Las concesiones realizadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) a la Argentina, que se materializaron en un desembolso de 7.500 millones de dólares y dos waivers (dispensas formales) por las metas no cumplidas, no alcanzan a tapar el tono crítico de su opinión sobre la marcha actual de la economía y las fuertes exigencias de cara al futuro inmediato.
El organismo pretende un ajuste ortodoxo basado en “reforzar los controles de gasto con medidas iniciales dirigidas a actualizar las tarifas de la energía y contener los salarios públicos y las pensiones (jubilaciones)”, dijo su titular, Kristalina Georgieva. También reclama “ejecutar el programa con determinación” y que el gobierno lo “asuma como propio a corto y mediano plazo”.
En su dictamen, el Fondo insistió en reclamar que se cumpla el objetivo previsto de reducir el déficit primario de este año a 1,9% del PBI, “consistente con un ajuste fiscal en lo que queda del año”. Para ello, dijo que se espera una aceleración de los recortes, empezando por los salarios públicos, las jubilaciones y pensiones y las tarifas de gas y electricidad, acompañada de “medidas durables y estructurales en los ingresos y el gasto” del Estado.
De todas maneras, limitó su responsabilidad en los efectos de las medidas propuestas: dijo que los riesgos del programa son elevados, amparándose en la “creciente fragilidad económica y en la situación social”, y que podrían intensificarse “si las proyectadas mejoras en el clima no se materializan o si las condiciones externas empeoran”.
Aun con esas reservas, la entidad accedió a dar por aprobadas la quinta y sexta revisión del programa de facilidades extendidas firmado en marzo del año pasado. Las evaluaciones se habían acumulado porque los auditores del Fondo se negaban a dar su visto bueno a los evidentes incumplimientos en las metas previstas. Por esa misma razón, el directorio no había aprobado el desembolso de junio pasado, lo que provocó que el gobierno tuviera que apelar no sólo a las reservas del Banco Central, que terminó rascando la olla y hasta usando yuanes del swap con China, sino a préstamos puente de la CAF (ex Corporación Andina de Fomento) y del fondo soberano de Qatar para no entrar en default. Ahora, con el giro cumplido, esos préstamos fueron saldados y el Central se quedó con unos U$S 5000 millones líquidos en su caja.
Los incumplimientos fueron saldados con dos waivers. Uno se debe a la continuidad de las restricciones en el mercado cambiario, que incluyen la variedad de cotizaciones oficiales, práctica que el gobierno se había comprometido a eliminar a mediano plazo. El otro está vinculado a la acumulación de reservas: el número para este año fue rebajado en U$S 7300 millones, a cambio de recuperar esa diferencia y agregar otros U$S 1200 millones para 2024.
Este último cálculo está vinculado al daño que produjo la sequía, fenómeno climático cuyo impacto en la economía el gobierno venía alertando desde hace varios meses. Según los informes más recientes del Indec, la producción del sector agrícola se derrumbó 40,4% en el último año y eso produjo una caída en las exportaciones de 24,2% con relación a los primeros siete meses de 2022. El Fondo, con una rapidez similar a la de una tortuga renga, recién en la última semana incorporó esos números a sus cálculos.
Cortocircuitos
Esa demora, y la escasa importancia dada a ese ítem (cuyo impacto en las cuentas fiscales por la menor recaudación impositiva fue relativizado en el informe), refleja también los cortocircuitos en una relación entre el gobierno y el organismo que, tanto en cuestiones técnicas como políticas, dista de ser fluida.
El informe elaborado por el staff técnico fue muy duro con la responsabilidad de las autoridades argentinas. Su conclusión fue que el programa económico “descarriló” como consecuencia, entre otros motivos, de “deslizamientos y retrasos en las políticas” y que esos desvíos “reflejaron en parte limitaciones políticas y consideraciones electorales”. Así puso en duda tanto la capacidad como la voluntad del gobierno por cumplir con su parte del trato.
