Atravesados por la fecha de presentación de las alianzas políticas para las elecciones de agosto, la Comisión de Juicio Político buscará el jueves próximo -si es que el cierre de alianzas frentetodistas no deja muchos heridos- avanzar en un tema de alto voltaje político: la investigación sobre el trasfondo del fallo de la Corte Suprema que benefició al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con la coparticipación federal.
Ese mismo día, el oficialismo cerrará la etapa de investigación sobre la obra social, que ya tuvo 6 encuentros por los que pasaron 17 testigos, y votaría la convocatoría a Juan Carlos Maqueda. Se trata del primer cortesano llamado para hacer su descargo ante la comisión que preside la diputada entrerriana Carolina Gaillard.
Y es que para los diputados del Frente de Todos, Maqueda es responsable de lo que sucedió en la obra social del Poder Judicial (OSPJ) entre 2008 y 2021. Si bien no hay resolución oficial que lo haya designado, los oficialistas toman como prueba un mail que el juez envió en agosto del 2021 anunciando que dejaba de actuar en la supervisión. Además hay un total de 533 resoluciones vinculadas a la OSPJ de las cuales 324 llevaban su firma.
Por esto se pondrá en consideración su citación que, según explicaron a Tiempo legisladores del FdT, no será solamente convocarlo a dar explicaciones sino que también estará la prueba que se produjo, los cargos que se le dirigen como licitaciones poco transparentes, desmanejos contables, sistema informático vulnerable, ausencia de planificación y presupuestos, firmas de cheques millonarios de origen extraño, daño a la integridad física de les afiliados, entre otros.
El magistrado puede negarse a comparecer y presentar un descargo escrito, según lo establece el artículo 13 del reglamento interno de la comisión. Asimismo tendrá 10 días para presentarse -o para presentar el escrito – desde que la citación se apruebe y la cédula llegue al Máximo Tribunal. Por otro lado, se decidió crear una subcomisión abocada a investigar la OSPJ durante el período 2021-2023 teniendo en cuenta que se mantuvieron las irregularidades.
En cuanto al comienzo de la etapa de la coparticipación porteña, este medio pudo conocer cómo fue la línea del tiempo entre la demanda que le inició el gobierno porteño a la administración nacional y el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En esta causal, el oficialismo parte de que la resolución judicial benefició al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta porque fue negociado entre presidente del máximo tribunal Horacio Rosatti y el gobierno porteño a través de su asesor Silvio Robles.
El caso data desde fines del año pasado cuando los integrantes de la Corte Suprema firmaron una medida cautelar que ordenó al gobierno de Alberto Fernández que aumentase a 2,95 la coparticipación porteña. La decisión respondía a la demanda formulada por Rodríguez Larreta después de que, en 2020, Alberto Fernández decretara y convalidara con una ley la reducción del 3,5 a 2,3 los fondos destinados a la Ciudad debido al traspaso de la Policía federal.
Párrafo aparte tienen los chats que se conocieron mediáticamente entre Robles y Marcelo D’Alessandro, el ex ministro de seguridad de Larreta. La gravedad de los mismos motivaron al FdT a impulsar el juicio político a los integrantes de la Corte. En este punto se pondrá lupa en la relación entre ambos.
Y es que en una de las conversaciones filtradas, Robles aparece enviándole al ex funcionario porteño un link con una nota que informaba que la Corte había rechazado la recusación a Rosatti en la causa por coparticipación. «Espero que hagas sacar (en los medios) el ‘fallo Robles’», le agregaba, después. Por esta situación el oficialismo tiene en mente desde el primer día citar a Robles y a D’Alessandro. Las reuniones tomarán mayor atención política en medio de una tensa campaña electoral, cuando se convoque también al ministro del interior Eduardo “Wado” de Pedro y la de algunos gobernadores provinciales.
