Aquella vigilia en la madrugada del 30 de diciembre de 2020 quedó grabada en la historia del país y de las luchas feministas de toda América latina, cuando finalmente se aprobó en el Congreso de la Nación la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (27610) que entró en vigencia quince días después.
Tanto en Diputados (tuvo media sanción ese 10 de diciembre de ese año) como en el Senado alcanzar los votos para su aprobación fue un trabajo arduo que se tejió entre la Campaña nacional por el derecho al aborto, organizaciones que militaron durante años su legalidad, funcionarios del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo.
Sin embargo, diferentes acciones que se vieron en estos dos años demuestran que a parte del Poder Judicial no le interesa que se cumpla esta ley. Casi todo lo contrario.
Causas sin respaldo
Desde que se aprobó la ley se realizaron 36 presentaciones judiciales de las cuales 33 ya fueron rechazadas. “En el Poder Judicial hay un escenario dispar”, expresa Mayca Balaguer, coordinadora de asuntos legales de la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) y abogada de la Campaña por el Derecho al Aborto.
“Apenas sale la ley comienza la presentación masiva de amparos, acciones de inconstitucionalidad, medidas cautelares que casi en su totalidad fueron rechazadas in límine, que es el rechazo sin sustanciación. Esos rechazos fueron de algún modo un cambio de paradigma”.
Aún así, el 21 de diciembre cinco mujeres integrantes de la organización Tribu Rosa de Socorristas en Red de Cordoba fueron detenidas, acusadas de “ejercer ilegalmente la medicina”. “Hubo una persecución totalmente desproporcionada como la privación de la libertad frente a la investigación de un delito que tiene penas excarcelables. Todas ellas se pusieron a disposición de la Justicia para la investigación y los allanamientos se llevaron adelante sin problemas”, agrega.
“Falta conocimiento porque se interpretan los abortos como una práctica exclusivamente médica. En realidad, son más los abortos autogestionados, incluso cuando pasan por el sistema de salud”.
En ese sentido, Mayca afirma que, si bien la investigación continúa, no hay elementos que compliquen a las socorristas y que probablemente, como en el caso de Miranda Ruiz, se llegue a una absolución. “Creo que hay que transformar algunas cosas en la Justicia vinculada a miradas más conservadoras. Pero también pensar que la Justicia tiene la obligación de aplicar ciertas normas y ciertos estándares, y en eso, de alguna manera nos legitima. La ley se legitima en cada uno de esos rechazos que la atacan”.
Detenida, judicializada, absuelta
Miranda Ruiz estuvo detenida luego de haber realizado una interrupción legal del embarazo en el Hospital de Tartagal, en agosto de 2021. Ese mismo día la liberaron, pero recién en septiembre de este año logró su absolución.
“Yo fui directo al calabozo a pesar de que fue un proceso judicial muy irregular y era un delito excarcelable. Me encarcelan habiendo leído ya una historia clínica donde toda la institución avaló la práctica. Me acusaron de que la causal estaba mal justificada cuando no fui yo sola la que la justificó”, explica a Tiempo Miranda Ruiz. La médica fue demandada por la tía de una joven que acudió al hospital por un aborto con causales. La demanda fue apoyada por funcionarios y médicos reconocidos por su militancia antiderechos.
“La intención de judicializar los abortos legales es disciplinar a los profesionales de la salud para que no garanticen un derecho. La realidad es que estamos trabajando normalmente y garantizando muchos más que los casos que se han judicializado”, agrega. “No me parece una salida no cumplir con la ley. Yo cometía un delito si le negaba el aborto a esa mujer que llegó a pedirlo”.
El conservadurismo presente
Soledad Deza, abogada y presidenta de la Fundación Mujeres x Mujeres afirma, «parte de las resistencias conservadoras que luchaban contra la IVE se han trasladado a la ILE. Y esto es muy lamentable, porque en la ILE están los casos más trágicos como la detección tardía de gestaciones producto de abuso sexual infantil. También nos tocó acompañar obstáculos para el acceso a abortos en causal salud. Eso nos muestra que es en los casos más trágicos donde se han atrincherado los conservadurismos», cuenta Deza.
Sin embargo, destaca los “efectos simbólicos de la ley. En Tucumán, desde la sanción de la 27.610 a la fecha se superaron los 8000 abortos registrados en el sistema público. Eso muestra la eficacia de la ley a la hora de transparentar realidades», afirma.
Conocer la ley
Entre las demandas, a dos años de la sanción de la ley está la necesidad de trabajar más en la difusión del derecho. Esta necesidad se ve de forma más urgente en el Poder Judicial.
“A la luz de las actuaciones de algunos sectores del Poder Judicial vemos que hacen falta campañas dirigidas a quienes gestionan la justicia”, afirma Vanina Escales, coordinadora de la Agenda Transversal Feminista del Centro de Estudios Legales y Sociales. “Necesitamos campañas que pongan a profesionales de la salud en línea con los derechos vigentes y campañas que pongan a sectores del Poder Judicial que tienen marcos interpretativos previos a la ley, como si no existiera”, enfatiza.
«Todavía se adeuda tener bajadas de líneas sobre qué no hay que criminalizar: no hay que criminalizar dar acceso a un derecho ni las prácticas de profesionales de la salud que dan curso a una interrupción legal del embarazo desde hace cien años ni a quienes dan información sobre cómo abortar. Cuando no hay campañas dirigidas a profesionales de la salud y al sistema de justicia, se dejan amplios márgenes de arbitrariedad». Y agrega: “es cierto que hay sectores del Poder Judicial fuertemente ideologizados, que están en contra de la práctica y que fueron activistas antiderechos. Pero en este contexto tienen que ajustarse a la ley”.
A dos años de la ley IVE, desde el Ministerio de Salud se actualizó el Protocolo de atención. Queda esperar que para este año que viene, la Justica se ocupe de la garantía de este derecho y no de su obstaculización.
Los eventos obstétricos y la Justicia
En noviembre se conoció el caso de La China (ver recuadro), una mujer que sufrió un parto en avalancha y que terminó presa durante casi dos años. «En ese momento, una de las cosas que marcábamos es que la fiscalía que llevaba adelante la investigación al mes de haberla detenido tenía un peritaje que decía que tenía negación del embarazo y que no registraba que estaba embarazada. O sea que la fiscal tenía información de que estaba ante un hecho de salud y aun así mantuvo la detención», explica Escales.
La periodista afirma que este caso es uno entre varios que además necesitan con urgencia otro tipo de presencia estatal y que cuando el Estado llega lo hace en forma punitiva. «Hay que pensar de qué manera los prejuicios alrededor de la maternidad impregnan el poder judicial».
ALGUNOS CASOS
Ana Clara, Corrientes Fue absuelta tras estar presa ocho meses por sufrir un aborto involuntario en su casa. Fue acusada de homicidio agravado por el vínculo y alevosía. No encontraron pruebas.
Rosalía Reyes, Bahía Blanca
Fue absuelta tras haber sido condenada a 8 años de cárcel. La acusaban de no asistir a su beba para evitar su muerte luego de tener el parto sola en su casa. Los jueces dictaron el fallo teniendo en cuenta el contexto de extrema vulnerabilidad de la acusada.
La China, CABA La fiscalía retiró la acusación de «homicidio agravado por el vínculo» que recaía sobre la mujer que sufrió una emergencia obstétrica.
Según el CELS, en diciembre de 2020 había 1532 causas por aborto iniciadas en 17 provincias. Detectaron 37 posibles emergencias obstétricas criminalizadas.
