrafácticamente después se puede contestar. Una cosa que me llamó la atención fue cuando renunció Eli Gómez Alcorta. Estábamos en la previa al Encuentro Pluri en San Luis. Creo que se esperaba que hubiera un movimiento social y político que dijera: queremos continuar con estas políticas públicas a nivel ministerial. Decir, por ejemplo: conozco a tal, queremos que tal sea la próxima ministra. Esperaba un diálogo del movimiento, como hubo en otros espacios, poniendo en valor al gobierno. Al no haberlo, la pregunta no es si yo, Alba Rueda, no lo valoro, es: ¿lo estamos valorando? ¿Estamos creyendo que nos merecemos continuar por esta línea o creemos también que son cuestiones de minoría? No es una pregunta que yo tengo que contestar, porque creo positivamente que sí y porque, además, insisto, para la política pública hay una reglita que es sumar y restar. Entonces, yo sé qué había antes y qué hay ahora, qué hubo cuando nosotras trabajamos, cuando yo trabajé en la Subsecretaría, u hoy con esta representación. El tema es si eso llegó o ancló en los movimientos sociales. Me parece que ahí hay un ejercicio también, para verlo más amorosamente.
Hoy el mensaje de la extrema derecha es aniquilar el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Así, aniquilarlo. Lo dicen hasta con asco y odio. Entonces, ¿nosotras cómo lo decimos? Esto es una pregunta reflexiva, y esto quiere decir que nos pone de cara a nosotras dentro de este debate. Insisto, yo tengo posición tomada, me quedo hasta que el presidente lo diga o hasta el 10 de diciembre. Cumplí los cuatro años de gestión en este gobierno y sabiendo que muchas de las cosas que hicimos no se habían hecho antes, por ejemplo, la ley de aborto. Son todas posiciones que tienen —voy a decirlo mal— pliegues de una discusión más amplia. Pero, a falta de pliegues, en la línea más llana, para mí está bien.
—¿Y qué es la política exterior feminista o transfeminista?
—Hoy soy la Representante Especial de Orientación Sexual e Identidad de Género en la Cancillería. Este rol surge de la transversalidad de la agenda de la ministeria, particularmente, para decir cómo sí transversalizamos. Entre otras cosas, cuando recién se empezaron a abrir las cuestiones de pandemia, empecé a ver que nos convocaban para todos los foros.
Entonces veía: hay que dedicarse a esto, hay que promover que haya una política exterior que pueda dar cuenta de ese diálogo y de esa evidencia. Después, por ejemplo, la ley de Identidad de Género, con más de once años, la evidencia es qué pasó a nivel social. En un país del sur global atravesado por culturas machistas, religiosas, con gran raigambre en discursos reaccionarios. En Argentina, esa es una enorme evidencia que hoy está puesta en duda por muchos movimientos anti género. No se debe reconocer la identidad de género de travestis y trans porque atenta contra los derechos de las mujeres, dicen algunas mujeres en el sistema de derechos humanos. O sea, utilizan esa plataforma para decir: vamos a proteger a las mujeres y por eso las travestis no pueden tener derecho. ¿Y cuál es la evidencia? Señoras, en Argentina hay once años, en un país de 47 millones de personas, de evidencia del desarrollo de las políticas de la ley de Identidad de Género.
La nota fue publicada completa en Latfem y forma parte de “Institucionalizadas: cuando los feminismos se vuelven parte del Estado” es una investigación especialtransnacional de LATFEM sobre Argentina, Uruguay, Chile y Brasil con apoyo de FESminismos, proyecto regional de la Fundación Friedrich Ebert (FES).
