Los realizadores cinematográficos realizaron una asamblea federal con todos los representantes provinciales y sin la presencia provinciales para denunciar los varios incumplimientos del Instituto del Cine.

El encuentro se organizó ante la inminente presentación del presupuesto que debería ser aprobado por los referentes de cada provincia y trabajadores de la industria del cine que se agrupan en un Consejo Asesor aún no nombrado por el INCAA. Por lo que sumó la denuncia por demoras para confirmar este consejo, órgano responsable legalmente para aceptar o rechazar este presupuesto.

En ese sentido, la mesa de directores representando al sector de los creadores, radicó una denuncia para impedir la presentación del presupuesto y además denunciar antes los representantes de las provincias las maniobras de sub-ejecución, falta de transparencia, y ausencia de pantallas para cine nacional y en esta demora en la conformación del Consejo Asesor

“En octubre terminó el mandato del Consejo Asesor anterior, pero se elevó el presupuesto 2019 días después. Hace algunas semanas en el boletín oficial se confirmó que ya está aprobado, pero no pasó por este organismo. Entonces es inaceptable y debemos detener este proceso por irregular”, comenta Andrea Testa, candidata a integrar la próxima gestión.

“Además los balances contables del año pasado no están claros, por lo que exigimos que se hagan de nuevo y que quede claro cómo son los manejos porque no sólo afecta la producción de nuevas miradas sino quetambién afecta los puestos de trabajo” agrega. “Tiene que salir los nombramientos del Consejo Asesor y se debe hacer todo de nuevo, con los involucrados que correspondan para saber en qué se va gastar la plata”.

En esta situación, el agravante es que durante 2018, se denunciara una subejecución de 700 millones en el INCAA, del que no se conoce el destino. “Es sospechoso que para este año se proyectó nuevamente un déficit cercano a esa cifra, es extraño. Estamos en alarma porque la intención era recuperarlo y que se ponga donde debe ir, en más cines, pero si no lo permiten es un escándalo”, dice Testa.

El Colectivo de Cineastas de Argentina , que integra la mesa de directores afirma desde su formación,-hace más de tres años-, “que el gobierno es el responsable por el ajuste que sufre el sector. La carencia de pantallas para exhibir cine independiente argentino es una consecuencia directa de las políticas del INCAA y la Secretaría de Cultura de la Nación, que no garantizan el cumplimiento de la cuota de pantalla para el cine nacional en salas comerciales, no invierte, sostiene ni amplía la red de Espacios INCAA”, dice el duro comunicado que difundieron desde ese colectivo, “recortaron el presupuesto de los festivales de cine en todo el país y “contribuyeron al deterioro de los centros culturales desfinanciándolos o directamente clausurándolos”.

Además, denuncian los cineastas, hace un año, en un grupo de leyes impositivas aprobadas en el congreso “de apuro”, se derogó el Fondo de Fomento Cinematográfico, que a partir del 31 de diciembre de 2022 dejará de existir, y el porcentaje que salía de la recaudación de los tickets vendidos en los cines, en lugar de volver en más películas como hasta ahora, ingresarán a las Rentas Generales de la Nación.

“Cada año el INCAA deberá gestionar, en el momento en que se confecciona el Presupuesto Nacional, que le asignen recursos para poder cumplir con sus funciones, compitiendo y forcejeando con el resto de los organismos del Estado que también piden esas asignaciones. Ello implica que hoy no podemos saber si, a partir de esa fecha, el INCAA tendrá o no los recursos que necesita para cumplir con el fomento a la producción nacional de cine que la ley le asigna. Eso es desconocer los procesos de producción de esta industria”, comenta Testa.

“Está en nosotros, la gente comprometida con la defensa del cine nacional, el dar una batalla análoga a la que dimos en 1994 para modificar la ley de cine y conseguir los fondos que la producción necesitaba. En esta situación no hacer nada configura -a mi juicio- una grave irresponsabilidad” afirma la directora que explica que la protección legal y económica a la producción de nuestro cine, que comprende los créditos que debe otorgar el INCAA a la producción, los subsidios, el apoyo a la comercialización en el extranjero, la cuota de pantalla en salas de cine y la televisión, siempre incumplidas, son previsiones legales necesarias para la existencia del cine nacional.

“Con ese porcentaje que venía de los tickets se trata de compensar, en algún grado, la desigual y desleal competencia que describe la presencia de las películas de grandes productoras norteamericanas, las majors, en nuestro mercado. No hay dudas de que el introducir en la oferta de espectáculos cinematográfico, al mismo precio de la entrada, la exhibición de las grandes producciones, cuyo costo asciende a veces a varios cientos de millones de dólares, las cuales son instaladas ante la opinión pública mediante gigantescos sistemas internacionales de promoción, implica una modalidad de la competencia desleal que los tratados internacionales y las leyes prohíben”, finalizó.