Sin embargo, en el Palacio de Hacienda responsabilizan al propio FMI de entorpecer las medidas que podrían ayudar a enderezar la situación. Uno de los ejemplos fue la autorización para intervenir en los mercados en caso de una disparada del dólar, algo que el acuerdo hasta ahora vedaba. La tarea era tercerizada en entidades oficiales que incursionaban en el mercado de bonos cuando se escapaba la cotización del llamado «contado con liquidación» o CCL. Ahora el Fondo autorizó esas intervenciones “enfocadas sólo en acomodar condiciones de desorden y ayudar a guiar el tipo de cambio y las expectativas de inflación”.
La desconfianza entre las partes fue tan grande que el propio Sergio Massa viajó a Washington para asegurarse que el directorio del Fondo aprobara el desembolso. Allí, el ministro de Economía tuvo una reunión con Kristalina Georgieva que, según los trascendidos, no fue nada plácida. Desde la delegación argentina hicieron saber el descontento por la demora en implementar un apoyo que Massa ya había pactado de antemano con funcionarios del Tesoro estadunidense, cuya opinión es seguida a pie firme por el FMI.
La devaluación
Entre otras cosas, en el Palacio de Hacienda creen que la votación podría haberse producido antes del receso veraniego que se toma el personal del Fondo, incluyendo sus directivos. Ese atraso impidió al gobierno llegar a las PASO con el acuerdo atado. También hicieron saber su enojo por la firme posición del nuevo director del Departamento para el Hemisferio Occidental, el chileno Rodrigo Valdés, a quien sindican como el ideólogo de una devaluación de 60%, mucho más alta de lo que finalmente el gobierno accedió a realizar.
De manera reiterada y nada casual, cada vez que Massa se refirió al tema habló de “la devaluación que el Fondo nos impuso”. En una conferencia de prensa en Washington, apenas aprobado el desembolso, el ministro dijo que “todos sabemos que la situación que vive la Argentina es producto de esta deuda con el Fondo y de una sequía, la peor de la historia”, dos temas que, por acción y por omisión, adjudicó al organismo.
La tirria es mutua. En Washington están incómodos con el apoyo que China ofreció al gobierno y la autorización para pagar en yuanes los vencimientos con el FMI. Eso desvirtúa el rol de prestamista de última instancia que el sistema internacional adjudicó al Fondo.
Tampoco les gusta el recurso del candidato presidencial de “puentearlos” acudiendo a sus contactos en Washington, sea con el gobierno de Estados Unidos o en el Congreso, cada vez que necesita un respaldo económico. En el edificio de la Calle 19 no sólo creen que el ajuste en el tipo de cambio debería haber sido mayor, sino que sospechan que si queda fijo hasta octubre o hasta noviembre, como dijo Massa, perderá toda competitividad a manos de la inflación.
Por de pronto, en el informe del staff técnico se informó que “la séptima revisión se espera que tenga lugar en noviembre, basada en los objetivos previstos para fin de septiembre”. Eso implicaría que los próximos encuentros podrían tener lugar después de la primera vuelta electoral. Hasta ese momento, ni en el Ministerio de Economía ni en el FMI tienen ganas de verle la cara a la otra parte.
Reconocen que el programa no dio resultados
En su apartado titulado «la performance del programa», los técnicos del FMI fueron lapidarios con los resultados obtenidos por el programa de facilidades extendidas en vigencia.
Sin hacerse cargo de sus propios errores (después de todo la elaboración es compartida), dijeron que «el programa ha descarrilado, reflejando la histórica sequía junto con desvíos y retrasos en las políticas. Los criterios de performance sobre reservas netas internacionales, equilibrio fiscal y ayuda monetaria para solventar el déficit fueron incumplidos por largo margen».
El informe técnico, elaborado por el staff liderado por el venezolano Luis Cubeddu, también reconoce que «los progresos en la agenda de reformas estructurales han sido limitados, reflejando en parte una mayor atención a salvaguardar la estabilidad en el corto plazo. En líneas generales, los objetivos clave del programa (reducir la inflación y reconstruir las reservas)permanecen difíciles de alcanzar, ya que los desequilibrios han crecido en el contexto de shocks externos y la débil implementación de las politicas».
