La posición de los actores tiene que ver con el prejuicio», dijo el ministro de Cultura, Pablo Avelluto, en una entrevista con La Nación+ en abril de este año, cuando se desató el conflicto con el sector audiovisual luego del desplazamiento del titular Incaa Alejandro Cacetta. En esa misma entrevista dijo que el gobierno «no tocará el financiamiento del fondo de fomento para el cine». Lo sabido es que por resolución 1565 durante el año 2018 no habrá entrega de créditos.

Por entonces, y aun cuando no se vislumbraba un foco de conflicto con un nuevo proyecto de ley para el cine o anuncios de recortes al sistema de financiamiento, el sector audiovisual organizado, conociendo la filosofía neoliberal, se puso en alerta al intuir que las noticias ya llegarían.

El panorama incluye los siguientes elementos:

1) Despidos. A fines de mayo y con las nuevas autoridades comenzaron los primeros despidos. Más de 30. Hacia finales de este año, la Junta Interna Incaa-ATE denunció nuevas cesantías, «en sintonía con el plan de ‘dotación óptima’ desarrollado por el Ministerio de Modernización, se intimó a jubilarse alrededor de 50 trabajadores, se sumará un recorte indeterminado de contratos y se espera la aprobación de una ley que regule retiros voluntarios. Esta política también en sintonía con los más de 100 despidos en Enacom con notificaciones de la policía en la puerta del organismo y en el plantel profesional del sistema de televisión digital en 2016, que engrosan la lista de 3000 despidos en los sistemas público y privado de medios de comunicación en os últimos dos años.

2) Desfinanciamiento. Además del nuevo anuncio de la ausencia de créditos para 2018, Fernando Krichmar, flamante miembro del Consejo Asesor del Incaa compartió una nota de Alfonso Conrado acerca de la caída de los subsidios al cine en términos reales, según IPCCABA, entre 2015 y 2017 del 28 por ciento.

Como es sabido, el fomento al cine establecido por la ley de 1994 tiene una multiplicidad de orígenes. El 10% aplicable al costo de entradas a las salas, el 10% a venta o locación de videograma grabado y el 25% de lo percibido por Enacom de las emisoras de televisión.

Este último punto, importante, va de la mano del proceso de creación de la desguazada Ley de Comunicación Audiovisual y las promesas inconclusas de presentar un proyecto de Comunicaciones Convergentes.

En este rubro lo único concreto es el DNU de 2015 que amplió las posibilidades de la concentración; habilitó la compraventa de licencias, con controles laxos y servidos al mercado. Luego quitó a la TV por cable como servicio audiovisual y no contabiliza como licencia. 

En definitiva, el panorama de mercantilización de las artes audiovisuales cuenta con un pronóstico sombrío, de mayor concentración de la propiedad de los medios audiovisuales, y de un mayor protagonismo de la política neoliberal sobre el fomento al cine, con retiro de las responsabilidades del Estado y transferencia hacia el sector privado. Situación que, claro está, puede resistirse si los actores del sector muestran una posición organizada y de defensa de los derechos conquistados. «

*Vicedirector del Departamento de Ciencias Sociales de la UNQ